El equipo directivo dimisionario de Centro de Recursos de Educación Especial de Nafarroa (Creena) ha emitido un comunicado en respuesta a las declaraciones de Carlos Gimeno, consejero de Educación del Gobierno navarro, que rechazaba ayer que haya un intento de privatización del sistema educativa público, como denunciaba la dirección de Creena tras presentar su dimisión por el convenio con la Fundación Alegría. Acusaba también a colectivos, partidos y sindicatos de «inflar una trola y un bulo para provocar una crisis».

En respuesta, el equipo directivo dimisionario ha lanzado una «réplica técnica» en la que aclara que supone una «quiebra del modelo de atención a la diversidad» y una «alteración del marco competencial», al considerar que permite «la entrada de personal externo» en los centros educativos lo que, a su vez, autoriza que «una entidad privada condicione decisiones estratégicas» en ámbitos que corresponden al sistema público.

El antiguo equipo opina que el eje del debate «no debe situarse en declaraciones generales ni en datos globales» sobre el funcionamiento del sistema educativo, sino «en el análisis concreto de este convenio específico: cómo articula la intervención educativa y qué garantías reales ofrece para preservar la coherencia del sistema, la autonomía de los centros y la dirección pública de la respuesta educativa».

Alega que el «diseño y alcance» de la Comisión Técnica prevista en el convenio «no ha sido abordado en profundidad» y recuerda que «el propio texto establece una comisión paritaria, integrada por tres representantes del Departamento de Educación y tres de la Fundación Alegría, con una presidencia rotatoria entre ambas partes que conlleva voto de calidad».

Remarca que desde un punto de vista técnico y organizativo el diseño «plantea un problema relevante», puesto que «no se trata de una comisión meramente consultiva» sino de un órgano con «capacidad de propuesta, definición de criterios y seguimiento de actuaciones» que «inciden directamente en la atención educativa».

Advierten que en los periodos en los que la presidencia recaiga en la Fundación, «el voto de calidad permite que una entidad privada condicione decisiones estratégicas en ámbitos que corresponden al sistema público. Esta preocupación se refuerza al analizar las funciones atribuidas a dicha Comisión, entre las que se incluyen la elaboración de líneas de actuación y criterios de atención educativa del Programa de Atención Educativa del Creena, así como el seguimiento del funcionamiento de los profesionales que lo integran». Y detallan que, desde un análisis técnico «riguroso», esto supone una «alteración del marco competencial», al «atribuir a un órgano paritario con participación privada funciones que afectan a la organización técnica y a la toma de decisiones propias de un servicio público. Esto es lo que está firmado y en vigor», detalla.

Personal externo en los centros

Lamentan que a esto se le suma la entrada de «personal externo» a las aulas y dependencias de los centros educativos, lo que en su opinión «supone una quiebra del modelo de atención a la diversidad» desarrollado en Nafarroa, basado en la centralidad del centro educativo, en la responsabilidad del profesorado y en el papel complementario y subsidiario de los servicios públicos de apoyo». Consideran que todo esto condiciona la planificación educativa, altera la dinámica de aula y afecta a la  autonomía pedagógica y organizativa de los centros.

En respuesta a Gimeno, opinan que el hecho de que no se haya constituido la Comisión Técnica ni se haya producido la entrada de personal de la Fundación en los centros educativos «no obedece a una inercia administrativa ni a una decisión del Departamento», sino «a una posición técnica expresa mantenida desde la dirección de Creena».

A este respecto, aclaran que «en dos ocasiones» —una con la anterior directora del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia y otra con el actual director del Servicio— el director de Creena «manifestó de forma clara» que no podía convocarse dicha Comisión mientras no se revisara el contenido del convenio, al considerar que su redacción vigente planteaba problemas técnicos de fondo.

«Esta negativa se sustentó exclusivamente en la responsabilidad profesional de no activar un marco que, tal y como estaba formulado, comprometía la coherencia del modelo de atención a la diversidad y la autonomía de los centros educativos», mantiene el equipo.

Datos del análisis técnico

También han hecho una «aclaración» en relación con los datos utilizados en el análisis técnico. Recalcan que los datos relativos a las solicitudes de colaboración realizadas a Creena y al análisis del alumnado con Trastorno del Espectro Autista «sí fueron trasladados al Departamento de Educación, concretamente al director del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, el día 9 de diciembre, en el marco del trabajo técnico desarrollado. Por tanto –remarcan–, no es correcto afirmar que dichos datos no hubieran sido compartidos o conocidos por el Departamento».

«Queremos dejar constancia, de forma clara, de que creemos firmemente en la colaboración con las asociaciones y fundaciones que trabajan en el ámbito de la diversidad», han destacado, y han defendido que dicha cooperación debe articularse «desde marcos técnicos claros, orientados al asesoramiento, la coordinación y el trabajo en red, y no desde la intervención directa en las aulas ni desde órganos con capacidad decisoria sobre funciones públicas».

En su opinión, el núcleo del debate está en «cómo garantizar que cualquier colaboración externa refuerce el sistema público sin sustituirlo, sin fragmentarlo y sin menoscabar la autonomía de los centros educativos», y opinan que «sesde ese marco, es posible seguir avanzando en una atención a la diversidad coherente, equitativa y de calidad para todo el alumnado».