Su «rotundo rechazo» a la presencia de Desokupacyl en Zornotza ha sido manifestado por los grupos políticos en la localidad de EH Bildu, Elkarrekin y PSE en un comunicado conjunto que, según lamentan, el PNV «se ha negado a firmar».

En el mismo, subrayan que Desokupacyl «carece de cualquier tipo de legitimación democrática, institucional o legal para actuar en Amorebieta-Etxano. Su presencia no responde a ningún mandato judicial ni a los cauces propios de un Estado de derecho, y supone una injerencia inaceptable, basada en la intimidación y la violencia, que pone en riesgo la convivencia y la cohesión social de nuestro pueblo».

Asimismo, denuncian «de manera firme que las actuaciones y métodos que promueve este colectivo no son la vía adecuada para abordar conflictos sociales complejos, como los relacionados con el derecho a la vivienda. Este tipo de intervenciones, basadas en la presión, la intimidación y la confrontación, solo generan inseguridad, tensión y división entre la ciudadanía».

Solidaridad con la inquilina

En este contexto, expresan «de manera clara nuestra solidaridad y apoyo a la inquilina que está siendo objeto de acoso, así como a todas aquellas personas que puedan encontrarse en situaciones similares. Resulta inaceptable que se someta a vecinas y vecinos a prácticas de hostigamiento, señalamiento o intimidación, y consideramos especialmente grave que estas se produzcan en el ámbito del acceso y la defensa del derecho a la vivienda».

Del mismo modo, los grupos en Zornotza de EH Bildu, Elkarrekin y PSE recuerdan que «existen vías institucionales y acuerdos políticos para afrontar la problemática de la vivienda, orientadas a reforzar el derecho a la vivienda, ampliar la protección pública y abordar esta realidad desde un enfoque social, legal y democrático, que pueden dar respuesta a las partes implicadas. Este tipo de acuerdos evidencian que el camino adecuado es el de las políticas públicas, el diálogo y la responsabilidad institucional».

Añaden que «Amorebieta-Etxano es un municipio comprometido con la convivencia, el respeto a los derechos humanos y la resolución de los conflictos a través de mecanismos legales, sociales e institucionales, siempre desde el diálogo y la responsabilidad pública. Estos valores son incompatibles con la actuación de grupos que operan al margen de las instituciones y de los principios democráticos».

Por todo ello, reiteran que «este no es el camino y reafirmamos nuestro compromiso con el impulso de soluciones justas, legales y sociales en materia de vivienda y en el conjunto de las políticas públicas, con el objetivo de garantizar el bienestar y la convivencia de toda la ciudadanía».