Colectivos sociales han denunciado este martes el «poco interés» del Gobierno de Lakua por solucionar el problema de acceso a la vivienda, en vista a los 482 millones de euros destinados a esta partida en los presupuestos de 2026, y han exigido que las instituciones tomen medidas como intervenir en el mercado para poner fin a la especulación o penalizar y expropiar las propiedades que permanezcan vacías.

Bajo el lema «Con Etxebide… ¡No hay derecho!», representantes de 14 asociaciones, sindicatos y partidos políticos se han concentrado ante la sede del Gobierno de Lakua en Bilbo para criticar el papel de las instituciones en cuanto a la política de vivienda. Un problema que «nos afecta a todos», según ha declarado la portavoz de los colectivos sociales por el derecho a la vivienda, Lorea Ureta.

«La vivienda es inaccesible para la mayoría de la población y sus altos precios suponen ya un factor de empobrecimiento y exclusión social», ha criticado Ureta. A este respecto, ha explicado que el precio medio del metro cuadrado de vivienda libre nueva en la CAV es de 3.368 euros/m², un 10% más que hace un año. En Bilbo, por su parte, esta cifra asciende hasta los 5.150 euros/m². Tampoco los precios del alquiler son asequibles, si atendemos que el precio medio en la CAV son 819 euros, mientras que en la capital de Bizkaia ya supera los 900 euros.

Así, la portavoz también ha destacado los precios «totalmente abusivos e inaccesibles» de las viviendas de protección oficial en compra, los cuales «de media varían desde los 170.000 euros hasta los 270.000 euros, aumentado significativamente en los últimos años», alcanzando en Zorrotzaurre los 320.000 euros. «Por si fuera poco, el Gobierno Vasco ha reducido la VPO del 75% al 60%», ha añadido.

Por todo ello, creen que los presupuesto de Lakua para 2026 «demuestran el poco interés en solucionar el problema», si atendemos a que se prevé destinar a Vivienda 482 millones de euros, mientras que a Sanidad se destinarán 5.300 millones y a Educación 3.300 millones. «Y ni comparación con los 17.000 millones que se destinarán a Industria», ha subrayado Ureta.

Ante esta situación, han reivindicado que «la vivienda es un derecho y, por tanto, debe quedar fuera de la lógica de mercado», trasladando a las instituciones la responsabilidad para garantizar este derecho a través de las herramientas de las que disponen para intervenir en el mercado y poner fin a la especulación.

Finalmente, Ureta ha pedido a las instituciones que garanticen «una oferta suficiente y asequible de vivienda pública en alquiler social, que no suponga más de un 20% de los ingresos y que sea adecuada a las necesidades de todas las personas demandantes». Además, les ha exigido implementar «medidas de control, penalización y expropiación» para asegurar el «aprovechamiento público inmediato» de las viviendas vacías. Según datos del INE aportados por estos colectivos, hay 70.000 viviendas vacías en la CAV, de las cuales 34.000 corresponden a Bizkaia y 9.000 a Bilbo.

Falta de recursos

Por otro lado, la portavoz de los colectivos sociales por el derecho a la vivienda han solicitado más recursos para evitar y prevenir que ninguna persona tenga que dormir en la calle. En este sentido, Ureta ha denunciado «la incompetencia de las instituciones y la falta de recursos (albergues, comedores y viviendas sociales), así como las trabas burocráticas, la desatención y los tiempos de espera interminables para atender situaciones de emergencia social», lo cual, ha apuntado, «expone a los colectivos más vulnerables a situaciones de peligro y desprotección».

«Denunciamos que como consecuencia de esta política casi se han triplicado en los últimos años las personas que tienen que pernoctar en nuestras calles. Esta helada noche, más de 600 personas dormirán al raso en Bilbao y más de 1.500 personas en Euskadi. Estimamos que los datos reales doblan este número», ha detallado Ureta.