Apenas nueve días después de registrar el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Getxo y decretar el secreto del sumario, la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de esta localidad ha decidido imputar a tres concejales del PNV y tres técnicos por el proceso que llevó al derribo de un palacete protegido para construir viviendas de lujo.

A los concejales Inazio Uriarte e Irantzu Uriarte, socios de la cooperativa del proyecto de lujo, se les suma en la imputación Iñigo Urkitza, que era el responsable del Área de Disciplina Urbanística. La jueza Neus Galobardes apunta indicios de un delito de «prevaricación».

Estos concejales, según ha informado el PNV, han puesto su cargo a disposición del partido «para facilitar su defensa y preservar la imagen pública de EAJ-PNV», aunque insisten en que son inocentes. La formación ha comunicado que «respetando en todo momento su presunción de inocencia», ha optado por relevarles del cargo. En próximos días se conocerá el nombre de sus sustitutos.

Este sábado, al mediodía, el presidente de Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ofrecerá una rueda de prensa al respecto. El pasado domingo, el burukide aseguró que, con la información de la que disponía entonces, no veía «ninguna irregularidad ni ninguna actitud no ética» en el caso, aunque no fue tajante al precisar que si las hubiera tomarán cartas en el asunto.

Más allá fue el presidente del PNV, Aitor Esteban, que frivolizó el asunto en Radio Euskadi dando a entender que se estaba magnificando. Consideró que el problema se reducía al nivel de protección del palacete porque «parece que esto fuera la Torre Eiffel». Y añadió que no veía «reproche legal ni administrativo», algo que no parece coincidir con el criterio de la jueza.

Aitor Esteban ironiza con la protección del palacete de Getxo: “Parece que esto fuera la Torre Eiffel. El ayuntamiento de Getxo y los concejales del PNV han actuado conforme a derecho. No cabe reproche legal ni administrativo. ¿Por qué no van a poder apuntarse a la cooperativa?”. pic.twitter.com/UsrVWLIkYO

— Gure Bideoak (@GureBideoak) January 19, 2026

La alcaldesa, Amaia Agirre, ha dicho por su parte que «está siendo un día muy duro y muy difícil», y ha reiterado que colaboran con la Justicia. El PP ha reclamado su dimisión.

Tras el registro del 14 de enero, el Ayuntamiento de Getxo, gobernado por PNV y PSE, aseguró haber «colaborado activamente con la investigación judicial». Y Agirre apostilló que no tenía constancia de «ninguna irregularidad». 

El PSE ha reprochado al PNV que destacados dirigentes de este partido hayan hecho declaraciones «que parecían restar importancia» a un caso «de enorme gravedad», y ha exigido «un ejercicio máximo de responsabilidad política e institucional».

El partido que lidera Eneko Andueza ha destacado que siempre ha demostrado «una respuesta tajante y ejemplar desde el primer momento» cuando se han producido situaciones similares para proteger la credibilidad de la acción política, y ha lamentado que «esta no ha sido la actitud del PNV en este caso».

Técnicos

Según la resolución de la juez, la acusación se hace extensiva a técnicos como la responsable del citada área, Isabel Peral, a la segunda responsable, Sonia Quintana, y a la arquitecta Argiñe Encinas, puesto que tramitó el expediente.

Precisamente este jueves se supo que el Gobierno municipal que preside la jeltzale Amaia Agirre la ha apartado del expediente administrativo que se sigue por la desaparición del edificio singular en el centro de Algorta y va a nombrar a un nuevo instructor para emprender un nuevo procedimiento.

La jueza incluye también en la imputación a otras cuatro personas responsables de la cooperativa y la constructora, que considera que también pudieron ser partícipes del delito de «prevaricación».

EH Bildu

La denuncia original fue presentada por EH Bildu y también el PP ha acudido posteriormente a los tribunales.

Tras las últimas noticias que llegan desde el Juzgado, los soberanistas de izquierdas han recordado su iniciativa ante la Fiscalía, con la que buscó que se investigaran los hechos y ha manifestado que «se va a mantener atenta y observará con atención cómo se desarrolla la investigación judicial». Además, se reafirma «en el principio de máxima ejemplaridad en la gestión pública». Insiste en que «se compromete a llegar hasta el final en la investigación de estos hechos».

«Actuación rápida y contundente»

El presidente del Bizkai Buru Batzar Iñigo Ansola ha asegurado este sábado que el PNV está actuando «con coherencia, rapidez y contundencia en cada contexto, respetando los principios éticos». Una vez se haya levantado el secreto de sumario ha aclarado que no conoce aún el contenido del sumario y no prejuzga a las personas investigadas. «Respetamos la presunción de inocencia» ha subrayado.

Ansola ha recordado que comprometió celeridad y contundencia y nada más conocer que los concejales han sido imputados, y ha se ha iniciado el proceso de sustitución de los cargos. «Ahora pedimos celeridad a la justicia y que los hechos se esclarezcan cuanto antes» ha reclamado. Entretanto, el presidente del BBB ha mostrado el compromiso con la gobernabilidad del municipio, «en este sentido vamos a proceder a la sustitución de los y la edil rápidamente».

Dos años desde el derribo

El caso se remonta a agosto de 2024, cuando se comenzó a demoler el palacete, de estilo neoclásico y construido en 1845. Entonces, agentes de la Policía Local realizaron una inspección tras las denuncias realizadas por residentes y el Consistorio ordenó la paralización de la construcción de un bloque anexo de viviendas de lujo.

De hecho, en una resolución del Área de Urbanismo, con fecha del 9 de agosto, se exigió a los promotores volver a levantar el singular palacete, donde iban a tener cabida seis de las doce viviendas de lujo previstas, para restablecer la «legalidad urbanística» y cumplir con las condiciones de la licencia otorgada.

En septiembre, el Ayuntamiento informó de la apertura de un expediente sancionador, y un mes después EH Bildu acudió a la Fiscalía. Los soberanistas alertaron de los «obstáculos» puestos por el Gobierno de PNV y PSE. 

«Seguiremos presionando para esclarecer lo ocurrido, exigiremos que se asuman las responsabilidades oportunas y presionaremos para que se proteja el patrimonio histórico de nuestro pueblo y se adopten las medidas correctoras necesarias para optimizar el funcionamiento del Área de Urbanismo y Disciplina Urbanística», manifestaron. 

La denuncia dio pie a una investigación judicial, que en noviembre de 2024 pidió un informe a la Ertzaintza. Las conclusiones de esa investigación, apuntan fuentes judiciales, ha sido determinante en el impulso de la instrucción, que se ha dilatado por una sucesión de cambios en el juzgado. En octubre pasado, la jueza al cargo entonces prorrogó la instrucción seis meses y citó a declarar a cuatro personas relacionadas, que ahora se ha suspendido.

La presión había ido en aumento en los meses previos. En marzo de 2025, el Gobierno municipal impuso una sanción de 50.000 euros a Ereaga Atalaya Sociedad Cooperativa, la constructora, al director de obra y al arquitecto, que, según un informe técnico, se «ahorraron» 730.000 euros al haber demolido de forma irregular el singular edificio en vez de rehabilitarlo.

En julio el Consistorio de Getxo reinició el proceso de sanción gracias a un recurso de EH Bildu, que pide una multa de al menos 730.000 euros, lo que la promotora se ahorró.