Las pandillas campan a sus anchas en Guatemala y tienen sus «oficinas» en las hacinadas cárceles desde donde extorsionan, sobre todo, a comerciantes y conductores de transporte, y desde donde ordenan ejecuciones. El Estado es un mero convidado de piedra en las prisiones, donde solo «controla» sus accesos, mientras en su interior los reclusos son los dueños. Los propios presos construyen apartamentos de lujo para los líderes de las pandillas condenados a miles de años por múltiples muertes.

Ningún Gobierno ha sido capaz de retomar el control de las cárceles gestionadas por un sistema penitenciario salpicado de corrupción, el Talón de Aquiles que en Guatemala lo permea todo y de la que se aprovechan los grupos criminales que manejan ingentes cantidades de dinero fruto de la extorsión.

Desde que llegó al poder en 2024, el socialdemócrata Bernardo Arévalo ha intentado sin éxito acabar con esta situación sin tener que recurrir a los métodos represivos de Nayib Bukele en El Salvador. Bukele presume de haber acabado con las pandillas gracias al perpetuo régimen de excepción que se ha traducido en miles de detenciones. Arévalo, mientras, ha visto cómo la Policía no solo es incapaz de proteger a la población, sino que es víctima de atentados mortales por parte de las pandillas que en 2025 fueron declaradas organizaciones «terroristas». Se calcula que las dos principales pandillas del país, Mara Salvatrucha y Barrio 18, suman entre 12.000 y 14.000 miembros, muchos de ellos menores pertenecientes a familias desestructuradas o de escasos recursos que ven en estos grupos una salida fácil para obtener dinero y poder. La realidad es que muchos acaban en la cárcel o muertos.

El presidente guatemalteco no es partidario de imitar a El Salvador. Asegura que la violencia está mucho más localizada y ubicada en ciertos barrios y zonas. Sin embargo, la realidad le ha acabado quitando la razón, dado que las maras tienen presencia en buena parte del país, sobre todo, en la capital, donde se han adueñado de áreas enteras controlando negocios legales e ilegales, como el narcomenudeo o la venta de armas.

En una entrevista con GARA publicada el pasado septiembre, Arévalo reconocía que para acabar con este problema «hay que empezar por controlar las cárceles», donde los presos disponen de teléfonos desde los que ordenan sus crímenes. Una de las primeras medidas fue construir la cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde recluyó a los principales líderes de las pandillas. Entre ellos, el jefe del Barrio 18, Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “El Lobo” que cumple una condena de 80 años de prisión por varias muertes.

MOTINES, EJECUCIONES Y ESTADO DE SITIO

El Gobierno se negó a conceder a El Lobo y a otros cabecillas beneficios de los que ya disfrutaban otorgados por otras administraciones, como aire acondicionado, una cama más grande y comida a domicilio. Eso desencadenó que Barrio 18 se amotinara en tres prisiones. Sin embargo, el presidente no cedió, y envió al Ejército y a la Policía a retomar el control de los tres centros llegando a neutralizar a El Lobo, a quien el Gobierno mostró arrodillado, esposado y ensangrentado. Ante tal humillación y como represalia, su pandilla mató en las calles a diez policías, lo que rebasó la paciencia de Arévalo, quien decretó el estado de sitio por 30 días militarizando el país.

El discurso moderado del presidente ha subido de tono estos días llegando a decir que los criminales «están de rodillas ante un Estado fuerte que hace cumplir la ley». Pero lo que más llama la atención, es que diga que la violencia de las pandillas «no es casualidad», sino que la relaciona con «grupos que se benefician de la corrupción».

Se trata de una clara alusión a quienes apuestan por una caída de su Gobierno, entre ellas la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien desde las elecciones de 2023 inició una persecución judicial en su contra ilegalizando su partido. En mayo concluye su mandato al frente de la Fiscalía, y en 2026 también se deben renovar la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.

Se trata de un año clave en el que Arévalo confía en «liberar a las instituciones de las redes y mafias político-criminales que trafican corrupción e impunidad». Pretende acabar con un Estado fallido en el que las pandillas se han hecho fuertes desde su irrupción en los años 90 aprovechándose de un vacío de poder que, hasta ahora, nadie ha sabido o no ha querido recuperar.