Un total de 95 millones de euros tiene previsto destinar en 2026 el Gobierno de Lakua a ayudas para el pago de alquileres. Sobre el montante del PEV ha informado este martes el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, tras el Consejo de Gobierno y ha señalado que actualmente «la mitad de los hogares en alquiler en Euskadi vive en una vivienda protegida o recibe una ayuda pública».

El objetivo de la citada prestación consiste en garantizar el pago de los alquileres cuando el derecho subjetivo de acceso a una vivienda no puede satisfacerse de manera inmediata a través de la adjudicación de un piso del parque público.

El crédito inicial es de 65 millones, aunque es ampliable, por lo que Itxaso ha calculado que podría llegar hasta los 95 millones este año, si se mantiene la tendencia del año anterior.

El pasado año se destinaron a estas ayudas un total de 94,5 millones, ya que la partida inicial fue de 57,97 millones, que se amplió en 36,6 millones más.

Está destinado a personas y familias que carecen de recursos económicos para acceder a una vivienda digna y que tienen que alquilar en el mercado libre. Son incompatibles con otras ayudas públicas destinadas a la misma necesidad de residencia habitual.

Llegar a 35.000 hogares

Itxaso ha indicado que la aprobación en las próximas semanas del decreto de medidas urgentes –ha dado un plazo de un mes o mes y medio– conllevará la actualización al alza del límite de ingresos máximos que permiten acceder a estas ayudas, lo que ampliará el número de beneficiarios.

«A cierre de 2026, esperamos llegar a 35.000 hogares a través del derecho subjetivo y su prestación económica asociada», ha explicado el consejero.

Una vez actualizadas, las rentas máximas para acceder a estas ayudas se fijarán en 14.000 euros para unidades de un solo miembro; 18.000 para las de dos personas; y 20.000 para unidades de tres o más integrantes.

Itxaso ha destacado que el parque de viviendas en alquiler en la CAV supera las 137.000, sumando el alquiler libre y el protegido.

El consejero ha afirmado que con los 35.000 hogares que podrán beneficiarse de las ayudas PEV, más las en torno a 30.000 viviendas públicas que se pretenden habilitar a finales de 2026 y las 9.500 ayudas del programa Gaztelagun (para menores de 36 años) previstas, en esa fecha el 54% del mercado corresponderá a viviendas con ayudas públicas directas o indirectas, cuatro puntos más que ahora.