Donald Trump acaba de proclamar el fin del multilateralismo y el principio de una nueva era. ¿Qué tipo de Orden Mundial está emergiendo entre las ruinas del neoliberalismo global?

Se está imponiendo un unilateralismo autoritario por parte del presidente Trump que ya no solo emplea la guerra comercial, sino un intervencionismo militar claramente imperial destinado a establecer nuevas reglas mediante el miedo y que necesita crearse enemigos para funcionar. Lo hace a nivel interno, como ocurre con los colectivos de migrantes en EEUU a los que considera que hay que disciplinar, y también en un plano externo, con coacciones y amenazas a países soberanos para ejercer un control directo. Lo ejecuta con impunidad, bien sea interviniendo en su patio trasero –Venezuela-, imponiendo aranceles altísimos o buscando la confrontación con China, que es su gran enemigo. Se trata de una mutación del bilateralismo asimétrico que ha presidido las relaciones internacionales en las últimas décadas que tan buen servicio prestó a las élites y a las transnacionales, pero tantos destrozos causó a los derechos humanos, a muchos pueblos del sur global y al medio ambiente.

Escribió recientemente que todo este desmontaje trumpista no opera mediante la ilegalidad sino como «paralegalidad». ¿Qué significa?

Tiene que ver con una serie de prácticas de dominación en el ámbito global, nacional y también regional contra personas a las que no consideran, con una arbitrariedad absoluta, acreedoras de derechos. Me refiero a esa idea del «desecho humano» que explica Zygmunt Bauman. Son prácticas pseudonormativas de corte neofascista que tratan de legitimar su propia reinterpretación de los derechos humanos. Este proceso ya venía realizándose antes de la llegada de Trump con la precariedad, la desigualdad, la idea de explotación y una necropolítica centrada en la eliminación de la gente que no produce o no consume.

¿Esos procesos de dominación ya lo ejercían las grandes transnacionales con sus maquinarias de poder frente a los estados soberanos?

No digo que hayan desaparecido, pero lo que ocurre ahora en Gaza o Venezuela es un nuevo giro de actuación de esos poderes ya sin ningún sometimiento a estructuras institucionales ni legales para terminar de apuntalar un supremacismo manifiesto. De esta manera, esa paralegalidad en la que se mueven ha comenzado a taladrar el derecho internacional y los derechos humanos, construyendo una lógica de actuación y un espacio de funcionamiento paralelo. A mí me resulta muy peligroso porque solo es rentable para la extrema derecha y para el orden de competitividad en el que se manejan las élites.

¿El Consejo de paz para Gaza presentado por Trump se enmarca en esa paralegalidad de la que habla?

Absolutamente. De hecho, es la constatación práctica de la paralegalidad sobre la que está construyendo su imperio, cuyo texto jurídico fundacional ha sido elaborado por un equipo de asesores a su servicio y donde él se coloca como el gran emperador y el único capacitado para resolver conflictos como si fuera un gestor de empresa.

¿Dinamita definitivamente la ONU?

No lo sé, pero ladea por completo a una organización multilateral, con sus contradicciones e incompetencias, y señala con total impunidad que el camino a seguir estará delimitado por un nuevo espacio normativo al margen de los tratados internacionales. Por si fuera poco, invita a dictadores a sumarse a esa Junta de Paz, incluido Netanyahu, les pide dinero y amenaza a quien rechace su fórmula con nuevos aranceles. Trump tiene claro por dónde irá el futuro negocio en Gaza y numerosas empresas de países como Turquía, de la UE y EEUU ya han empezado a salivar con el botín de la reconstrucción. Pero lo más grave es que no tiene en cuenta a los palestinos.

¿Cómo contrarrestar un poder que impone su fuerza bruta y amenaza a quien le contradice?

Aunque a veces resulta difícil, mantengo esperanzas de contrarrestarlo porque hay resquicios para la actuación organizada de la sociedad civil. Quiero decir que no podemos limitarnos a mirar con perplejidad lo que está sucediendo. Vivimos un momento donde parece que han saltado todas las costuras del derecho internacional, pero hay una resistencia dispuesta a reconfigurarlo desde abajo, con propuestas que ponen en el centro los derechos de los pueblos y hacen un uso alternativo de los tratados internacionales para subordinar la especulación, la propiedad privada y la desigualdad que ha causado el neoliberalismo.

«La única forma de avanzar hacia un nuevo marco contrahegemónico es disputar las normas que avalan las locuras del trumpismo»

¿No suena un poco utópico?

Sí, pero la única seguridad que tenemos es que el realismo paralegal de Trump nos lleva a la destrucción. Por lo tanto, solo nos queda construir una utopía jurídica desde abajo en respuesta a esa paralegalidad que solo defiende una lucha entre las élites por la hegemonía mundial. La única forma de avanzar hacia un nuevo marco contrahegemónico es disputar las normas que avalan las locuras del trumpismo. Incluso la de proponer una reconstrucción de las Naciones Unidas sin vetos del Consejo de Seguridad y con presencia de las organizaciones sociales y sindicales internacionales. Ya sé que todo esto puede sonar a utopía jurídica, pero me parece que en estos momentos es lo único que nos queda. Nuestras armas son la desobediencia, la confrontación y el boicot.

¿Augura un periodo de agitación internacional y enfrentamientos?

Sí, porque el escenario es muy complejo. Fíjese, yo preveo confrontaciones y nuevos choques militares entre gobiernos o estados que pertenecen a espacios geopolíticos distintos. El tema del petróleo de Venezuela es un punto de fricción gravísimo. Trump ya ha dejado entrever que va a intentar cerrar todas las vías de venta a Rusia y China.

¿Cómo puede terminar eso?

Aunque Pekín no está en la posición del conflicto directo, queda la duda de si acabarán retirándose de América Latina sin más. Evidentemente, no parece que entre en una confrontación bélica con EEUU, pero va a tensionar las relaciones internacionales hasta límites insospechados. Curiosamente, Canadá acaba de firmar un tratado comercial con Pekín. Esta puede ser una nueva semilla de enfrentamiento, porque EEUU, como potencia en declive, ha empezado a golpear por todos los lados. Por lo tanto, preveo conflictos geopolíticos de alta intensidad y quienes más lo sufrirán, lamentablemente, serán los pueblos. Por eso es tan importante la resistencia. Esta semana hemos visto cómo dos comunidades indígenas de lugares tan distantes como Suecia y Colombia están plantando cara a la papelera más grande del mundo, la irlandesa Smurf Westrock.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, acaba de dar por finiquitado el orden mundial y ha pedido una reacción internacional contra el autoritarismo. ¿Es la extrema derecha la más beneficiada de este cambio de era?

Lo que es perceptible es que las élites tienen dificultades para mantener y aumentar su tasa de beneficios, por lo que han optado por ampliar sus prácticas imponiendo derechos privados como el de la propiedad o la especulación a los derechos colectivos. Esto encaja con el concepto de la dominación de Nancy Fraser, donde una serie de valores que solo benefician a las élites son asumidos por los sectores oprimidos. Y en esa jerarquía de dominación nos encontramos que la derecha extrema y la extrema derecha, aunque también hay sectores de izquierda moderada, han aceptado unas reglas del juego donde la guerra en sí misma se convierte en un elemento de acumulación necesario. Esto es gravísimo porque normaliza la existencia de un capital inversor que acepta la guerra como un mecanismo de lograr beneficios mediante la reconstrucción. Lo estamos viendo con el proyecto de Trump en Gaza. Este es un terreno abonado no solo para que las extremas derechas crezcan, sino que deja atrapada a la socialdemocracia en un juego de valores económicos como el crecimiento, la rentabilidad y el poder corporativo claramente jerárquico.

La UE ha anunciado que aplicará provisionalmente el acuerdo con Mercosur pese a que la Eurocámara ha remitido el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe su legalidad. ¿Qué opina?

Sorprende que los mismos estados que dicen defender la separación de poderes como el signo de pureza del sistema democrático respalden ahora esta fórmula. En OMAL llevamos mucho tiempo analizando y evaluando tratados de libre comercio como el de Mercosur y siempre nos hemos opuesto por varias razones. La más importante, quizá, es porque los resultados que producen no benefician al conjunto de trabajadores y trabajadoras ni a un desarrollo positivo del medio ambiente. Tampoco a la soberanía alimentaria ni contribuyen a una redistribución de la rentabilidad para que colectivamente se viva mejor. Los grandes beneficiarios son las estructuras transnacionales porque ellas son, realmente, el objeto central de estos tratados. Ahí tenemos el que firmaron México, Estados Unidos y Canadá. Desde el punto de vista jurídico, las referencias a los derechos humanos y los derechos colectivos o medioambientales son pura retórica, mientras que la armadura legal para proteger el negocio, la inversión y la ganancia empresarial es muy alta. Es un modelo neoliberal clásico de crecimiento. Hay sectores de la izquierda que dicen que el contexto ha cambiado y que habría que apoyar este tipo de acuerdos. No estoy de acuerdo.

Algunos analistas defienden que el acuerdo con Mercosur es una oportunidad única de frenar el colonialismo autoritario de Trump.

Me parece un argumento especulativo, una hipótesis que probablemente tenga visos de realidad, aunque a tenor de la manera en que Trump se mueve en política exterior, especialmente en temas comerciales, no hay ninguna certeza de lo que pueda hacer mañana. Quizá amenace a los países de Mercosur con aranceles altísimos si no suspenden el tratado. Trump tiene una agenda que oscila de un lado a otro en cuestión de horas y en función de sus propios intereses cortoplacistas y unilateralmente autoritarios. Es cierto que la Unión Europea tiene mecanismos para aplicar parcialmente y de manera provisional un tratado hasta tener la sentencia del tribunal, pero siempre se hizo con el aval preliminar del Parlamento Europeo. En este caso ha sido la propia Eurocámara la que duda de la legalidad.