El comité de empresa de Tubos Reunidos en Amurrio ha pedido este viernes la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la compañía plantea para la planta alavesa y para la de Trapagaran, que dan trabajo a 1.400 personas. Han llamado a activar la lucha porque no van a aceptar «ningún tipo de destrucción de empleo ni ningún recorte de derechos laborales». 

Representantes del comité han comparecido este viernes en esta planta alavesa respaldados por la plantilla para analizar la situación abierta tras el anuncio del ERE, cuyo detalle conocerán este próximo lunes, día 9 de febrero, cuando está prevista una jornada de huelga.

Con una pancarta en la que se podía leer ‘No a los despidos y no al ERE’, el comité de empresa ha dado lectura a un comunicado en el que ha expresado «de manera clara y rotunda» su «rechazo absoluto» al expediente, y ha advertido de que no van a aceptar «ningún tipo de destrucción de empleo ni ningún recorte de derechos laborales».

«Nuestra posición es firme. Queremos decirlo alto y claro: que no se engañe a la sociedad vasca. Ni Tubos Reunidos, ni las instituciones, ni el Gobierno Vasco. Porque estamos hablando de una empresa que ha recibido más de 100 millones de dinero público, tanto en ayudas directas como indirectas, con un objetivo muy concreto: garantizar la viabilidad de la empresa, el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo», han explicado.

A juicio del comité, la empresa pretende «una vez más que el ajuste empresarial recaiga exclusivamente sobre las espaldas de los trabajadores, trasladando una decisión puramente empresarial a la plantilla, como si no existiera responsabilidad alguna por parte de quienes han dirigido la empresa ni de quienes han respaldado esas decisiones con recursos públicos».

Los representantes de los trabajadores han asegurado que la situación actual de Tubos Reunidos no responde «a una deuda sobrevenida ni a una crisis repentina e imprevisible». Consideran que es el resultado de una serie de decisiones empresariales «adoptadas bajo el paraguas de un apoyo público excepcional», acompañado «además de compromisos explícitos e implícitos de mantenimiento de la actividad industrial y del empleo».

El comité ha afirmado que son decisiones que, «una y otra vez, se han tomado a espaldas de la clase trabajadora, que ha sido precisamente quien ha sostenido esta actividad industrial durante años». Según han explicado, son decisiones que vienen desde el año 2008, cuando «pidieron un crédito de 170 millones de euros y la deuda ascendió la misma cantidad».

Posición «clara y firme»

Por todo ello, el comité ha indicado que su posición es «clara y firme» y quieren lanzar «mensajes claros». En primer lugar, ha advertido de que no aceptan el ERE «ni la destrucción de empleo ni en Amurrio ni en Trapagaran».

Asimismo, ha denunciado «la total responsabilidad» de la empresa y de las instituciones que han sido «parte activa de todo este proceso», desde el momento en que «decidieron inyectar dinero público en Tubos Reunidos y desde el momento en el que reconocen que es una empresa estratégica para Euskal Herria».

El comité ha reclamado a la empresa que «retire cualquier planteamiento de ERE» y a las instituciones que «dejen de limitarse a hablar de seguimiento o de preocupación».

«No necesitamos declaraciones, necesitamos implicación real, la misma implicación que demostraron a la hora de conceder ayudas públicas. Hoy les exigimos que estén a la altura y que actúen para evitar cualquier destrucción de empleo y cualquier deterioro de las condiciones laborales en nuestra comarca», ha remarcado.

Por último, desde la representación sindical han hecho un llamamiento «a la activación de la lucha, tanto de la plantilla de Tubos Reunidos como del conjunto de la comarca».

«Una vez más nos toca responder. Nos toca responder ante otro ataque, y tenemos muy claro que no vamos a permitir que quienes siempre se posicionan en contra de la clase trabajadora lo vuelvan a hacer», han añadido.

Dos jornadas de huelga

Por ello, han recordado que los días 9 y 13 de febrero han convocado dos jornadas de huelga, la primera con motivo de la comunicación del detalle del ERE y la segunda coincidiendo con las reuniones que tienen previsto con el Gobierno de Lakua y la Diputación de Araba en Gasteiz.

El 9 de febrero han convocado una concentración, de siete a diez de la mañana, en la zona del Puente en las inmediaciones de la planta de Amurrio y frente a las oficinas de la empresa a partir de las diez y hasta que acabe la reunión con la compañía. Además, el 13 de febrero se movilizarán, de nueve a once de la mañana, en la sede del Ejeuctivo autonómico.

El comité ha advertido de que, si la situación continúa por este camino, en las próximas semanas activarán «más días de huelga y nuevas movilizaciones para hacer frente a esta decisión». «Exigimos, por tanto, que esta medida se paralice de inmediato y que no se ejecute ningún ERE ni ningún plan de destrucción de empleo en Tubos Reunidos», ha concluido.

Lakua advierte de una situación «muy compleja»

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, por su paerte, ha asegurado que situación de Tubos Reunidos es «muy compleja y exige acuerdos amplios para un plan industrial que garantice la viabilidad futura» de la empresa.

En respuesta a una pregunta formulara por Jon Hernández (Sumar) durante la sesión de control en el Parlamento de Gasteiz, Jauregi ha insistido en que no conocen el detalle del ERE, ya que la empresa «informará primero a la plantilla, como corresponde».

Ha reconocido que «son días de inquietud para todos, también para el Gobierno Vasco»; y ha pedido «cautela» ante una situación muy complicada, en la que la disposición del Ejeucutivo es de «total colaboración».

A este respecto, ha apuntado que van a «apoyar al que quiera apoyar un proyecto de futuro viable». Además, ha anunciado que hablarán con los trabajadores para «minimizar el impacto social de cualquier ajuste» y coordinarán a todas las instituciones, también al Gobierno español, para dar una respuesta conjunta y responsable. «Estaremos a las duras y a las maduras».

Jauregi ha recordado que el arancel del 50% establecido por el presidente de Estado Unidos, Donald Trump, a la siderurgia «ha afectado de lleno a Tubos Reunidos, ya que no hay un mercado alternativo que absorba su pérdida de producción, y a eso se suma la elevada deuda acumulada por la compañía, con un valor bursátil de menos de 50 millones –hoy es de 44 millones, a 0,25 la acción– frente una deuda que se acerca a 250 millones».