El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía española ha requerido formalmente al Sindicato Unificado de Policía (SUP) una retractación y rectificación «inmediata, expresa e inequívoca» tras la difusión de comunicados y manifestaciones que han derivado en un «señalamiento público injustificado contra la comisaria Nuria Mazo, afiliada de Jupol en Navarra».

A principios de mes, SUP en Nafarroa pidió el cese de la comisaria jefa de Policía Judicial de Iruñea tras la condena firme del Estado español por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debido a la mala praxis policial en la investigación de una doble agresión sexual con sumisión química ocurrida en 2016.

Como es sabido, Estrasburgo señaló la tergiversación o desaparición de pruebas en este caso, y varios datos apuntan a connivencia policial en la falta de investigación. Pese a ello, no ha habido asunción de responsabilidades ni en la Policía española ni en la foral. El Gobierno navarro admitió la pasada semana la enorme gravedad de lo ocurrido.

Según ha publicado ‘El País’, la comisaria Mazo borró el disco duro de la investigación pese a la orden judicial de conservarlo.

Tras la impunidad extendida tanto a los investigados por la violación como a quienes hubieran ‘despistado’ pruebas, sindicatos policiales se enfrentan por el caso. Para Jupol, las declaraciones vertidas por el SUP han generado un impacto directo y grave sobre su honor, su reputación profesional y su trayectoria dentro de la Policía española.

Desde Jupol se considera «inadmisible» que, ante un asunto de esta gravedad, se haya optado por modificar el enfoque de las acusaciones, de lo penal a lo disciplinario y posteriormente a una difusa «responsabilidad institucional», sin asumir el error ni reparar de manera efectiva el daño causado.

«No basta con cambiar el rótulo del reproche; el perjuicio ya está hecho», subrayan desde Jupol. Una rectificación ambigua, parcial o meramente retórica, advierten, no solo no repara el daño, sino que lo prolonga en el tiempo.

El abogado director de la estrategia jurídica del caso, Eduardo Antonio Ortega Noguero, ha afirmado: «La libertad de expresión sindical no ampara el señalamiento injusto ni la difusión de imputaciones o insinuaciones sin base objetiva, y menos aún cuando se insiste en ellas tras haber sido advertidos formalmente».

Jupol reitera su apoyo total y sin fisuras a Nuria Mazo.