El debate sobre las vacunas caducadas inoculadas en la CAV, en buena parte a bebes, ha vuelto al Parlamento de Gasteiz a través de sendas propuestas realizadas por EH Bildu y PP con propuestas para esclarecer los hechos, ofrecer vías de comunicación con las familias y demandar la asunción de responsabilidades políticas.

Finalmente, como era previsible, se ha aprobado la enmienda de PNV y PSE que para ello cuentan con mayoría absoluta en la Cámara autonómica. Entre sus propuestas figura instar al Departamento de Salud y a Osakidetza a que «ante hipotéticos casos de incidencias sanitarias vinculadas a vacunas, establecer un protocolo de comunicación ciudadana en el que se garanticen criterios científicos, de seguridad sanitaria y de prudencia, con el fin de transmitir una máxima confianza y seguridad hacia el sistema de salud, evitando incertidumbre que pudiera generar una alarma desproporcionada e innecesaria».

Cabe recordar que según la versión oficial del Gobierno, la crisis se conoció el 15 de enero por un caso de inoculación de vacuna hexavalente caducada, pero no se hizo público hasta que el 27 de enero, después de que el consejero de Salud confirmar la información dela que el grupo ya disponía, EH Bildu registrara una pregunta parlamentaria sobre lo ocurrido.

El parlamentario del PNV Jon Aiartza ha acusado de «torpeza e irresponsabilidad» a Rebeka Ubera y ha utilizado un tono displicente hacia la parlamentaria independentista. Esta ha respondido dando la razón al consejero cuando dijo que no tenía que haber sido EH Bildu quien diera la información, porque tenía que haber sido el propio Departamento de Salud y Osakidetza quien lo hiciera con antelación.

La enmienda de los grupos del Gobierno recoge también la petición de agilización de la batería de 21 medidas que el Departamento de Salud y Osakidetza anunciaron el pasado lunes. Y propone «dar a conocer las conclusiones del Comité de Investigación y Trazabilidad de vacunas constituido el pasado 29 de enero, una vez el propio comité las determine».

Una investigación independiente

Todos los grupos de la oposición dudan de la independencia de este comité, compuesto por altos cargos del sistema de salud elegidos por el Departamento. Exigen la creación de una comisión externa formada por profesionales de reconocida trayectoria profesional en el ámbito de las vacunas y en la vigilancia epidemiológica.

Todos los grupos de la oposición coinciden también en la exigencia de que se asuman responsabilidades políticas, ante lo que se entiende que han sido fallos estructurales del sistema.

El PP había presentado una propuesta en la que instaba al Gobierno a que en el plazo de un mes presente un «plan detallado» para garantizar que las vacunaciones se hagan bien. Su portavoz, Laura Garrido, ha anunciado durante el debate que su grupo iba a votar a favor de la enmienda transaccional acordada por EH Bildu y Sumar.

PSE: «Ha sido la mejor gestión posible»

En esta transaccional, se pide, entre otras cosas, poner a disposición de las familias un teléfono que les sirva de referente en el tema de las vacunas para resolver sus dudas. También que se determine con criterios técnicos a partir de qué año habría que investigar las vacunas, puesto que hay constancia de casos en 2022 y 2023, y Osakidetza ha investigado las de 2025.

Los propios responsables del Departamento de Salud han reconocido que desde marzo del año pasado ya habían observado que el sistema de registro de la caducidad de las vacunas no era fiable, sin que tomaran medidas que impidieran lo que ha ocurrido en estos meses. Por ello, EH Bildu y Sumar «determinar medidas para mejorar la trazabilidad de Osakidetza con los miembros de toda la cadena de Osakidetza».

Mientras que todos los grupos de la oposición han criticado que el Gobierno ha minimizado el problema y sus consecuencias, y ven evidente que pretendió que pasara desapercibido. Sin embargo, el parlamentario del PSE Ekain Rico lo ha definido como «la mejor gestión posible ante un hecho que jamás se tendría que haber producido».

«Problema de registro» también con la Fiscalía

Pese a ese calificativo, este jueves se ha conocido que la Ertzaintza ha requerido personalmente a la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, por orden de la Fiscalía, toda la información disponible respecto a la administración de vacunas caducadas, después de que el requerimiento inicial del Ministerio Público no hubiera recibido respuesta por parte del Servicio Vasco de Salud, una situación que el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha atribuido a «un problema en el registro» que había impedido recibir tal petición, que había sido enviada por vía telemática.

El consejero ha afirmado que «hoy mismo» remitirán al Ministerio Público «toda la información» solicitada, que será enviada tanto por vía telemática, como presencialmente, con el fin de garantizar su recepción por parte de la Fiscalía.