MSF acaba de publicar el informe ‘La atención médica en el punto de mira’. ¿En qué situación nos encontramos?

Lamentablemente, estamos en la peor de las situaciones. En los últimos años ha habido un incremento exponencial de los ataques contra la asistencia médica y cada vez tiene un menor coste atacar infraestructuras médicas, personal o transporte sanitario.

Una característica específica que hemos observado en los últimos años es una mayor participación de los Estados en este tipo de ataques. Ya no hablamos solo de actores no estatales, sino de Estados, que tienen una mayor responsabilidad a la hora de respetar el Derecho internacional humanitario (DIH) y garantizar mecanismos que adecúen la intervención militar a la protección a las misiones médicas.

Además, los Estados tienen una capacidad de alcance mayor que los actores no estatales; pueden realizar bombardeos mucho más masivos y usar armamento de alta intensidad.

El 3 de octubre 2015, Médicos Sin Fronteras sufrió uno de los ataques más mortíferos cuando un avión de combate de Estados Unidos bombardeó el centro de traumatología de Kunduz, en Afganistán. Murieron 42 personas, entre ellas, 14 miembros de MSF.

Siete meses después, en mayo de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, tras la presión ejercida por el sector humanitario, la resolución 2286 sobre la protección de las instalaciones y el personal médico, en la que se pedía el fin de la impunidad y el respeto del DIH. Diez años después, la atención humanitaria en conflictos armados sigue siendo objeto de ataques, probablemente, más que nunca.

¿Qué supuso aquel ataque?

Veníamos de años muy duros en cuanto al deterioro del respeto a las misiones médicas independientes. Pero este ataque fue el más mortífero. Siempre que estamos en un hospital, notificamos a los grupos armados, sean o no estatales, que en la zona hay un centro de salud, tienen las coordenadas precisamente para no bombardear porque eso es lo que dicta el Derecho internacional humanitario.

Nuestro centro de traumatología en Kunduz daba atención a más de 250.000 personas. El área que bombardearon fue justo donde estaban los pacientes. Esto marcó un claro punto de inflexión porque, aun teniendo las coordenadas, bombardearon de forma reiterada durante media hora.

Durante ese tiempo, el equipo de MSF realizó varias llamadas advirtiendo del ataque. Era una de las primeras veces que quien bombardeó era uno de los países miembros del Consejo de Seguridad y también uno de los que había refrendado el Derecho internacional humanitario y los Convenios de Ginebra.

EEUU es una potencia mundial que marca mucho las estrategias militares. Reconoció que había realizado el ataque y que había sido un ‘error’, pero no hubo una investigación independiente.

En años anteriores, los ataques venían más de grupos armados no estatales. En 2005, por ejemplo, sacaron de un coche a cinco miembros del personal de MSF y los mataron, pero esto fue obra de los talibanes.

En el informe, MSF pone el foco en el cambio de narrativa, del «error» se ha pasado a la «pérdida de protección».

Es una vuelta de tuerca de una narrativa que hace diez años hablaba de que eran ‘errores’ –a pesar de que no conllevaban ningún tipo de consecuencia legal o penal, había al menos un reconocimiento de que eso se había producido–. Pero es que ahora no estamos ni tan siquiera ahí. Estamos ante una narrativa que bajo acusaciones de ‘colaboración con el enemigo’ y sin que haya una investigación independiente nos dice que hemos perdido la protección que ofrece el DIH. Hay, en este sentido, acusaciones recurrentes contra agencias de la ONU y organizaciones humanitarias.

Otra derivada de ese cambio de narrativa es que ya no se designan ‘objetivos militares’ a personas o a combatientes, sino a zonas enteras. Lo hemos visto en Gaza con la designación de toda la población como terrorista.

Otra derivada de ese cambio de narrativa es que ya no se designan ‘objetivos militares’ a personas o a combatientes, sino a zonas enteras por el simple hecho de que están bajo control de determinado grupo armado. Lo hemos visto en Gaza con la designación de toda la población como terrorista.

El panorama es sensiblemente peor ahora que hace diez años, porque el nivel de justificación de estos ataques es mucho mayor.

¿En qué ha quedado entonces la Resolución 2286 del Consejo de Seguridad?

Hay una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños sobre la población civil. Los ataques a las instalaciones médicas son un ejemplo más de esa absoluta falta de compromiso de la obligación de proteger a los civiles.

Aquella resolución fue un rayo de esperanza porque era la primera vez que estas preocupaciones se abordaban en una decisión vinculante. Pero solo seis de los entonces quince miembros del Consejo de Seguridad que adoptaron esta resolución habían ratificado los Protocolos Adicionales a los Convenios de Ginebra.

Aunque tenemos esta resolución a nivel internacional, las propias leyes y legislación de un país juegan un papel crucial, porque si esa legislación nacional no se elabora teniendo debidamente en cuenta el DIH puede en la práctica socavar las obligaciones de este, en particular el derecho a la atención médica para todos, incluidas las personas calificadas como ‘enemigas’ por una de las partes beligerantes.

Los Estados no rinden cuentas cuando incumplen estas leyes, no aceptan misiones independientes de investigación, no realizan ni siquiera sus propias investigaciones y, en el caso de que las hagan, no comparten sus resultados. Estos mecanismos son esenciales para establecer qué ha pasado y contribuir a contrarrestar esta cultura de la impunidad.

¿Cómo es el trabajo sobre el terreno teniendo en cuenta las contradicciones entre el Derecho internacional humanitario y las leyes nacionales?

Estamos acostumbrados a trabajar en medio de esas contradicciones, porque cuando se trabaja en zonas de conflicto está claro que surgen este tipo de complejidades.

Vamos con unos principios muy claros para poder trabajar en ambos lados del conflicto, que son la humanidad, la neutralidad y la imparcialidad. El DIH establece la protección de enfermos y heridos, del personal médico, que no puede ser atacado, castigado ni detenido incluso si atiende a heridos de la parte contraria, la protección de las unidades sanitarias siempre y cuando no se utilicen para cometer actos hostiles.

Se está criminalizando una amplia gama de la acción humanitaria. Y eso es una línea muy peligrosa que conlleva investigaciones, detenciones, expulsiones, bloqueos administrativos y registros.

Pero cuando hay leyes antiterroristas pasan a ser simpatizantes de esos grupos armados no estatales y susceptibles de ser atacados. Las estructuras y transportes médicos pasan a ser susceptibles de ser atacados. La atención médica a aquellos que son vistos como «terroristas» y no como heridos o enfermos, se prohíbe y, por ende, el personal médico está en peligro.

Se está criminalizando una amplia gama de la acción humanitaria. Y eso es una línea muy peligrosa que conlleva investigaciones, detenciones, expulsiones, bloqueos administrativos y registros. Esto no solo nos ha pasado en conflictos, también nos ocurre en el Mediterráneo: como rescatamos a personas fallecidas en el mar, dicen que tenemos una vinculación con las mafias y que, por tanto, tenemos una responsabilidad penal.

¿Qué hacemos como MSF frente a eso? Cuando estamos en una zona en conflicto, siempre tenemos que negociar con cualquier actor armado que podamos estar bajo un marco de condiciones. Pero hay contextos en que, aún habiendo pactado esas normas, no se respetan.

Israel ha prohibido a MSF seguir operando en Gaza. ¿Cómo afrontan esta decisión?

Es un obstáculo más dentro de todas las trabas burocráticas y administrativas. Las ONG internacionales ya estábamos registradas para trabajar en Gaza y Cisjordania. Pero, el año pasado, el Gobierno israelí aprobó una nueva ley por la cual nos teníamos que registrar de nuevo.

Una de las condiciones de ese nuevo registro era facilitar un número bastante detallado de datos no solo de los trabajadores de MSF, sino de sus familiares. Esta solicitud nos preocupa muchísimo porque estamos en un contexto en que los trabajadores humanitarios han sido intimidados, detenidos, atacados… En Gaza, desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinados 1.700 sanitarios.

En un esfuerzo por explorar todas las opciones posibles, informamos de que, tal vez, estaríamos dispuestos a compartir una lista concreta de nombres, pero sujeta a parámetros claros con la seguridad del personal como prioridad fundamental.

Las autoridades israelíes nos están obligando a tomar una decisión imposible: o compartir información sobre nuestros trabajadores o interrumpir la atención médica.

Hemos estado intentando negociar, pero en los últimos días se ha hecho evidente que no vamos a poder llegar a un acuerdo con las autoridades israelíes. Pedíamos que la información sobre nuestro personal se utilizara únicamente para fines administrativos, no para otro tipo de cuestiones y que tendríamos autoridad plena sobre la gestión de nuestros recursos humanos y suministros médicos. Como no tenemos certeza de que esto vaya a ser así hemos decidido no compartir en estas circunstancias información sobre nuestros trabajadores.

En medio de la catástrofe humanitaria que se está viviendo en Gaza y la violencia extrema contra los trabajadores sanitarios, las autoridades israelíes nos están obligando a tomar una decisión imposible: o compartir información sobre nuestros trabajadores o interrumpir la atención médica, lo cual puede tener consecuencias devastadoras.

Solo el año pasado realizamos 800.000 consultas, asistimos uno de cada tres partos, prestamos apoyo a una de cada cinco camas de hospital. Esto no se va a poder sustituir fácilmente.

En menos de dos semanas estamos obligados a irnos de Gaza. Seguimos abiertos a un diálogo con las autoridades israelíes, pero en el caso de que finalmente nos tengamos que ir es una ecuación imposible, dolorosa y horrorosa.

¿Qué consecuencias tienen a medio y largo plazo los ataques a instalaciones médicas?

Uno de los problemas que generan estos ataques no es solo el bloqueo de servicios médicos o las muertes que se producen en el momento, sino que provocan el cierre de servicios médicos esenciales y la retirada de organizaciones humanitarias, es decir, corta de lleno el acceso a la atención sanitaria a comunidades que no tienen alternativas, y cientos de miles de personas se quedan a medio y largo plazo sin atención médica en un momento que suele ser muy grave.

Por tanto, pacientes con patologías crónicas, con cáncer, mujeres embarazadas, heridos, con enfermedades mentales... no van a poder ser atendidas. Es un efecto invisible que va a perdurar décadas porque la reconstrucción de un sistema sanitario no es tan rápido. Cuesta mucho volver a retomar todo eso.