El colectivo de profesionales del Área de Acción Social ha remitido un comunicado en el que denuncian que, tras haber emitido un primer aviso en enero de 2025, sus condiciones laborales se siguen precarizando por una acción sobrepasada.
En su escrito, relatan que «trabajamos expuestas a una alta carga emocional, estrés crónico, burnout, conflictos éticos, amenazas e incluso agresiones». Aseguran que la salud mental «no está protegida» ante la saturación de los servicios sociales.
También estos profesionales y equipos denuncian sentirse objeto de presiones por parte de miembros «de asociaciones y colectivos que, en su legítima defensa de derechos, trasladan la tensión directamente a nosotras», lo que ha incrementado «el riesgo de conflicto y agresión».
A estas denuncias se suman problemas internos y de gestión en el área, donde se trabaja «en ocasiones sin protocolos claros y con criterios internos no comunicados, lo que genera desigualdad y arbitrariedad en la atención».
Aseguran también que «decisiones técnicas bien fundamentadas han sido modificadas por instancias políticas tras presiones externas, produciendo inseguridad profesional y agravios comparativos entre personas usuarias».
En paralelo, denuncian que sus responsabilidades «no han dejado de aumentar», pues se les asignan «más tareas administrativas, más gestión de recursos externos, más encomiendas del Gobierno de Navarra (IMV, arraigos, informes de vulnerabilidad, etc.), más ratios y más responsabilidad, sin refuerzo de plantilla ni reconocimiento profesional».
Y pese a ello, los profesionales denuncian que el Ayuntamiento no sustituye bajas, permisos y reducciones de jornada. «Cada ausencia recae sobre el resto del equipo, aumentando listas de espera y deteriorando la calidad de la intervención. En algunos barrios hemos trabajado sin personal administrativo o sin cobertura de programas esenciales», señala el comunicado.
Asimismo, las disfunciones en el sistema de ayudas acaba tensionando su relación con los perceptores de las mismas. «La lentitud en la resolución de prestaciones (Renta Garantizada, discapacidad, dependencia, IMV) incumple plazos legales y genera malestar social. Somos nosotras quienes recibimos y gestionamos esa frustración diaria, incluyendo presiones y coacciones, además de asumir la elaboración de múltiples informes sin criterios unificados», explican.
En último término, también se sienten maltratados por las compensaciones económicas que reciben los responsables de unos servicios con respecto a los de otros.
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