El Gobierno japonés comenzará a aplicar a partir del próximo mes de abril una nueva contribución obligatoria vinculada al sistema público de salud, conocida popularmente como el «impuesto a los solteros», con el objetivo de financiar políticas de apoyo a la natalidad en un contexto de acusado declive demográfico.

Aunque oficialmente la medida se inscribe en el denominado fondo de apoyo a la infancia y al cuidado infantil, amplios sectores de la población –especialmente personas solteras y parejas sin hijos– la perciben como una tasa injusta, ya que obliga a contribuir a toda la ciudadanía con independencia de su situación familiar, en un país cada vez más envejecido.

La introducción de esta contribución coincide con un momento crítico para la sostenibilidad del modelo económico y social japonés. Los datos oficiales apuntan a que en 2025 el número de nacimientos fue de 705.809, el registro más bajo desde que existen estadísticas, en 1899, y muy por debajo incluso de las previsiones más pesimistas del propio Gobierno.

Además, el año pasado Japón perdió casi 900.000 habitantes, con las defunciones superando a los nacimientos por decimoctavo año consecutivo, una tendencia que acelera el deterioro de la base demográfica y tensiona el sistema de bienestar.

El nuevo fondo forma parte de la llamada estrategia de futuro infantil, aprobada a finales de 2023, y no tiene formalmente la consideración de impuesto. Se financia a través de una contribución obligatoria que se recauda junto con las primas del seguro médico público y que afecta prácticamente a toda la población: trabajadores asalariados, autónomos, personas jubiladas y empresas. La aportación se incrementará de forma progresiva, con un pago mensual estimado de unos 250 yenes en 2026, 350 en 2027 y 450 en 2028.

Pese a su carácter universal, la medida ha sido rápidamente bautizada por la opinión pública como «impuesto a los solteros», ya que los recursos recaudados se destinan exclusivamente a hogares con hijos.

El fondo financiará la ampliación del subsidio infantil, ayudas vinculadas al embarazo y al parto, la extensión del permiso parental con compensación salarial y distintos incentivos a la conciliación. Los hogares sin hijos, en cambio, no reciben ningún beneficio directo, lo que alimenta la percepción de injusticia entre una parte de la población.

El fondo tampoco establece excepciones para progenitores solteros, obligados a contribuir en las mismas condiciones que el resto de asegurados. El Gobierno defiende que los mecanismos de compensación, a través del propio subsidio infantil, pueden alcanzar hasta 1,46 millones de yenes por menor hasta los 18 años y compensar el impacto de la nueva contribución. Organizaciones sociales y expertos, sin embargo, advierten de que la carga inicial puede resultar especialmente pesada para hogares con ingresos irregulares o empleo precario.

Más alla del debate fiscal

Numerosos demógrafos coinciden en que los incentivos económicos, por sí solos, difícilmente revertirán la tendencia a la baja en los nacimientos. La precariedad laboral juvenil, el elevado coste de la vivienda y las dificultades para conciliar explican buena parte del retraso o la renuncia a tener hijos. En este contexto, el llamado «impuesto a los solteros» simboliza el giro de Japón hacia una respuesta colectiva frente a una crisis que ya no es únicamente demográfica.

Japón no parte de cero en este intento de frenar el desplome de la natalidad. Desde hace más de dos décadas, los distintos gobiernos han desarrollado planes de apoyo a las familias con resultados muy limitados.

Pese al aumento del gasto público, la tasa de fertilidad no ha dejado de caer, lo que apunta a causas estructurales vinculadas al mercado laboral, los roles de género y las expectativas vitales de las nuevas generaciones.

En última instancia, el llamado «impuesto a los solteros» refleja hasta qué punto la crisis demográfica ha dejado de ser una cuestión privada para convertirse en un problema colectivo. Pero también plantea un dilema incómodo: hasta dónde puede llegar el Estado a la hora de corregir decisiones vitales cada vez más condicionadas por la precariedad, la desigualdad y la falta de perspectivas.

Sin cambios profundos en el modelo laboral, el acceso a la vivienda y la conciliación, el riesgo es que estas políticas se limiten a repartir el coste del declive sin lograr revertirlo. Japón vuelve así a funcionar como un laboratorio adelantado de un futuro que otras sociedades también deberán afrontar.