Pasados dos meses y medio de que el Gobierno de Pedro Sánchez y la jerarquía eclesial española escenificaran el 8 de enero un acuerdo por el que la Iglesia católica se comprometía a abonar las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en su seno que establezca el Defensor del Pueblo, no se ha rubricado el convenio. Los obispos están jugando de nuevo con el tiempo, lo que ha enervado los ánimos entre las asociaciones de supervivientes que han anunciado protestas si esta semana no se firma el documento.

«Habrá movilizaciones si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia la firma esta semana», advierte Juan Cuatrecasas, quien no oculta el enfado entre las víctimas. La responsabilidad la sitúan en el flanco eclesial, en concreto en su jerarquía a quien acusan de estar practicando una «revictimización constante» con ellas.

«Durante décadas ha encubierto delitos de pederastia en sus filas, ha protegido al delincuente y no a las víctimas. Nos vemos obligados a movilizarnos una vez más para pedir justicia, verdad, reconocimiento, reparación y acompañamiento y exigir a la jerarquía eclesiástica de España que pague la deuda que tiene contraída con sus víctimas y supervivientes, sin más dilaciones ni excusas», manifiesta el portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR).

Las movilizaciones, avanzan, tendrían lugar ante la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Nunciatura Apostólica en Madrid. Además, han indicado que pedirán «en sede vaticana» la dimisión de la ejecutiva eclesial.

Lo cierto es que este ultimátum se produce tras semanas de espera y de promesas. Desde algunas instancias se barajó que la firma del convenio podía producirse antes de la visita de Felipe de Borbón al Vaticano, que se produjo el pasado viernes 20 de marzo, aunque esto no sucedió.

Poco antes de esa audiencia en Roma entre la delegación española –entre quienes se encontraba el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños– y el Papa, la Conferencia Episcopal publicó un mensaje en su cuenta de X en el que señalaba que la CEE y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) continuaban trabajando para cerrar un acuerdo con la Ministerio y el Defensor del Pueblo, «ya muy avanzado», aunque el tiempo ha demostrado que no era así.

@Confepiscopal y @MediosConfer continúan el trabajo para el acuerdo, ya muy avanzado, con el @DefensorPuebloE y @justiciagob con el objetivo de ofrecer cuanto antes un nuevo camino de acceso a las víctimas al plan de reparación que pueda sanar el daño causado.

— Of. Información CEE (@prensaCEE) March 18, 2026

La semana pasada, en conversación con NAIZ, Mikel Eziolatza, de una de las asociaciones de víctimas navarras, denunció que la renuncia a firmar es una táctica dilatoria de la curia que juega a la espera de que llegue otro Gobierno español con el que tenga una mayor sintonía.

Reticencias de la jerarquía eclesial

El mayor escollo, así apuntan fuentes consultadas, es que los obispos no parecen estar dispuestos a aceptar que el Defensor del Pueblo resuelva en aquellos casos en que los supervivientes de abusos en la Iglesia no estén de acuerdo con el dictamen del PRIVA, que determine la cuantía de la indemnización correspondiente. Muchas víctimas vienen manifestando que no hay dinero que «pague» lo que padecieron.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha avanzado este martes que espera que «en los próximos días» se cierre definitivamente el protocolo. «Espero y creo, son verbos muy inquietantes», ha dicho en el acto de presentación de la memoria anual 2025 en el Congreso de los Diputados.

Gabilondo ha recordado que una de las medidas del informe es la creación de un órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual en el seno de la iglesia en aquellos casos en los que por la prescripción del delito no se pudo seguir proceso penal contra el victimario.

Ha valorado que el informe, a instancias del Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha propuesto al Defensor del Pueblo para que participe en la creación y el funcionamiento de ese sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas, y cuya concreción y detalles ya estaba prevista para primeros meses de 2026.

El papel del Vaticano

Está por ver el papel que puede desempeñar Roma cuando está pendiente el viaje de León XV a Madrid, Barcelona y Canarias, previsto del 6 al 12 de junio.

El pasado viernes, según ha transcendido, el ministro Bolaños informó al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, de las últimas noticias por el caso. Esas mismas fuentes, indican que el cardenal mostró su «extrañeza».

Desde ANIR y la ONG Justice Iniciative España han llegado a solicitar al Vaticano que valore la posibilidad de aplazar la visita papal, «priorizando la situación de desamparo en la que quedan las víctimas al no haber acuerdo».