Tortura, impunidad, verdad, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y tribunales españoles. Cinco elementos que en Euskal Herria rara vez se han entendido por separado, casi como una secuencia que se ha ido repitiendo durante décadas: detención e incomunicación, malos tratos, denuncia, archivo… y, años después, Estrasburgo.

Ese recorrido volvió ayer a situarse en el centro del II Encuentro de Giza Eskubideen Behatokia, celebrado en Iruñea con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad. Si el año pasado la cita contó con la presencia de Fabián Salvioli, exrelator de la ONU, en esta ocasión el foco se desplazó al TEDH, con la intervención de quien durante casi dos décadas formó parte de ese tribunal, Josep Casadevall.

Ante una sala con todas las butacas ocupadas, y con presencia institucional y parlamentaria, Casadevall protagonizó ayer un arranque casi pedagógico, explicando qué es y qué hace ese tribunal que nace tras la Segunda Guerra Mundial, al calor del Consejo de Europa, que hoy conforman 46 estados, y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. «¿Qué protege el TEDH? Derechos fundamentales, aunque ha ido añadiendo protocolos adicionales para incluir otros derechos», resumió el juez andorrano.

El convenio es, por tanto, el que da lugar al TEDH, y ha sido ratificado por todos los estados, por lo que cada uno de ellos designa a un juez y todos tienen el mismo peso. El TEDH, que Casadevall llegó a definir como un «super tribunal constitucional», es, por tanto, un «crisol de culturas», que actúa a través de demandas individuales, cuando un ciudadano considera que un Estado ha violado sus derechos. Y el tribunal se limita a comprobar si efectivamente se ha violado un artículo del Convenio, que definió como un «instrumento vivo» a la luz de «la realidad social que estamos viviendo. Sigue vigente porque la jurisprudencia va dando vida y actualidad».

No obstante, «al contrario de lo que se piensa, el tribunal no juzga los casos en sí, no es una tercera ni cuarta instancia», prosiguió Casadevall, más bien «se limita a decir que X estado ha violado el artículo X del Convenio», matizó. Y ahí es donde ha ido emergiendo el llamado derecho a la verdad y la llamada “violación procesal”. «El tribunal puede no acreditar una tortura, pero sí condenar a un Estado por no haber investigado de forma eficaz para esclarecer los hechos, identificar responsables y depurar responsabilidades», explicó.

Bajo ese enfoque, por la Sección Tercera del TEDH que presidió el propio Casadevall pasaron buena parte de los casos vinculados a Euskal Herria. El del ex director de ‘Egunkaria’, Martxelo Otamendi, presente también en el encuentro, que acabó con condena al Estado español por no investigar las torturas denunciadas. O los de Arnaldo Otegi: uno por la falta de imparcialidad de la magistrada Angela Murillo; otro por su condena tras afirmar que el rey español era «jefe de los torturadores», una expresión que Estrasburgo consideró amparada por la libertad de expresión.  

Pero hizo una mención especial al caso de Inés del Río Prada, cuya sentencia en Estrasburgo supuso la anulación de la llamada doctrina Parot, confirmada posteriormente por la Gran Sala. «Fue liberada no solo ella, sino el resto de personas que se encontraban en esta situación», recordó.

Impunidad

En total, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado hasta en diez ocasiones al Estado español por no investigar denuncias de tortura. El encuentro de ayer en Iruñea puso precisamente ese contraste sobre la mesa, es decir, el reconocimiento internacional de vulneraciones frente a la impunidad interna.

En ese sentido, la abogada Amaia Izko sostuvo que en Euskal Herria la tortura no responde a episodios aislados, sino a una práctica «generalizada y sistemática» que ha sido posible por un «ensamblaje» de los tres poderes del Estado y que ha derivado en un «ejercicio de impunidad» sostenido durante décadas.

Así, señaló el régimen de incomunicación como «eje nuclear», un marco legal que durante años dificultó o minimizó la persecución penal de la tortura y una arquitectura que, en última instancia, ha impedido que estas denuncias prosperen. «Es impensable que algo de esta magnitud se haya producido sin conocimiento de los gobiernos», afirmó la letrada.

Además, mientras algunos juzgados de Euskal Herria llegaron en los años 80 a investigar y condenar a agentes, el traslado sistemático de detenidos a Madrid acabó concentrando los casos en tribunales como la Audiencia Nacional española: «Allí nos hemos encontrado con el archivo y negación sistemática a la investigación de tortura».

Frente a ese cierre interno, Izko destacó cómo el TEDH fue «poniendo luz» a partir de 2010 –con Casadevall aún en el tribunal– en una línea de resoluciones que ha ido «elevando progresivamente el tono». Desde señalar la falta de investigación en el caso Otamendi, pasando a sentencias que ya cuestionan el propio régimen de incomunicación, hasta fallos más recientes como el de Portu y Sarasola, donde el tribunal no solo apreció la vulneración procesal, sino también tratos inhumanos y degradantes.

Una evolución clara que, sin embargo, según denunció Izko, no ha tenido un reflejo equivalente en el Estado español: «No ha habido asunción de responsabilidades» y, en la práctica, y toda esta jurisprudencia ha tenido un efecto limitado en las sentencias. «La realidad es que siguen utilizando las declaraciones obtenidas durante el tiempo de incomunicación como elementos probatorios para sustentar condenas», señaló.

Verdad judicial

El plano más personal lo puso Martxelo Otamendi. «Si hay tortura, no hay justicia. Son incompatibles. Cuanta más tortura, menos justicia», resumió. De este modo, denunció la «ceguera» de jueces y fiscales y recordó que la responsabilidad sobre el detenido recae en el juez, no en la policía.

A partir de ahí, relató cómo asumió su propia condición de torturado tras su detención. «Yo había dirigido un periódico donde relatábamos casos de tortura. Tenía que contar lo que me habían hecho a mí», recordó.

Sin embargo, no todos dan ese paso. Así, recordó las reticencias de Joan Mari Torrealdai a no contar su caso, ya que no quería pasar de una verdad personal, la verdad propia que uno conoce, a una «verdad social», convertirse en «un torturado oficial». Porque, como subrayó, ese tránsito tiene un coste: «La sociedad te examina, te cree o no te cree».

«Luego está la verosimilitud institucional de unos grupos creados por las instituciones públicas con expertos legales para investigar los casos», añadió. No obstante, es la «verdad judicial» la que permanece, frente a otras verdades que se diluyen en el tiempo.

De ahí el movimiento anunciado el lunes por GEBehatokia: siete víctimas pedirán a los tribunales españoles que investiguen sus casos, en un intento de cerrar ese ciclo que durante años ha ido de la denuncia al archivo… y de ahí a Estrasburgo.