El derecho de la mujer a la interrupción legal del embarazo en sus primeras 14 semanas de gestación viene siendo utilizado a izquierda y derecha como una trinchera de combate, una más, en esta fase de antagonismo polarizante constante. Basta con recordar las imágenes del enfrentamiento entre el presidente Emmanuel Macron y la primera ministra Giorgia Meloni al respecto en una cumbre europea. Centroderecha liberal contra la radical populista católica. Todo sirve para diferenciarse.

El Estado español no es la excepción y no se puede relatar esta nueva aventura de trámite parlamentario aprobada este martes sin poner sobre la mesa el hecho que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido escoger el tema también para influir en la conversación pública y marcarle el terreno a Génova.

El año pasado, la líder del PP madrileño había anunciado su negativa a confeccionar listas de médicos objetores de practicar la interrupción del embarazo. «Listas negras», las había calificado. Sumado a eso, la oposición madrileña denunciaba en paralelo que tan solo uno de cada nueve abortos se practicaban en la sanidad pública y que la derivación a la privada era apabullante.

En ese contexto, y con el equipo de Alberto Núñez Feijóo en entredicho (incómodo entre no confrontar con ‘la lideresa’ y tampoco perder el apoyo del voto femenino que siempre le es esquivo), Pedro Sánchez vio la oportunidad y anunció en el otoño que impulsaría la reforma de la Constitución Española para incluir este derecho.

En octubre, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto en primera vuelta y, siguiendo el procedimiento legal ordinario, remitió la consulta al Consejo de Estado, que disponía supuestamente de un plazo de dos meses, que incumplió sin dar excusas. Entretanto, el Ministerio de Sanidad se querelló con el gobierno autonómico para forzar la lista de objetores y que se cumpla la ley.

El último jueves de enero, la Permanente del Consejo de Estado despachó el dictamen del anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución, rompiendo al fin el stand-by y explicando que su posición es que el mismo es constitucional y se ajusta a derecho.

Así se llega a este 7 de abril en el que el Consejo de Ministros, en segunda vuelta, ha aprobado el ya proyecto de ley, que añadiría un cuarto ítem al artículo 43 en el que se hace un reconocimiento explícito al derecho al aborto. Hasta ahora tiene solo tres: el primero sobre la protección de la salud, el segundo va de la organización de la salud pública y el tercero sobre fomentar la educación sanitaria y el deporte.

«Está en riesgo el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional», ha dicho este mediodía la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa llevada a cabo tras la reunión del Consejo de Ministros. «Hay mujeres de primera y mujeres de segunda dependiendo de donde residan», ha lamentado. Esto es en alusión a que en Madrid como en Andalucía el 99 por ciento de las interrupciones de embarazo son derivadas a centros privados, según datos de Sanidad.

«Con esta reforma, España se coloca a la vanguardia de países europeos en la protección de derechos de las mujeres», ha señalado la ministra portavoz del Gobierno, la navarra Elma Saiz, quien ha defendido la necesaria protección de este derecho «frente a las dinámicas regresivas que se intentan hacer hueco».

Tres quintos necesarios

Ahora, el proyecto irá a las Cortes, en donde para hacer una reforma del texto constitucional de este tipo se necesitan tres quintos de los votos positivos de los diputados. Es decir, con la aritmética parlamentaria actual, ningún cambio puede ver la luz si no cuenta con el apoyo del PP, quien, en 2010, llevó al TC la ley del aborto impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, luego ratificada como constitucional en 2023.

Fuentes de la ejecutiva de Feijóo preguntadas por NAIZ han respondido que la iniciativa se trata de «actos propagandísticos que carecen de mayoría parlamentaria» y que el Gobierno quiere hablar del aborto «para que no se hable del juicio de Ábalos». «Esta reforma no tendrá nuestros votos bajo ningún concepto», han asegurado.

Mientras tanto, esta semana el Gobierno de Ayuso se ha visto obligado a dar marcha atrás e iniciar los trámites del registro de objetores tras la medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al estimar como válida la petición de la Abogacía del Estado en representación de Sanidad.

Además, y también en materia de igualdad, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida extraordinaria de 180 millones de euros para repartir entre las comunidades autónomas para la aplicación de las 461 medidas contra la violencia machista que consensuaron hace un año todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, en lo que fue una actualización y renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.