La reforma de la Ley de Glaciares argentina, aprobada por el Congreso con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones tras casi 12 horas de debate, ha estado acompañada de acciones de protesta y manifestaciones por parte de diversos grupos conservacionistas.

La modificación, impulsada por el Ejecutivo de Milei, otorga a las provincias la potestad de determinar qué zonas colindantes de dichos glaciares pueden ser objeto de actividades mineras al objeto de otorgar permisos a empresas de este sector, quienes defienden que no todos los ambientes periglaciales constituyen «reservas estratégicas de recursos hídricos» a proteger.

El bloque oficialista contó con el apoyo de aliados de derecha y de legisladores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos mineros y donde se encuentran gran parte de los glaciares del país.

El Gobierno alega que esta modificación es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.

«A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos», dijo el presidente tras la votación. Según una proyección del Banco Central, Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras de aquí a 2030.

Frente a ello, los colectivos conservacionistas argumentan que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se antepongan a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución argentina.

Como una de las primeras protestas, este pasado miércoles, activistas de Greenpeace treparon a un monumento protegido por rejas frente al Parlamento y desplegaron un cartel instando a los legisladores a «no traicionar a los argentinos», siendo arrestadas siete personas.

«La crisis climática a nivel mundial es una realidad que sufrimos todos los humanos que vivimos en este planeta. Atentar contra los glaciares es seguir agravando la situación», aseguró Diego Salas, director de comunicaciones de Greenpeace Argentina.

Ley pionera

Coincidiendo con la aprobación de la nueva ley, hoy se ha desarrollado una manifestación en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, en la que han participado miles de personas y donde la Policía ha empleado gases lacrimógenos y escudos para impedir que se acercase a dicho edificio, obligando a que se dirigiese hacia una plaza colindante.

La Ley de Glaciares argentina fue aprobada en 2010, convirtiéndose en una norma pionera en Latinoamérica a la hora de proteger reservas estratégicas de agua. Su modificación ya fue aprobada el pasado 26 de febrero por el Senado, con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

Según un Inventario Nacional de 2018, el país sudamericano cuenta con cerca de 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.

En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17 % en la última década, principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).

El director de este instituto, Pablo Villagra, ha criticado que la reforma «desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina al designio político de las autoridades competentes de cada provincia».