La mayor parte del material requisado durante el histórico referéndum celebrado en Catalunya el 1 de octubre de 2017 podrá ser destruido, tal y como ha determinado una providencia del Tribunal Supremo español a petición de la Dirección General de la Policía de la Generalitat.

Según varios medios catalanes, la decisión de dicho órgano judicial estima que no se opone a la destrucción de todos esos efectos almacenados, si bien establece que se debe mantener una o dos muestras de cada uno de ellos.

El tribunal ordena que la operación debe llevarse a cabo en presencia de un abogado de la administración de justicia, quien debe redactar un acta sobre ello y enviarla posteriormente a la Corte Suprema, junto con las muestras que se conservan.

Todo ese material se encuentra distribuido y disperso por varias unidades policiales de toda Catalunya, por lo que el Supremo establece que se concentre en la sede los Mossos en Sabadell, además de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que nombre al funcionario que supervisará su destrucción.

Algunos de los elementos que ahora se destruirán, como por ejemplo las urnas utilizadas en aquella jornada electoral, se han convertido en objeto de culto y un tesoro para muchos catalanes, que las conservan en sus casas, fondos de documentación o museos.