La crisis social por los precios de los alquileres y la dificultad para acceder a vivienda en las grandes ciudades del Estado español ha llevado a que encabece las preocupaciones que encuesta el CIS cada mes y el bipartidismo demuestra que ha tomado nota de que es uno de los temas que dirimirá el resultado de las próximas generales. Pocas veces como este martes el choque de paradigmas se ha evidenciado más plausible.

Al mediodía, el Consejo de Ministros aprobaba al fin el Plan Estatal de Vivienda, un proyecto quinquenal dotado de 7.000 millones de euros (solo superado en fondos por el que impulsó Rodríguez Zapatero en 2009) y que será financiado 60 % por el Estado y 40 % por las comunidades autónomas.

La iniciativa lleva medio año de consultas y enmiendas extraparlamentarias, coordinadas por la ministra Isabel Rodríguez, y finalmente este martes ha visto la luz, con un giro en cuanto a las políticas públicas, al impulsar la construcción de vivienda pública permanente con imposibilidad de ser llevada al mercado libre, la financiación de rehabilitación de residencias fuera de uso, el impulso a la construcción en el mundo rural para luchar contra la despoblación y las ayudas a los jóvenes para la primera compra o alquiler.

Aunque en la CAV no es una novedad, en el resto del Estado no es la regla la imposiblidad de desclasificar viviendas de alquiler asequible o precio regulado para luego pasar a ser un activo disputado en la libre oferta y demanda. En lugares como Madrid, incluso, ha habido sentencias judiciales en contra de la gestión del PP en el ayuntamiento por la venta de viviendas públicas a fondos de inversión.

En la rueda de prensa en Moncloa, la ministra ha señalado que se trata de un plan «que nace con la vocación de dar respuesta a una demanda (porque) la ciudadanía está demandando un acuerdo para dar respuesta al principal problema que sufre», y ha recalcado que intentan de esta forma «conformar el quinto pilar del Estado del bienestar».

Según Rodríguez, el objetivo del Gobierno español es evitar que la vivienda sea «una crisis recurrente» y ha anunciado que el Ejecutivo asumirá toda la financiación del plan para lo que queda de 2026 para «que no haya excusas» en su aplicación.

La contracara

Menos de tres horas después, el hemiciclo del Congreso de los Diputados debatía (y luego aprobaba) una proposición de ley del PP que desmantelaba buena parte de las protecciones establecidas por la ley estatal de Vivienda aprobada por el Gobierno de PSOE-Unidas Podemos, que liberaliza los controles para el sector propietario y disminuye de manera notable el cuidado de los hogares vulnerables.

La iniciativa es similar a una aprobada por el Senado hace 13 meses con la mayoría absoluta ‘popular’. En realidad es casi idéntico: el PP vuelve a hacer la táctica parlamentaria de intentar colar en el Congreso lo que la Mesa de Francina Armengol bloquea cuando viene del Senado. El equipo de la portavoz Esther Muñoz ha prácticamente copiado la proposición 34.340 que votó la Cámara Alta (no han cambiado ni los primeros párrafos de marco teórico) para llevarla al hemiciclo de diputados en el expediente 122/000253 y así intentar una derrota legislativa.

La medida tiene como pilares facilitar los desahucios de las viviendas de grandes tenedores y eliminar buena parte de la protección de las familias, facilitando medidas procesales para «la seguridad jurídica», permitiendo juicios verbales rápidos para conseguir la «inmediata recuperación» de las viviendas presuntamente okupadas. Sería un recurso que además de las personas físicas ahora lo tendrían las jurídicas.     

Asimismo, reduce a un mes la suspensión de los desahucios en el caso de propietarios físicos y, en una de las medidas más controvertidas, reduce de tres a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) mensual máximo, que funciona como indicador para que los tribunales consideren o no si una familia está en situación de vulnerabilidad económica. El IPREM es de 600 euros, por lo que todo hogar que ingrese más de 900 euros dejará de ser considerado vulnerable.  

Además, la proposición contraprograma la ley de Vivienda, haciendo desaparecer las zonas tensionadas y los precios de referencia para alquiler, además de favorecer a las constructoras con una flexibilización en permisos mediante el silencio positivo.

Al defender la proposición, la diputada del PP Soledad Cruz-Guzmán ha dicho que «lo más importante» es que contaban con «el consenso del sector» porque se habían reunido con «todas las asociaciones e incluido sus propuestas», ha asegurado que su partido «traía soluciones» y que derogaban las zonas de mercado tensionado «porque el control no funciona»: «La propiedad ha sido siempre la hucha de las familias y queremos que lo siga siendo».

La diputada se vio interrumpida por militantes del Sindicato de Inquilinos de Madrid que se pusieron de pie en la tribuna, gritaron consignas y lanzaron panfletos de color naranja con la frase “hay que bajar los alquileres, la vivienda nos cuesta la vida”. Los activistas fueron echados ante la irritación de la bancada del PP.

La reacción de los partidos del bloque de investidura ha sido salir en tromba a criticarles. Oskar Matute (EH Bildu) la ha tachado de ser una ley que representa «un ataque a toda la línea de flotación de la intervención pública en el mercado de vivienda», que denota «aporofobia y miedo al pobre», excluyendo «a más gente de niveles de protección social».

También ha criticado que «hablen de manera literal de fenómeno okupa, alentando la idea» de un problema que «los datos muestran» que no es masivo, y ha ironizado con «la caridad cristiana de la buena que demuestra el PP» al rebajar el techo del IPREM para familias vulnerables. «¿En qué país viven, qué pretenden? Es inaudito».

La portavoz de PNV, Maribel Vaquero, que se ha abstenido, ha dicho que su partido quiere actuar «con seriedad y sentido común» y que cree que «la necesidad de vivienda requiere de la implicación de todos, también del Estado», y aseguró que si avanza el trámite parlamentario, propondrán enmiendas, aunque dijo compartir algunos aspectos como los de facilitar el acceso al suelo de los municipios.

Néstor Rego (BNG) ha asegurado que queda claro que la proposición no va en línea de solucionar la crisis de vivienda, algo que «no sorprende porque el PP siempre está al servicio del lobby de la construcción y especulativo», en tanto Javier Sánchez Serna (Podemos) ha considerado que la ley «tiene maldades de siempre y de nuevo puño, como permitir que los fondos buitre y bancos puedan echar a las familias con juicios rápidos».
«Si seguimos las migas de pan de su ley vemos la financiación ilegal del PP. ¿A quién beneficia? A bancos, fondos buitre y las constructoras. Ustedes con esta proposición declaran la guerra a la mayoría social», ha enfatizado Alberto Ibáñez (Sumar). Una curiosidad ha sido la posición de Vox: su portavoz ha criticado la gestión de Ayuso y ha tachado de «patéticas» las políticas durante el gobierno de Rajoy, pero igualmente ha votado a favor de la admisión a trámite.

Finalmente, con 178 votos a favor, 6 abstenciones y 163 en contra, Junts ha sido funcional a las derechas españolas y le dio un triunfo más contundente a su proposición desreguladora, especialmente teniendo en cuenta el detalle que con su abstención alcanzaba para que la votación la ganara el PP.

La próxima batalla sobre vivienda será el martes próximo, con la votación del decreto de escudo social habitacional que según han adelantado a NAIZ fuentes de Sumar (partido que negocia con los socios en este caso), su validación sería casi un milagro y va encaminado a perderse.