La asociación Artaza Parkeko Herritarrak-ARPA, formada por diversos colectivos ciudadanos, ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) solicitando la anulación, «por irregularidades graves», del proyecto. Recuerdan que se trata de una infraestructura impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia, «apoyada exclusivamente por el PNV y el PSE y rechazada por el resto de partidos políticos con representación en las Juntas de Bizkaia».

Según han explicado, la demanda sostiene que el proyecto ha sido aprobado «con graves incumplimientos de la legalidad administrativa y ambiental, lo que podría conllevar su nulidad de pleno derecho».

Asimismo, se ha solicitado la suspensión cautelar inmediata de las obras para «evitar daños irreversibles para la ciudadanía y para el medio ambiente, mientras se resuelve el procedimiento judicial».

En cuanto a las principales claves de la demanda, señalan la falta de autorizaciones obligatorias, ya que, según advierten, el proyecto «habría sido aprobado sin contar con informes preceptivos esenciales, como los de la Agencia Vasca del Agua, Costas o Seguridad Aérea, entre otros requisitos indispensables antes de cualquier aprobación según especifica la normativa vigente». Es decir, la Diputación Foral de Bizkaia «ha incumplido los requerimientos establecidos por ella misma», denuncian.

En cuanto a la evaluación ambiental incompleta y superficial, indican que el estudio de impacto ambiental «no analiza alternativas reales ni viables, limitándose a justificar una única solución previamente decidida: la construcción del túnel».

Tampoco se evalúan «adecuadamente los efectos acumulativos de la contaminación con otras infraestructuras previstas en la zona y se omite el análisis de determinados componentes de la contaminación que pueden tener severos impactos para la salud de los ciudadanos», precisan.

Por otro lado, denuncian que el proyecto «ha sido modificado tras su exposición pública, incorporando elementos como el uso de voladuras o eliminando opciones de transporte público, sin someter estos cambios a un nuevo proceso de participación ciudadana».

Los demandantes afirman que, según la propia documentación del proyecto, la infraestructura «inducirá un aumento del tráfico y de las emisiones a medio plazo, en contradicción con las políticas europeas de movilidad sostenible y lucha contra el cambio climático».

A su entender, la ejecución de las obras «implicaría afecciones permanentes sobre el entorno, incluyendo suelos potencialmente contaminados, zonas inundables y hábitats sensibles», lo que justifica la solicitud de suspensión cautelar.

Los demandantes han advertido de que el proyecto «no solo presenta importantes debilidades legales, sino que además podría incumplir los estándares exigidos por la Unión Europea en materia ambiental». «La cuestión no es estar a favor o en contra de una infraestructura, sino garantizar que se cumpla la ley y se proteja el interés general. Un proyecto ilegal no puede ejecutarse», han señalado desde la asociación.

Próximos pasos

El Tribunal deberá decidir en las próximas semanas sobre la solicitud de suspensión cautelar y, mientras tanto, los colectivos impulsores de la demanda han asegurado que seguirán defendiendo una planificación del territorio «rigurosa, transparente y alineada con los retos ambientales actuales y no con políticas del siglo pasado que ya se ha demostrado que no benefician a la ciudadanía».

En ese sentido, han recordado que «más de 100 científicos y profesores de universidad firmaron un documento contrario a la realización de esta infraestructura, cuya primera víctima ha sido el IES de Romo, que a final de este curso está en riesgo de cerrar sus puertas y obligar a su alumnado a trasladarse a otras instalaciones no preparadas para su actividad docente normal».