Miércoles 6 de mayo, Instituto Pau Claris de Barcelona. Mientras se celebra una asamblea preparatoria de las huelgas de profesores que tienen lugar estas semanas en Catalunya, algunos de los presentes empiezan a sospechar de dos mujeres. No llevan la camiseta amarilla de las protestas y, al preguntarles de qué centro provienen, citan la Escuela Riera Alta, de Santa Coloma de Gramenet, lo que provoca cierto estupor: nadie las conoce y ellas tampoco son capaces de acreditarlo. Ante esta situación, la asamblea les conmina a marcharse. Son agentes de los Mossos d’Esquadra.

La participación de estas policías en la asamblea propició que el pasado día 13 la consellera de Interior, Núria Parlón, compareciera ante el Parlament para dar explicaciones de lo sucedido. Pero más allá de pedir perdón a los sindicatos afectados –USTEC-STEs, Professors de Secundària, Intersindical y CGT– se limitó a calificar de «error» una actuación sobre la cual aseguró no tener conocimiento alguno.

También Josep Lluís Trapero, director general de la Policía, en respuesta a preguntas de ERC, Junts, En Comú Podem y CUP, admitió «la inoportunidad de estos operativos», aunque aprovechó para defender el deber de los agentes de «utilizar vías no invasivas» para valorar los riesgos frente a «cualquier conflicto».

Una práctica sistémica

Lejos de apaciguar los ánimos, las explicaciones de Parlón y Trapero han avivado la polémica sobre el espionaje en Catalunya, que ya venía alimentada por el anuncio del Ejecutivo de Salvador Illa de introducir agentes de paisano en los institutos con el objetivo de «preservar la convivencia». 

De momento, en el marco del Pla Integral per a la Seguretat i el Benestar en l’Entorn Educatiu (EDUSEG), ha colocado mossos en catorce centros, lo que ha desatado una ola de indignación entre la comunidad educativa, inmersa en una espiral de huelgas por la falta de medidas que reduzcan los ratios, blinden los salarios y permitan avanzar hacía una escuela inclusiva.

A todo ello, se suma la noticia que habla de la infiltración de Mossos d’Esquadra en espacios sociales desde hace décadas. Así lo ha destapado la revista “Directa”, en cuyas páginas revela cómo, dentro de las carpetas que la policía catalana intentó destruir después de que el Gobierno de Mariano Rajoy aplicara el artículo 155 tras el referéndum de 2017, aparecen informes de reuniones celebradas en las sedes de la CGT, la CNT-AIT o la CUP.

Curiosamente, estas revelaciones coinciden con la aparición del libro “La sombra del Estado”. Un ensayo publicado por la editorial Descontrol donde el colectivo Roses Negres reúne diez casos de espionaje policial que han afectado a activistas y espacios contrahegemónicos catalanes desde 2022 hasta la fecha.

En un análisis pormenorizado de lo sucedido, el libro nos acerca a una práctica que, lejos de ser «esporádica y excepcional», como reiteró la consellera Parlón, «constituye parte troncal del sistema de dominación que ejerce el Estado y los respectivos ejecutivos autonómicos».

Prueba de ello, según Roses Negres, es la formación de agentes especializados en recabar información e infiltrarse en las vidas de las activistas de las formas más íntimas y perversas.

En los casos documentados en Catalunya, los agentes salieron de la Escuela de Policía de Ávila, dónde tras un largo aprendizaje, se les creó identidades ficticias para desempeñar dicha tarea de acuerdo con la estrategia establecida por la Comisaría General de Información (CGI), el servicio de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía.

«Actúan con la cobertura de la Ley de Secretos Oficiales y disponen de fondos reservados no trazables para mapear y atacar la disidencia político-social», afirman desde Roses Negres, para quienes «detrás de cada infiltrado hay una estructura de poder que la sostiene».

Ocultación premeditada

En el caso de los Mossos de Esquadra, el espionaje se gestiona a través de la Comissaria General d’Investigació Criminal (CGIC), uno de los cuatro organismos dependientes de la Comissaria Superior de Coordinació Central del cuerpo.

Desde allí se elaboran «notas informativas» con los datos que los agentes infiltrados van recabando, tal y como se desprende de las carpetas requisadas en 2017. Sobre dicha documentación, que contiene 400 páginas, aparecen seguimientos y grabaciones entre 2003 y 2010, durante los mandatos de Montserrat Tura (PSC) y Joan Saura (ICV), aunque no fue hasta la entrada de Felip Puig (CDC) al frente del Departamento de Interior en 2012, que la vigilancia perimetral se extendió masivamente.

Respecto a este período, en el cual se sucedieron hasta cuatro huelgas generales, se documentan «notas informativas» de reuniones en sedes de la CGT, una hoja manuscrita titulada «CNT», donde figuran filiaciones, domicilios y teléfonos, además de observaciones extraídas de los locales en qué se coordinaban activistas del 15-M.

Dicho seguimiento tomó especial envergadura en la fase álgida del Procés, particularmente al entorno de los referéndums del 9-N de 2014 y del 1-O de 2017. Se recabaron datos de consejos políticos de la CUP, un informe de 62 páginas sobre la estructura de Endavant, una de sus organizaciones, así como una copia de las reuniones que Sortu y el partido anticapitalista mantuvieron el 28 de enero de 2014 en el Casal Independentista de Sants, y un manifiesto de la candidatura Los Pueblos Deciden, que EH Bildu, BNG y Alternativa Nacionalista Canaria formaron para los comicios europeos de ese año.

En “La sombra del Estado”, Roses Negres señala que la aparición de estos y otros casos muestran claramente cómo «el espionaje es un método organizado e intencional», además de susceptible de abarcar un amplio espectro sociopolítico. «Tan solo el hecho de organizarte para transformar el sistema, ya te convierte en objetivo policial y de sus técnicas de espionaje».

Técnicas que, como describe el libro, van desde el seguimiento del grupo hasta la vulneración de la intimidad de sus integrantes, lo que acarrea un sentimiento de indefensión y un sufrimiento que, por su crueldad, los Protocolos de Estambul consideran constitutivos de tortura.

Las últimas infiltraciones realizadas por los Mossos d’Esquadra, que ya han motivado una denuncia por un posible delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales, certifican que esta práctica, sea de menor o mayor intensidad, sigue perpetrándose con absoluta impunidad.

Infiltraciones por doquier: opresión por ley

Se desconoce el origen del espionaje en el Estado español, aunque hay evidencias que, a inicios del siglo XX, tanto la patronal como los respectivos gobiernos recurrieron a agentes para desarrollar esta tarea. Con especial intensidad lo hicieron los regímenes dictatoriales de José Antonio Primo de Rivera, que en 1929 creó una división encargada de recabar datos de los grupos opositores, y, más tarde el franquismo, cuando mediante la Brigada Político-Social, nacida en 1937, formó a agentes especializados en dicho cometido.

Según Roses Negres, será el Gobierno británico quien en 1968 modernizará esas unidades con el propósito de rastrear los disturbios que se registraban en las calles de Londres contra la guerra del Vietnam.

En esa línea hay que entender la Ley de Secretos Oficiales que Franco adoptó ese año, pues a través de esta norma y con el pretexto de la aparición de ETA, reforzó los aparatos de seguridad y control (el SIAEM y el SECED) para intensificar la persecución política sin necesidad de dar explicaciones públicas. 

Más tarde, vendrían las operaciones urdidas por Rodolfo Martín Villa, que, tras ser nombrado ministro de Gobernación por Adolfo Suárez en 1976, encomendó esa función a Roberto Conesa, exjefe de la Brigada Político-Social y cuya primera actuación, llevada a cabo en agosto de 1939, condujo al arresto y fusilamiento de las Trece Rosas, las jóvenes comunistas iconos de la lucha antifranquista.

Desde entonces, el espionaje se ha ido protocolizando, especialmente tras la ampliación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que José María Aznar impulsó en 1999. Una norma que dio carta de naturaleza a las campañas que las comisarías generales de información han desarrollado contra la izquierda independentista, los insumisos, los grupos anarquistas u otros movimientos populares.