La directora médica del hospital de Cruces, Irama Villar, y la subdirectora de servicios médicos, Maider Garmendia, han presentado su dimisión. Una decisión que el Departamento de Salud relaciona con la tensión generada por las huelgas que llevan a cabo los médicos en protesta por el estatuto marco, cuyo anteproyecto ha sido aprobado este martes por el Gobierno español.

Fuentes del Departamento de Salud han confirmado a Efe las renuncias de ambas y han explicado que las dimisiones se producen en el «contexto» de unas huelgas que han elevado la presión asistencial.

Villar, que fue nombrada directora médica en septiembre de 2025, presentó su dimisión el pasado viernes, día en el que también formalizó su renuncia Garmendia, aunque esta ya comunicó a Osakidetza en diciembre del año pasado su intención de dejar el cargo. 

Aprobado el anteproyecto

Las dimisiones se han conocido el mismo día en que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, acorado por SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF.  No obstante, las negociaciones con el Comité de Huelga de los sindicatos médicos continúan sin fructificar, y sigue vigente la convocatoria de una quinta semana de huelga.

El texto establece que la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 horas establecido por la normativa europea. Además, elimina las guardias de 24 horas y establece el límite máximo de 17 horas de trabajo efectivo. Mientras que las libranzas y descansos obligatorios derivados de esta actividad no generarán deuda horaria, impidiendo que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria.

Igualmente, se establece un descanso mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas. El personal tendrá derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales, al que se suma el descanso diario de 12 horas.

La norma también limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes y establece la obligación de convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos años. De este modo, el nombramiento en plazas vacantes tendrá una duración máxima de tres años.

Asimismo, se establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de la temporalidad. Mientras que los procesos para la adquisición de la condición de personal fijo se realizarán al menos con carácter bienal.

Por otra parte, la ley estructura al personal en grupos de clasificación profesional atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso, conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU).

En este sentido, el personal sanitario se divide en los grupos 8, 7, 6, 5 y 4, según la titulación, que puede ser doctorado, grado con especialidad, grado, técnico superior o técnico. Por su parte, el personal de gestión y servicios se clasifica en grupos del 8 al 2, abarcando desde titulaciones de Nivel 8 del MECU hasta categorías que no requieren titulaciones previstas en el sistema educativo.

La norma también crea la categoría de personal estatutario investigador, destinada específicamente al desarrollo de actividades de investigación sanitaria. Para acceder a ella será necesario contar con el título de doctor. Estos profesionales dedicarán al menos el 50 por ciento de su jornada ordinaria a la investigación y podrán compatibilizar esta actividad con funciones asistenciales, docentes, de gestión clínica, prevención y promoción de la salud.

El Estatuto Marco establece que para acceder a puestos directivos será necesario contar con una titulación universitaria de grado, que podrá ser específica cuando las funciones estén vinculadas a una determinada profesión sanitaria. La selección se realizará mediante convocatoria pública y libre concurrencia, valorando la formación, la experiencia profesional y la presentación de un proyecto de gestión.

También se introducen medidas de flexibilización horaria para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes.

El documento reconoce el derecho a la desconexión fuera del tiempo de trabajo para garantizar el descanso y la intimidad familiar. Además, se define el concepto de carga horaria excesiva como indicador de intervención organizativa y se refuerza la protección frente a agresiones y discriminación por estado de salud, orientación sexual o predisposición genética

La norma establece un periodo de cinco años para que los servicios de salud realicen las adaptaciones organizativas necesarias en materia de jornada. Además, se prevé la creación de un Registro Estatal de Personal Estatutario para la planificación coordinada de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud.

Audiencia e información pública

El anteproyecto inicia ahora el trámite de audiencia e información pública, que permitirá recabar aportaciones de organizaciones y personas interesadas antes de su futura remisión a las Cortes Generales para su debate parlamentario.

No será un trámite sencillo, ya que el PP ha mostrado su rechazo al «antiestatuto, porque va contra los médicos y de las comunidades autónomas». 

Y el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, ha afirmado que el Comité de Huelga intensificará sus movilizaciones si el Ministerio de Sanidad no modifica una norma que «no cuenta con el visto bueno» del colectivo médico.

Pedrera ha expresado en declaraciones a Europa Press que el conflicto entrará «en una fase de mayor intensidad» si Sanidad no actúa en las siguientes fases de tramitación, aunque ha puntualizado que las «medidas concretas» que tomará el Comité de Huelga tienen que ser decididas entre todos los sindicatos.

Las organizaciones del Comité de Huelga demandan un texto propio para el colectivo médico y facultativo, entre otras reivindicaciones. «No estamos dispuestos a admitir que en una norma común en la cual se regula las condiciones laborales de todos los trabajadores, a los médicos no se nos permita tener voz propia. Y exigimos que si se nos tiene en una norma común con el conjunto de trabajadores, se nos garantice y se nos permita tener las mismas condiciones laborales. Ni más ni menos», ha explicado Pedrera.