Las conclusiones con las que finalizarán los trabajos de la comisión de investigación que ha repasado las adjudicaciones a personas y entidades vinculadas a la supuesta trama en torno a Santos Cerdán que figura en los informes de la UCO deberán aprobarse en pleno. Pero existe ya una mayoría para sacarlas adelante. PSN, EH Bildu y Geroa Bai han acordado sus conclusiones y juntos tienen mayoría de 27 escaños de 50. Contigo-Zurekin, cuyos votos no son imprescindibles, ha preferido desmarcarse, pero sus reflexiones tampoco se distancian mucho, en lo esencial, de las presentadas por sus socios de Gobierno. 

La tesis principal es que, de todo lo analizado, no se puede concluir que haya habido «prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados». Y esta es la clave en tanto que, al inicio del proceso investigador, EH Bildu había puesto esto como línea roja para seguir sosteniendo al Ejecutivo de María Chivite.

«Las comparecencias, la documentación examinada y las actas de las mesas de contratación no han aportado pruebas directas de la existencia de sobornos, reparto de comisiones, apropiación de fondos públicos u otras conductas típicamente asociadas a la corrupción política o administrativa, ni tampoco de conflicto de intereses», han subrayado. 

No se ha acreditado la existencia de un pacto ilícito que justifique las ilegalidades que estos partidos, han constatado

Estos partidos entienden, además, que «no ha sido posible vincular de manera probada esas tramas con decisiones concretas de adjudicación adoptadas por la Administración de la Comunidad Foral o de sus empresas públicas».

El tercer punto es más duro, pues aunque no se han encontrado pruebas directas de «prácticas corruptas», sí que se han evidenciado conductas que son «objetivamente incumplimientos de la legalidad y la buena administración». Lo que no se ha acreditado es «la existencia de un pacto ilícito» para cometer dichas ilegalidades. 

El último apartado trata específicamente sobre Belate, cuya adjudicación resultó ser la que más jornadas y trabajos ha generado todos estos meses. Así, las tres formaciones sostienen que «no ha quedado acreditada la existencia de injerencias políticas directas o indirectas o de cualquier otra naturaleza sobre los miembros de la Mesa de Contratación». 

A pesar de ello, ven «conductas discutibles» por parte del presidente de la mesa y existencia de reuniones que pudieron haberse interpretado como «presión ambiental». 

El texto remitido a los medios incluye una salvaguarda que indica que «la ausencia de acreditación en sede parlamentaria no equivale a la constatación positiva de que tales injerencias no existieran, ya que las limitaciones para la investigación impiden descartar con carácter definitivo lo que solamente la investigación judicial podría acreditar». 

Las propuestas para que no vuelva a pasar

Además de estas conclusiones de mayor calado político, estas formaciones han acordado una serie de medidas para que lo sucedido no vuelva a pasar. Una de las más relevantes es un Plan de Integridad en la Contratación Pública que ordene y clarifique los sistemas de puntuación de las mesas y el orden en que se vota (que resultó ser la gran disputa sobre lo sucedido con Belate) y la fijación de protocolos en caso de que surjan indicios de corrupción. 

Esta clarificación del funcionamiento de las mesas de contratación conllevará la modificación de la Ley Foral 2/2018, principalmente, para evitar interpretaciones laxas de la misma. 

El acuerdo incluye ampliar los medios de los que dispone tanto la OANA como la Intervención general

También se urge al fortalecimiento de la plantilla de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, la OANA, que sigue sin contar con el plantel de funcionarios que necesita (de las 11 plazas de las que dispone, faltan siete por cubrir). Y lo mismo para la Intervención General, que deberá ser reforzada. 

En último término, estos partidos «hacen suyas» las propuestas del Observatorio de Contratación Pública realizadas en el año 2014, en la que los expertos en esta materia expresaron cuáles, a su juicio, serían las medidas más efectivas para blindar la contratación pública ante prácticas corruptas. 

Los partidos que disienten

Contigo-Zurekin ha quedado fuera del acuerdo. Miguel Garrido ha explicado que no piensan distinto en lo esencial,  pero que su formación considera relevante subrayar que, del devenir de las investigaciones, puede inferirse una relación «opaca» entre determinadas empresas y «una parte del poder político». 

UPN, que ejerce la acusación en la causa abierta contra Santos Cerdán precisamente por una de las obras analizadas (desdoblamiento de Belate), ha querido remarcar la importancia de sus conclusiones llevando al Parlamento a su presidenta, Cristina Ibarrola, pese a que es concejal de Iruñea y no pertenece a esa Cámara.

Ibarrola incluye en sus argumentos que Santos Cerdán estuvo en el acuerdo que le quitó la Alcaldía de Iruñea

Ibarrola ha solicitado la dimisión de María Chivite tras acusarla de haber abierto la puerta del Palacio de Navarra a Cerdán y a su presunto socio, Antxon Alonso, que formó parte de la UTE a la que le fue adjudicado Belate. 

«El modus operandi de la trama del señor Cerdán, el señor Antxon Alonso y Acciona en Navarra en el caso de la adjudicación de la duplicación de los túneles de Belate, ha sido el mismo al de otras obras investigadas por la UCO y los tribunales», ha señalado Ibarrola.

La presidenta de UPN ha vuelto a recordar en su alocución que Cerdán fue quien negoció con EH Bildu la moción de censura que le costó el cargo de alcaldesa de Iruñea y por la que Joseba Asiron recuperó la vara de mando de la ciudad.