‘¿Cómo puedo vender o alquilar una VPO en Navarra sin que me sancionen?’. Así titulaba recientemente un medio de comunicación una noticia sobre la propuesta de sanción del Gobierno de Nafarroa a la propietaria de una vivienda protegida utilizada como alojamiento turístico. El titular tenía mucho de clickbait y poco de guía práctica para especular con la vivienda, pero aun así invita a reflexionar. Alguien consideró que conocer los límites legales para rentabilizar una vivienda protegida era un asunto suficientemente atractivo como para ocupar un lugar destacado en la agenda informativa. Y eso, más allá de la anécdota periodística, dice mucho sobre el momento que vivimos.

Pese a lo escandalizados que nos sentimos ante los desahucios, ante el problema de la emancipación juvenil y, en general, ante los precios desorbitados de los alquileres y la venta de inmuebles, seguimos pensando que la vivienda es un bien comercializable cuyo principal valor reside en la rentabilidad que puede generar. 

La realidad se parece a la historia de María Pilar: ella confió su dinero al ladrillo en los 90 y el valor de mercado de su pisito en el barrio se ha disparado. Al venderlo por el precio actual de mercado, no siente que esté haciendo nada malo. Sin embargo, su sobrina no puede permitirse alquilar una vivienda sin compartir gastos con varias personas. Celebramos que nuestras casas valen cada vez más y a la vez lamentamos que la juventud no puedan vivir en ellas.

Cuando una necesidad básica se convierte en un activo financiero, el derecho queda subordinado al beneficio económico. Hay casas y hay personas. Y las personas tienen derecho a una vivienda digna. En esta ecuación, la solución es más sencilla de lo que a menudo se nos quiere hacer creer. Sin embargo, seguimos buscando respuestas en sistemas de ayudas complejos o confiando en la construcción sinfín de nuevas viviendas.