Es la parlamentaria más joven de la Cámara y le ha tocado presidir una comisión de investigación de nueve meses y 43 comparecencias, con escenas como la declaración de Koldo García por videoconferencia desde prisión o el cara a cara entre Javier Esparza y Santos Cerdán. Tras investigar cuatro legislaturas y que pasasen por la comisión tres presidentas, el dictamen concluye que no hay indicios de corrupción, «lo que no quiere decir que no la haya», apunta Jimenez. Sí han detectado irregularidades en la adjudicación de obra pública en Nafarroa y han propuesto recomendaciones para que no vuelva a ocurrir. Con todo, ha sido, según Jimenez, una investigación condicionada por sus propias limitaciones, y que se ha ido mezclando con el ruido que ha generado el caso en Madrid.

¿Qué balance hace de estos meses?
 
Ha sido un trabajo complejo. Ha durado nueve meses y han sido 43 comparecencias, con toda la documentación que hemos tenido que ir analizando. Y esto nace en junio del año pasado, en un momento social que requería esta comisión, con las noticias que iban saliendo en relación al PSOE. Hemos trabajado de manera rigurosa, con seriedad y sobre todo con un compromiso de cara a contar a la sociedad navarra qué es lo que había pasado, concretamente en la mesa de contratación de Belate, pero también en las diferentes mesas en las que habían participado las empresas que habían salido en el informe de la UCO.

¿Por qué quiso EH Bildu ponerse al frente?

Teníamos el compromiso de conocer la corrupción y combatirla. Y desde ese compromiso, si se demostraba que podía haber corrupción, íbamos a ser las primeras en pedir responsabilidades políticas.

Usted insiste en separar lo de Nafarroa de lo de Madrid. ¿Ha podido? ¿Cuánto ha contaminado el ruido estatal?
 
El marco de la derecha ha sido, totalmente, traer el foco de Madrid y todo lo que estaba pasando allí a Nafarroa. ¿Cuánto ha contaminado? Bastante. De hecho, ha sido una limitación de la propia comisión que se estuviese llevando a cabo el sumario. Las derechas estaban personadas en ese procedimiento, manejaban una información que la comisión no tenía y, por lo tanto, la sociedad navarra tampoco. Han intentado mantener su relato continuamente y crear ruido sobre lo que estaba pasando, y ese ha sido el continuum de toda la comisión.

«La derecha ha intentado traer el foco de Madrid y todo lo que estaba pasando allí a Nafarroa. ¿Cuánto ha contaminado? Bastante»

¿Se ha investigado por tanto en condiciones de desigualdad?
 
Sí. La comisión ha tenido limitaciones claras. El propio reglamento solo te permite exigir información a la Administración Foral de Navarra, a nadie más. Luego está el secreto de sumario. Por un lado, las personas investigadas podían acogerse a su derecho a no declarar. Por otro, la documentación de la causa estaba cerrada y no teníamos acceso a ella. Trabajábamos sobre un informe de la UCO que se había filtrado, sin saber siquiera si estaba completo o si faltaba información que nosotras no veíamos. Y ese informe sí lo tenían UPN y PP, que estaban personados en la causa. Por eso, cuando aparece el segundo informe de la UCO y se pide saber si Belate entra en el sumario, nosotras seguimos teniendo que preguntárselo a UPN y a PP, porque son ellos quienes tienen esa respuesta.

«Trabajámos sobre un informe de la UCO que se había filtrado, sin saber si estaba completo, y encima si lo tenían UPN y PP, personados en la causa»

Si no saben ni si el informe de la UCO estaba completo, teniendo en cuenta el historial del propio organismo, ¿qué credibilidad le da entonces la comisión a un informe filtrado?
 
Tenemos que concretar el objeto de esta comisión, que era buscar responsabilidades políticas; las responsabilidades penales han de ir por otra vía. Sobre la credibilidad que le demos a este informe de la UCO, en una formación política como la que represento sabemos cómo hace la Guardia Civil los sumarios, porque ha tocado. En cualquier caso, hemos actuado conforme a lo que se estaba publicando y, sobre todo, teniendo en cuenta las comparecencias y las personas que han estado en la comisión, atendiéndonos a lo que ellas decían, que es a lo que nos debíamos acoger dentro del objeto de investigación.

El dictamen dice que no hay pruebas de corrupción, pero sí irregularidades en Belate. ¿Cuáles son, a su juicio, las más graves?
 
Sí se han visto determinadas irregularidades administrativas, y luego ha habido un debate jurídico sobre cómo calificarlas, porque la Oficina Anticorrupción las ha calificado de una manera y Comptos de otra. Eso pasa a ser un debate jurídico en estricto sensu. Pero lo que me parece importante es que hemos visto cómo han funcionado las distintas mesas de contratación, que son los órganos que se encargan de la adjudicación, y es ahí donde hemos presentado las recomendaciones.

Un ejemplo que merece destacar es cómo se efectúan las votaciones, porque ha existido la duda sobre quién votó el último. Habrá que regular que se hagan todas en el mismo momento y que cada persona de la mesa tenga la información a la vez. Otro ejemplo es la motivación de las puntuaciones, donde también se ha hablado de si estaba suficientemente justificada. Ahí necesitamos hacer hincapié.

Por un lado se constatan presiones y correos del presidente para alterar votos y notas, pero por el otro se concluye que el resultado final no se vio afectado. ¿Cómo se sostiene que hubo todo eso y a la vez no afectó a nada?

Las personas de la mesa de contratación que comparecieron, con el deber de decir la verdad, que esto es lo que a veces se nos olvida, eso es lo que dijeron.

Se han fiscalizado también obras como las VPO de Nasuvinsa, el Navarra Arena o el colegio de Arbizu. ¿Qué ha quedado claro más allá de Belate?
 
Obviamente hablamos casi siempre de Belate porque es la obra que más tiempo ha ocupado. Pero de esas obras también se deriva la necesidad de establecer la trazabilidad de la documentación. Es decir, que toda la documentación que pasa por las obras, por las mesas de contratación, se custodie, se guarde.

«El reglamento del Parlamento dice claramente que cualquier persona puede ser llamada, sea Entrecanales o sea quien sea, y que no haya comparecido es otra limitación que hemos tenido»

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, no compareció. ¿Se ha puesto el foco suficiente en quién paga, en las presuntas empresas corruptoras, y no solo en los que adjudican?
 
Otra de las limitaciones de la comisión han sido estas empresas. El reglamento del Parlamento dice claramente que cualquier persona puede ser llamada, sea Entrecanales o sea quien sea, y que no haya comparecido es otra limitación que hemos tenido. Desde la comisión hemos actuado con las herramientas que tenemos, aplicando el reglamento, y lo que nos correspondía era ponerlo en conocimiento de Fiscalía. Veremos qué dice Entrecanales cuando comparezca en el juzgado de Navarra. 

Al hablar de los límites de las empresas, también hay que tener en cuenta de dónde vienen. La Comisión Nacional de la Competencia impuso una multa a las principales constructoras, entre ellas Acciona, por por alterar el proceso competitivo de licitación de obras públicas. La sanción no ha podido aplicarse porque está en suspenso por la Audiencia Nacional, pero se nos olvida que las empresas también vienen de ese recorrido, y eso es importante para hacer una lectura de lo que ha pasado.

UPN sostiene que EH Bildu ha hecho de parapeto del PSN y que la comisión ha servido para proteger a María Chivite. ¿Qué responde?
 
UPN tenía el relato hecho desde que comenzó esta comisión. Pero sabemos que la corrupción es inherente al régimen del 78. Para entender la jugada de UPN tenemos que hacer una lectura del contexto político. El éxito de un sistema democrático depende muchas veces de la cohesión que exista entre los valores hegemónicos de la sociedad y los valores institucionales. ¿Qué está pasando? Hoy existen unos valores sociales más progresistas, que apuestan por una plurinacionalidad, y los valores institucionales no van acordes a eso. Por eso está el sistema democrático del Estado español como está hoy. De ahí el dicho de Aznar de «quien pueda hacer, que haga». Y para ese «quien pueda hacer, que haga», es indispensable que UPN vuelva al poder en Nafarroa. No nos olvidemos de ese corralito de las pagas de la CAN. UPN tiene como objetivo destruir a este gobierno progresista y está utilizando cualquier herramienta que tenga para llevarlo a cabo. Y la propia comisión ha sido eso, porque no necesitaban escuchar las respuestas, ya tenían el relato construido.

La dirección de EH Bildu ha advertido de que la corrupción exige respuesta, pero que estos operativos buscan frenar a una mayoría plurinacional y progresista. ¿Dónde se traza la línea entre esos indicios de corrupción y un intento de desestabilización?
 
Otegi lo ha dicho más de una vez: la corrupción es sistémica al régimen del 78. ¿Dónde está el límite? El límite también lo ha dicho Otegi: la financiación ilegal del partido. En lo que nos corresponde a Nafarroa, para eso se creó la propia comisión de investigación, para ver si de verdad existían esos indicios graves, y hemos visto que no.

Por los sobrecostes de Belate llegó a haber una crisis de gobierno, con el cese del responsable de Obras Públicas. ¿Llegaron a pensar que el gobierno se caía? 
 
Lo que nosotras decíamos entonces era que le correspondía a María Chivite, como líder del gobierno, tomar las decisiones políticas adecuadas. Cuando ha sido necesario exigir responsabilidades políticas lo hemos hecho, y el gobierno así ha actuado.
 
A la vez que la gente fue perdiendo interés por la comisión, ¿no acaba todo esto alimentando la desafección hacia la política? 

La presencia de los medios al principio y al final no ha sido la misma. Empezamos por Belate, y conforme los miembros de la mesa de contratación iban explicando lo ocurrido, ya se veía que ahí no había indicios de corrupción. Pasamos entonces a otro escenario, el del propio funcionamiento de las mesas de contratación, que al fin y al cabo es la gestión del dinero público. Ahí las personas que estamos en las instituciones tenemos una responsabilidad política, porque es muy difícil trasladar a la sociedad la importancia que eso tiene, y también ahí se va perdiendo el interés, porque se habían puesto unas expectativas de corrupción y no era lo que estaba pasando. En cualquier caso, ese ruido que se generaba creo que sí va calando en la sociedad.

La causa sigue en el Supremo, donde podrían aparecer nuevas pruebas. ¿Qué le queda al Parlamento por hacer una vez votado el dictamen?
 
Lo que decimos en EH Bildu es que no se ha acreditado que haya habido corrupción, y eso no quiere decir que no la haya habido. El proceso sumarial penal llevará su propio camino. A nosotras nos corresponde, como poder legislativo, llevar a cabo esas modificaciones legales que se proponen, que entiendo que serán de la mano del Gobierno, y en las futuras contrataciones ejercer esa labor de supervisión y control, más aún sabiendo de dónde venimos.