La decisión de cinco jueces de forzar a EHU a que las calificaciones de Lengua Vasca y Literatura II de la PAU de unos veinticinco alumnos no sean tenidas en cuenta para matricularse en la universidad constituye una crisis sin precedentes en relación con la selectividad, y eso que cada año se genera algún motivo de queja colectiva estudiantil. Pero, en este caso, se produce el detonante objetivo de que la consejera de Educación expuso ante el Parlamento, sin tiempo a tener una explicación ni datos finales, que «casi el 47% de los ceros en el examen de euskera de la PAU fueron puestos por un solo profesor. Además, un 64,3% de todas las calificaciones de cero se concentraron en solo dos de los doce tribunales evaluadores». Todo ello sin atender a que las revisiones y otras correcciones independientes apenas habían desvirtuado esos resultados.

A ello se sumó una versión parcial, o si se prefiere manipulada, de las palabras del rector sobre el anonimato de las correcciones, que corroboró en redes alguno de sus predecesores.

Así que entre el fuego que prendió la consejera y la gasolina que han echado algunos medios, un grupo de jueces ha montado un incendio preventivo «sin efectuar una indagación mayor», según comunica el propio TSJPV.

EN ESTE CONTEXTO, CABRÍA ESPERAR DEL GOBIERNO DE LAKUA LA DEFENSA DE UNA PRUEBA EN LA QUE HA PARTICIPADO ACTIVAMENTE.

No conviene olvidar que la PAU la diseña y controla una Comisión Organizadora compuesta por representantes del Departamento de Educación y de EHU; que 511 examinadores proceden de institutos y 337 de la universidad; y que en el caso de las pruebas de Euskara, el 76,4% de los examinadores son ajenos a EHU y dependen de Begoña Pedrosa.

Sin embargo, tras el Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, se limitó a decir que «desde el Gobierno vasco no hemos tenido acceso al auto judicial y, por tanto, tampoco hemos podido analizar formalmente el contenido». Añadió que «desde esa prudencia conviene recordar que no estamos ante una sentencia sobre el fondo del asunto, sino ante la decisión de un juez de adoptar unas medidas cautelares. En todo caso, sí que creemos que es una decisión de ciertas características que pueda abrir un precedente y que genera, además, un escenario de inseguridad jurídica que preocupa especialmente entre el alumnado en un momento clave, sensible, de acceso a la universidad». Aseguró que «entendemos el malestar de estos estudiantes y de las familias que han decidido acudir a los tribunales. También entendemos la inquietud de aquellos estudiantes que pueden ver ahora o que pueden verse ahora afectados por la aplicación de estas medidas cautelares».

Al menos hasta bien entrada la tarde de ayer, el PNV no había considerado que este fuera un tema suficientemente importante para hacer público un comunicado. Su portavoz parlamentario, Joseba Díez Antxustegi, entrevistado en la Cope, dijo que la decisión judicial les dejó «un poco desconcertados» porque cuestiona «la cultura del esfuerzo». Pero incidió en que «al rector hay que pedirle transparencia, es que no sabemos quién conforma el tribunal con qué criterios». Al portavoz jeltzale le recordaron en redes que la organización de la prueba está definida por ley.

FRENTE A QUIENES OPTARON POR PONERSE DE PERFIL, OTROS ELIGIERON IR DE CARA, UNOS CONTRA LA DECISIÓN DE LOS TRIBUNALES Y OTROS PARA ATACAR A LA EHU Y HABLAR DE «APARTHEID LINGÜÍSTICO».

El parlamentario Ikoitz Arrese mostró en rueda de prensa el «profundo rechazo» de EH Bildu «a la reciente inaceptable decisión judicial que cuestiona el sistema de corrección de la PAU», al tiempo que calificó como «irresponsable» que el Departamento de Educación de Lakua haya contribuido a ello.

Pero quizá lo más llamativo de las reacciones políticas fue que el socio de Gobierno de Begoña Pedrosa, el PSE, le pidiera públicamente que «mantenga una actitud proactiva en la defensa de los modelos y beligerante con cualquier intento de cuestionar el actual sistema, que está obligado a proporcionar a todos los alumnos y alumnas la competencia adecuada en las dos lenguas oficiales».

La Secretaria de Universidades, Innovación e Investigación del PSE, Patricia Campelo, exigió, igual que el portavoz jeltzale, «transparencia» al rector. Y después lanzó la bomba de decir que «rechazamos la utilización de la situación creada como argumento para avanzar en un apartheid lingüístico del mismo calibre que el que se pretende imponer con la reciente Ley de Empleo Público y la exclusión de miles de vascos y vascas» por el PNV.

Estas reacciones dibujan un retrato de cuál es el mapa político actual de las principales fuerzas de la CAV en relación al euskara, EHU y las relaciones de poder, la captación de la realidad y la conexión con el sentir mayoritario de la calle.