La transferencia del Palacio de La Cumbre desde el Gobierno español al Ayuntamiento de Donostia continúa sin completarse, cuando se han cumplido cuatro años desde el acuerdo alcanzado en Madrid entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y EH Bildu. El objetivo final es convertir en un Lugar de Memoria el edificio en el que fueron brutalmente torturados Joxean Lasa y Joxi Zabala antes de ser ejecutados por la Guardia Civil. 

La coalición soberanista apunta a la desidia por parte del Gobierno local como principal causa de estas dilaciones. El pasado sábado, el grupo municipal de EH Bildu reveló que el Gobierno español había remitido el pasado 18 de febrero un escrito con diferentes requerimientos y que el resto de agentes no tuvo constancia de ello hasta el 30 de junio –cuatro meses y medio después–, y gracias a que alguien preguntó si había alguna novedad durante la reunión del Consejo Asesor de Memoria Histórica del Ayuntamiento.

La coalición añadió que en este documento se incluían cuestiones que ya se habían materializado, junto a otras que «podían ser llevadas a cabo de forma sencilla y rápida», y ha llevado esta cuestión a la comisión municipal de Servicios a la Personas. El portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre, ha criticado que «ni se ha informado ni se ha hecho nada» respecto a esa última solicitud procedente de Madrid, y ha preguntado si ha existido «algún contacto» al respecto. 

En su opinión, «no tiene justificación que esto esté guardado en un cajón», por lo que ha vuelto a preguntar «cuándo estará La Cumbre en manos del Ayuntamiento de Donostia».

«Requiere un minucioso trabajo»

Una cuestión muy concreta para la cual no ha obtenido respuesta. La concejala delegada de Gobernanza Abierta y Cultura, Ana López Loyarte (PNV), ha asegurado que el Gobierno municipal «comparte» el interés por este proyecto que «requiere un minucioso trabajo de definición». 

Ha añadido que La Cumbre va más allá de lo municipal, por lo que «en breve habrá una reunión con Departamento de Justicia del Gobierno Vasco para definir el proyecto», y en referencia a la documentación solicitada desde Madrid ha manifestado de forma ambigua que «nuestra voluntad es hacerlo en el plazo más breve posible, confiamos en que en unas semanas podamos informar de nuevos avances».

Respecto a los cuatro meses y medio transcurridos desde la recepción del escrito hasta su puesta en conocimiento del resto de partidos y organismos interesados, López Loyarte ha defendido que ha actuado con «total transparencia, como siempre. Hemos informado y entregado el documento en cuanto se ha preguntado por el estado de La Cumbre», y ha argumentado que desde el 18 de febrero hasta el 30 de junio no se había celebrado ninguna reunión de Consejo Asesor de Memoria Histórica. 

«¿Qué forma de gobernar es esa?»

Esta explicación ha molestado notablemente a Juan Karlos Izagirre, quien ha mostrado su estupefacción porque «si nadie pregunta no decís nada, ¿qué forma de gobernar es esa? Si tienes ese papel es responsabilidad tuya comunicarlo al resto de partidos e implicados en la memoria histórica. ¿Eso es transparencia? Lo cierto es que habéis tenido un papel guardado en un cajón durante varios meses». 

Además, ha añadido que aunque no se reúna el Consejo Asesor de Memoria Histórica, lo cierto es que la Comisión de Derechos Humanos «se reúne cada mes, y aún así para compartir ese papel no necesitas que se convoque ninguna reunión».

Por ello, no ha dudado en calificar de «palabrería y discurso vacío» las explicaciones de López Loyarte. «Lo cierto es que durante casi cinco meses no se ha hecho nada», ha sentenciado, insistiendo en que «mucho de lo que piden está ya hecho, y algunos trámites se pueden hacer en un día. Lo primero es conseguir la concesión».