La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua ha iniciado los análisis necesarios para cumplir con las orientaciones del presidente, Daniel Ortega, quien ordenó prohibir la celebración de elecciones generales en el país centroamericano.

El Parlamento ha indicado que a partir de las declaraciones de Ortega «sobre los procesos políticos propios de Nicaragua y los nicaragüenses, para asegurar la paz, la seguridad, la estabilidad y la continuidad de los logros contra la pobreza, está iniciando los análisis necesarios para elaborar un plan de trabajo que cumpla con las orientaciones presidenciales».

«No volverá a haber elecciones»

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que no permitirá procesos electorales que abran la puerta a que la oposición tome el poder.

El presidente acusó a la oposición de querer enriquecerse a costa del sector público. «Ya quisieron ellos (la oposición) agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones», señaló.

Prosiguiendo, el líder sandinista, que gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, insistió en que «no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder».

En este sentido, anunció « leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias para que por mucha plata que les den los yanquis» no puedan alcanzar el Ejecutivo nicaragüense.

«Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puesto por los somocistas volverán a llegar al gobierno: Jamás, jamás, jamás», zanjó.

El Parlamento ha anunciado que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) «para asegurar los pasos constitucionales, legales y formales, que fundamentan las reformas, para un Estado y caminos que garantizan las bases jurídicas de este aspecto trascendente de la institucionalidad».

Además, para que sustenten «las prácticas políticas, democráticas, soberanas y libres de nuestros procesos de elección nacional y local de autoridades».

EEUU anuncia que actuará

Estados Unidos ha advertido que «no permanecerá impasible», y su secretario de Estado,  Marco Rubio, ha llamado a la comunidad internacional «para que una esfuerzos y demuestre a la dictadura de Murillo y Ortega que no puede esperar mantener una relación habitual con otras naciones mientras socava los principios fundamentales de nuestro hemisferio democrático", agregó Rubio.

También la oposición nicaragüense ha pedido a la comunidad internacional «que no permita que este régimen siga actuando con total impunidad y actúe ya».

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 en medio de acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales.

Desde 2017 ejerce el poder junto a Murillo, su esposa y anteriormente vicepresidenta, quien fue designada «copresidenta» del país en febrero de 2025 tras una reforma constitucional que amplió sus atribuciones y consolidó el control del matrimonio sobre las instituciones. 

Washington ha impuesto sanciones al gobierno nicaragüense, como restricciones de visa que afectan a más de 2.350 funcionarios y sus familias, pero no ejerce una presión similar, en particular económica, a la que impone sobre Cuba.

En las últimas elecciones, celebradas en noviembre de 2021 tras el encarcelamiento de figuras de la oposición que probablemente serían candidatas presidenciales, Daniel Ortega obtuvo una victoria aplastante con su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el antiguo grupo guerrillero que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

Mediante una reforma constitucional en 2024, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años.

Las reformas constitucionales también han despojado al poder judicial de su estatus de rama independiente del Estado, redefiniéndolo como un órgano coordinado por los copresidentes.