Según el último balance de The Lancet Countdown, publicación multidisciplinar que hace seguimiento de varios indicadores en los ámbitos de la salud y el cambio climático, en la última década se ha registrado una media de 546.000 muertes anuales por calor en el mundo, un 23% más que en los años noventa del siglo pasado. Esta es una constatación del impacto del calentamiento global que, en todo caso, está lejos de ser aleatorio. Al contrario, se encuentra ligado a distintos factores, entre los que destaca la renta, y en concreto la desigual distribución de la misma.

Un estudio del Instituto de Investigación de Barcelona (Idra) ha constatado en este sentido que la mortalidad por calor es «resultado de unas desigualdades que el clima amplifica pero no origina». Lo ha hecho en un trabajo elaborado a partir de datos de los 311 municipios de la provincia de Barcelona, pero sus conclusiones coinciden con las señaladas en otros documentos, como el difundido en junio por el Ayuntamiento de Gasteiz, que expone la vulnerabilidad ante el calor de los barrios de la ciudad. En ese informe la mayoría de las zonas catalogadas con una vulnerabilidad muy alta son las que cuentan con menos recursos y, sus vecinos y vecinas, con una menor renta disponible.

Un «espejo incómodo»

«Morir de calor no es un accidente». El título del primer capítulo del trabajo del Idra es elocuente y resume las conclusiones extraídas. El instituto recuerda la terrible ola de calor vivida en agosto de 2003, que solo en el Estado francés mató a cerca de 15.000 personas en menos de tres semanas. Las víctimas, explica, fueron en gran medida mujeres mayores que vivían solas, en pisos pequeños sin ventilación, en barrios obreros de la periferia. El documento indica que las autoridades tardaron semanas «en admitir la magnitud de lo que había pasado y meses a entender que no era un accidente meteorológico, sino resultado de un sistema de protección social que no había pensado en aquel escenario». «París descubrió ese verano que tenía miles de muertes olvidadas en sus barrios obreros y que la maquinaria pública de protección no se había dado cuenta de nada hasta semanas después», apunta, y apostilla que «23 años después, aquel episodio sigue siendo el espejo incómodo en que la mayoría de países del sur de Europa evitan mirarse demasiado rato».

Y es que aquello «no fue una excepción sino el adelanto de un patrón global», según el cual la mortalidad no solo ha crecido un 23% desde los noventa, también lo ha hecho en cerca del 85% entre las personas de más de 65 años. Un aumento del número de decesos por calor que «depende a la vez del calentamiento, del envejecimiento de la población y, sobre todo, de la capacidad desigual de protegerse».

Los autores insisten en que la distribución geográfica y social de la mortalidad en las olas de calor sigue patrones reconocibles, donde los factores decisivos son la renta, la edad, las enfermedades previas y el género. «La edad y la enfermedad marcan quién es más frágil ante un mismo calor; la renta y las condiciones de vida marcan dónde se concentra esta fragilidad, quién está más expuesto y quién tiene menos capacidad de adaptarse», añaden. Y agregan que «la intensidad de la oleada explica por qué muere más gente un año que otro; la distribución de la renta, la vivienda y los cuidados explican quién muere concretamente cada año».

«La edad y la enfermedad marcan quién es más frágil ante un mismo calor; la renta y las condiciones de vida marcan dónde se concentra esta fragilidad, quién está más expuesto y quién tiene menos capacidad de adaptarse»

Lo ocurrido en 2003 fue un hito trágico, sobre todo a nivel europeo, pero el episodio que puso este asunto en los debates de salud pública internacionales se produjo en julio de 1995, cuando una ola de calor mató a 739 personas en Chicago en una sola semana. Y en el momento en que se superpusieron el mapa de la mortalidad y el mapa de la pobreza, ambos casi coincidían línea por línea. Los barrios afroamericanos del sur y del oeste, abandonados por décadas de desinversión comercial y con un tejido vecinal erosionado, concentraron la mayoría de víctimas.

Conclusiones propuestas

«Quien muere en una ola de calor lo hace por razones sociales antes que meteorológicas», insisten los autores de un trabajo del que extraen una serie de conclusiones, que parten de la situación concreta del área analizada -la provincia de Barcelona- pero que a grandes rasgos pueden ser ser extrapolables a otras zonas geográficas.

Así, indican que «la desigualdad ante el calor se explica por tres dimensiones con una raíz común», de modo que la exposición, la vulnerabilidad social (renta, edad, composición del hogar...) y la capacidad de respuesta «tienden a coincidir en los mismos barrios, porque la densidad, la renta baja y el parque envejecido se acumulan sobre unas mismas calles».

Explican, asimismo, que «el acceso a la refrigeración sigue el gradiente de renta», hasta el punto en que el porcentaje de viviendas con sistema de refrigeración pasa del 38,9% en los hogares de menos de mil euros al mes al 71,2% entre las de tres mil euros o más, con una media provincial del 57,2%. Por supuesto, las cifras son distintas en Euskal Herria, donde hasta ahora apenas han sido necesarios sistemas de refrigeración en los hogares. Hasta ahora.

Otro dato significativo es que «la transición energética, sin correctivos, reproduce la desigualdad con tecnología nueva», pues «la capacidad de generar energía propia se reparte al revés de la necesidad». El informe concreta que en el área metropolitana de Barcelona el potencial fotovoltaico en cubierta es de 9,9 kWh/m² en las secciones más vulnerables y de 27,2 kWh/m² en las menos, casi el triple. Asimismo, el autoconsumo se concentra en la vivienda unifamiliar de renta alta: el 80% de los expedientes de bonificación del IBI correspoden a esa tipología.

«La transición energética, sin correctivos, reproduce la desigualdad con tecnología nueva», pues «la capacidad de generar energía propia se reparte al revés de la necesidad»

En el trabajo se afirma también que el riesgo se concentra en los municipios que cumplen a la vez tres condiciones: renta baja, parque de vivienda deficiente y una exposición al calor por encima de la media. Advierte además de que los espacios verdes urbanos, que refrescan sin que nadie tenga que pagar ninguna factura, escasean donde más hace falta, dado que los municipios densos y más expuestos son los que menos tienen por habitante.

Siendo este el diagnóstico, el Idra cree que «la respuesta al calor extremo pasa por desplegar una transición energética justa», y propone diez medidas a aplicar en diferentes horizonte temporales: inmeditamente, en los próximos años y a largo plazo. Cada una de ellas debería regirse por tres decisiones redistributivas -a quién se prioriza, con qué instrumentos y con qué relación entre administraciones- para formar en conjunto «un marco de actuación flexible y no una receta única», pues «el peso de cada medida varía según la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de cada municipio».

Entre las medidas a aplicar de inmediato, que no transforman la raíz del problema pero reducen el daño mientras llegan las estructurales, menciona poner en marcha «programa público de acceso a la protección ante el calor extremo que debería combinar instrumentos universales para facilitar el acceso a sistemas de refrigeración eficientes -como incentivos fiscales y subvenciones- con instrumentos específicos de carácter redistributivo dirigidos a los colectivos más vulnerables».

También se propone garantizar el acceso universal a la energía, y para ello, fijar un mínimo vital energético que garantice a todos los hogares la energía necesaria para cubrir las necesidades básicas de la vida cotidiana; la reducción temporal del IVA sobre la electricidad durante los episodios de calor extremo; y la prohibición automática de los cortes de suministro eléctrico mientras estén activas las alertas por calor extremo. Junto a ello, y también de forma inmediata, establecer planes municipales de contingencia y seguimiento, y asegurar una red pública de espacios frescos, accesibles y cercanos.

De cara a los próximos años, los autores del informe proponen democratizar el acceso a las energías renovables, hacer una planificación de los usos de la refrigeración y adaptar todos los centros educativos a las nuevas condiciones climáticas.

Y con la mira puesta en un plazo más largo, hacia «una transformación más lenta y que precisa años o décadas, inversión sostenida y dirección política», se plantea acometer un gran programa de rehabilitación de viviendas, actualizar los criterios constructivos y aprobar programas de renaturalización urbana.

Medidas estructurales que servirán para atajar la mortalidad por calor sin el filtro arbitrario de la renta y que visto lo que nos viene encima deberíamos apuntar en la agenda también para Euskal Herria.