La industria textil y de la confección en México, un sector históricamente estratégico para la manufactura nacional, esconde una realidad alarmante de precariedad, violencia y desigualdad estructural. Según el reciente informe “Hilando el cambio. Hacia un trabajo justo en la industria maquila-textil en México”, el tejido productivo de este sector se sostiene mayoritariamente sobre los hombros de miles de mujeres que enfrentan barreras sistémicas para acceder a un trabajo digno.

El estudio, impulsado por Oxfam México, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Ethos Innovación en Políticas Públicas y la Fundación Avina bajo la iniciativa UNIDAS, y financiado por la Unión Europea, desentraña las complejas dinámicas de explotación que rigen en la actualidad.

«Hay un ciclo de precarización en el que las mismas mujeres enfrentan múltiples barreras a la vez que limita su estabilidad y desarrollo laboral», afirmó Brando Fisher, del think tank Ethos Innovación en Políticas Públicas, en la presentación del informe en Ciudad de México.

Fisher explicó que las mujeres que trabajan en la maquila al confeccionar prendas de vestir se enfrentan a un empleo «intensivo» que conlleva mucho desgaste físico, en un contexto de precarización sin acceso, en muchos casos, a futuras prestaciones de la seguridad social.

Según apunta el informe, hay muchas barreras de género en la industria textil, así como una «violencia generalizada» que afecta a las mujeres, quienes sufren acoso, hostigamiento o casos de discriminación por embarazo.

Las trabajadoras de maquila-textil dedican asimismo una media de 52 horas semanales a labores fuera de su ocupación profesional a labores domésticas y de cuidado, frente a las 36 horas de los hombres, señala el estudio.

Ante este panorama, Mercedes Ramírez, de la asociación feminista ProDesc, remarcó que no se trata de casos aislados, sino que es «un modelo productivo que continúa trasladando los costos de la competitividad a las personas trabajadoras».

«No se trata únicamente de mejorar procedimientos administrativos o aumentar el número de inspecciones. Se trata de transformar las condiciones estructurales que permiten que la precarización, la discriminación y la violencia continúen siendo parte del funcionamiento cotidiano de esta industria», sentenció la activista.

En la presentación del estudio, llevada a cabo la pasada semana, también estuvo presente Lorenza Moreno, trabajadora de maquila en la fronteriza Ciudad Juárez desde 1993, quien aseguró que llegó a «normalizar situaciones que eran en realidad violencia a mis derechos laborales».

Puso de ejemplo su propia experiencia y recordó que un día sufrió un accidente laboral, tras lo cual su empresa se negó a reconocerlo como una lesión ocasionada por el riesgo que conlleva su trabajo.

«Me dijeron que había pasado mucho tiempo y que era muy difícil reconocer el accidente como riesgo de trabajo. Fue un proceso muy largo y desgastante. Aparte del dolor físico, sentía mucha impotencia», señaló.

«NO ESTAMOS SOLAS»

Moreno lamentó que muchas trabajadoras del sector textil «prefieren no usar los servicios médicos», pero agregó que, en su caso, «no estaba sola» y una organización le ayudó a conocer «cuáles eran mis derechos», lo que permitió que la empresa, finalmente, reconociera el accidente.

«Decirle a las mujeres trabajadoras que no estamos solas. Busquen información, documenten lo que está ocurriendo, pidan asesoría, acérquense a organizaciones y colectivos que puedan acompañarlas», concluyó.

Los datos estadísticos que presenta la investigación respaldan los testimonios de las trabajadoras. Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), el 96,4% de las unidades dedicadas a la fabricación de prendas de vestir son microempresas, muchas de las cuales no cuentan siquiera con una instalación física fija -la actividad se desarrolla en domicilios o en talleres improvisados o ambulantes- y el 81,6% del total opera en la informalidad.

Incluso en el que se supone que es empleo formal, las organizaciones que han llevado a cabo el estudio hablan de una «formalidad simulada», que se traduce en prácticas laborales y legales arbitrarias. Detallan, por ejemplo, lo que ocurre con los registros ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): los empresarios inscriben a las trabajadoras con el salario mínimo legal, aunque sus ingresos reales dependan de la producción. Este hecho reduce la base de cotización para futuras pensiones y subsidios por incapacidad, entre otras prestaciones. A esto se añade el recurso recurrente a los contratos temporales de corta duración, de manera que las operarias no puedan acumular antigüedad. Para poder obtener un salario que les permita subsistir, algunas completan jornadas extenuantes de hasta 69 horas semanales.

El informe también documenta una enorme brecha ocupacional y salarial entre hombres y mujeres. Aunque el 66% de la fuerza laboral en la confección son mujeres, su ingreso medio mensual es de 5.387,38 pesos (unos 270 euros), en comparación con los 9.282,15 pesos (alrededor de 465 euros) que perciben los hombres. Se citan incluso casos de personas que trabajan sin recibir remuneración económica alguna, el 89% de las cuales son mujeres.

ELLOS MANDAN

Esta disparidad responde a la concentración masculina en los puestos de jefatura, gerencia y mantenimiento: un 10,13% de los trabajadores ocupa cargos directivos o profesionales, frente a un 3,83% de las trabajadoras, que habitualmente quedan relegadas a labores de costura, remate y ensamblaje.

Además, la reducción de la supervisión estatal del cumplimiento de la legislación laboral agrava la situación. Las inspecciones federales cayeron más de un 60% en la última década, al pasar de 128.864 en 2015 a 48.000 en 2023, de las cuales solo el 1,29% se dirigió al sector textil. Actualmente, México registra 1,1 inspectores por cada 100.000 trabajadores, y 23 de las 32 entidades federativas del país se han declarado incompetentes para auditar al sector, lo que perpetúa problemáticas como las descritas en el informe.

Indarkeria matxista, langileen errutina ankerraren parte

Mexikoko ehungintza-sektorean dabiltzan emakumeak ez dira soilik prekaritatearen biktima, indarkeria matxista ere ekoizpen-lerroetako langileen eguneroko gogorraren parte baita.

“Hilando el cambio” txostenak xehe-xehe jasotzen du jazarpena eta umiliazioa behargin hauen eguneroko errutinaren parte direla. Enpresaburu eta arduradunek irainak eta ahozko bestelako erasoak etengabe erabiltzen dituzte, lan-erritmoa bizkortzeko eta ezarritako kuotak betetzen direla bermatzeko.

Horri gehitu behar zaio amatasunagatiko diskriminazioa etengabeko praktika dela: enpresek haurdunaldi-probak eskatzen dituzte kontratazio prozesuan, eta emakumeak haurdun geratu bezain pronto kaleratzen dituzte. Langileen kontrola ere itogarria da; besteak beste, komunera joatea propio debekatzen diete, ekoizpena eten ez dadin. GARA