Las ONG No Name Kitchen y Asociación Elín, que asisten estos días a los migrantes que entraron la semana pasada en Ceuta, han denunciado este martes un trato inhumano por parte del Gobierno, con falta de acceso a agua y comida y el empleo de violencia en las devoluciones a Marruecos.

La coordinadora de No Name Kitchen, Francesca Fusaro, ha denunciado en declaraciones a la agencia Efe que debido al hambre, la sed y la insalubridad de estar en la calle, la gente está «desesperada» y al borde del desmayo, por lo que acaba aceptando volver a Marruecos: «Es una forma muy fea de hacer las cosas», ha lamentado.

Según su experiencia en el terreno, hay muchas personas que aún no han comido nada desde el pasado jueves porque, aunque ha habido algún reparto puntual de comida, estos han sido «muy pequeños» en relación con las personas con necesidades que permanecen en la ciudad.

Búsqueda por «perfil racial» y «devoluciones forzosas»

En su opinión, existe una «voluntad política» de «más violencia que acogida» y las devoluciones de personas a Marruecos se están llevando a cabo a través de una búsqueda por la ciudad basada en el perfil racial por parte del Ejército y las fuerzas de seguridad, que meten a las personas en furgonetas y las llevan hasta el país vecino.

La Asociación Elín, que trabaja en Ceuta desde 1999 protegiendo a las personas migrantes, también ha denunciado a través de sus redes sociales la «deshumanización» y «desatención sistemática» que sufren las personas que siguen en la ciudad, muchas de ellas procedentes de contextos de alta vulnerabilidad como Sudán o Chad.

«Llevar a una persona al límite de su resistencia física y psicológica es una crueldad con consecuencias irreversibles para su salud y su integridad», han subrayado en un comunicado.

Aseguran que estas personas no tienen acceso a recursos básicos como alimentación, descanso o asistencia sanitaria ni a otros derechos como información adecuada o la posibilidad de pedir protección internacional.

Como ejemplo, esta entidad denunció ayer en sus redes sociales el corte del único punto de agua potable que había en la playa del Trampolín, donde permanecen miles de migrantes, suministro que ha sido restituido este martes, según ha comunicado la asociación.

Coinciden desde esta entidad en que esta forma de actuar no es una negligencia, sino «una decisión política» que condena a seres humanos a una «vulnerabilidad extrema» y «un desamparo absoluto», por lo que piden la implementación de protocolos de atención humanitaria reales y la habilitación de espacios de acogida dignos.