El Parlamento de Turquía ha aprobado este lunes un proyecto de ley destinado a suspender investigaciones, juicios y ejecución de condenas de los miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) tras el anuncio de su disolución y el fin de la lucha armada.

La iniciativa ha salido adelante con 468 votos a favor, 88 en contra y seis abstenciones, tras dos horas de debate en la cámara, según recoge la agencia de noticias Anatolia.

El AKP, el partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, había presentado la ley junto a su socio en el Gobierno, el ultranacionalista MHP, que había propuesto a finales de 2024 el proceso de negociación con el PKK.

A los votos de AKP y MHP se ha sumado en bloque el DEM, con 56 escaños, el partido izquierdista que defiende los intereses de la minoría kurda de Turquía y que ha facilitado los contactos entre el Gobierno y el fundador del PKK, Abdullah Öcalan, encarcelado en Turquía desde 1999.

Han votado también a favor la gran mayoría de los diputados del Yeni Parti (Nuevo Partido), que desde su escisión del socialdemócrata CHP el mes pasado es la principal fuerza opositora de Turquía, con 91 escaños.

Suspenso de condenas pero con excepciones

En concreto, la legislación establece un marco jurídico para suspender entre cinco y diez años las investigaciones penales, los procesos judiciales y la ejecución de determinadas penas de prisión a miembros del PKK una vez que el grupo y todas sus estructuras hayan puesto fin a su actividad armada. Sin embargo, no prevé una amnistía general. 

No obstante, excluye aquellos procesos relacionados con homicidios y delitos cometidos antes del 1 de junio de 2005 que conlleven penas de cadena perpetua o cadena perpetua agravada, dejando fuera así a Ocalan. El mecanismo podrá entrar en vigor únicamente después de que el Consejo de Seguridad Nacional turco confirme que el grupo ha entregado las armas al Estado.

Este mismo lunes, el PKK ha denunciado «graves errores y deficiencias» de este proyecto alegando que excluye «la solución del problema kurdo y la democratización».

La formación, que anunció en mayo de 2025 su disolución y el fin de la lucha armada, ha exigido además garantías para que los miembros que renuncien a desarmarse puedan participar en la vida política democrática sin riesgo de ser encarcelados por sus declaraciones.

El destino de Abdullah Öcalan sigue sin resolverse tras el proyecto de ley aprobada este lunes. No obstante, la prensa turca estima que beneficiará a unos 3.600 presos en Turquía y varios miles de exguerrilleros exiliados.