El 15 de agosto de 2026 marcará cinco años desde que los talibanes regresaron al poder en Afganistán. En este lustro, el movimiento ha transformado el «Emirato» en un régimen con mayor capacidad administrativa, control territorial casi absoluto y una diplomacia pragmática que le permite negociar con vecinos y potencias regionales, aunque sin reconocimiento internacional pleno, por ahora. Sin embargo, esta fortaleza institucional se ha construido sobre una represión sistemática que ha convertido al país en una de las crisis de derechos humanos más graves del planeta, especialmente para mujeres, niñas, periodistas y disidentes.

Tras asumir el control, los talibanes prohibieron a las mujeres y niñas el acceso a la educación secundaria y universitaria, restringieron severamente su empleo, libertad de expresión y movimiento fuera del hogar, y sometieron a periodistas, activistas y críticos a intimidación, detenciones arbitrarias y tortura. Varios cientos de miembros de las fuerzas de seguridad del anterior Gobierno han sido víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La exclusión de las mujeres, una marca que apenas ha cambiado desde el primer «Emirato» (1996-2001), se ha endurecido.

La activista Nahid Noori sostiene que algunas políticas actuales son incluso más restrictivas que las de hace tres décadas. «Las afganas siguen excluidas de la educación secundaria y universitaria y de buena parte del empleo y la vida pública», mientras sucesivos decretos han limitado su movilidad y presencia en espacios públicos.

A esta crisis de derechos se suma una emergencia humanitaria prolongada. Tras el corte de la mayor parte de la ayuda exterior, la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y médica. Más de 3,7 millones de niños enfrentan malnutrición aguda y los servicios de salud están severamente debilitados. Las devoluciones masivas de refugiados desde Pakistán e Irán han agravado la situación, ya que la mayoría carece de vivienda y medios de subsistencia.

En el plano político, el poder continúa altamente concentrado en torno al líder supremo talibán, Hibatulá Akhundzada, instalado en Kandahar. No existen elecciones generales ni oposición política con capacidad para disputar el poder, y los medios de comunicación trabajan sometidos a fuertes restricciones. Paradójicamente, una de las mayores diferencias con la década de 1990 está en la comunicación: los talibanes actuales emplean intensamente las redes sociales para difundir mensajes.

La comunidad internacional ha comenzado a moverse hacia la rendición de cuentas. En 2025, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto y se creó un mecanismo de investigación de la ONU, aunque la impunidad de las últimas décadas sigue siendo la norma.