Asier Robles
Aktualitateko erredaktorea / Redactor de actualidad

Tras una larga lucha, el Pazo de Meirás ha sido declarado Lugar de Memoria

El Pazo de Meirás, residencia de verano de Franco durante décadas y símbolo del poder franquista en Galiza, ha sido declarado Lugar de Memoria Democrática. El reconocimiento culmina años de movilización social y una batalla judicial que permitió recuperar el inmueble para el patrimonio público.

Vista exterior del Pazo Meirás.
Vista exterior del Pazo Meirás. (Adrián Irago | EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración como Lugar de Memoria Democrática del Pazo de Meirás, un edificio construido a finales del siglo XIX en Sada (A Coruña), que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco.

La resolución, tramitada conforme a la Ley de Memoria de Democrática, destaca que Meirás, también conocido como 'Torres de Meirás', constituye «uno de los espacios más significativos» para comprender la historia contemporánea de Galiza y el Estado español. 

La publicación oficial recuerda que la dictadura franquista convirtió este inmueble «en uno de sus principales símbolos de poder» de la dictadura. Según el BOE, fue un «lugar esencial» para la memoria democrática durante la Guerra del 36. Así, recuerda que en marzo de 1938 se creó la 'Junta Pro-Pazo del Caudillo' para comprar este inmueble y entregárselo a Franco.

La compra, que se formalizó el 3 de agosto de 1938, se financió mediante aportaciones forzosas de ayuntamientos, funcionarios y particulares. Además, los terrenos se ampliaron mediante expropiaciones realizadas sobre propiedades vecinas. El inmueble se le entregó a Franco en diciembre de 1938. En 1941, se simuló una escritura de compraventa para poder registrar el Pazo a su nombre, pero décadas después, los tribunales declararon esta operación fraudulenta, tras acreditar que la Junta ya había adquirido la propiedad y se la había donado como jefe de Estado. 

El Pazo de Meirás funcionó entre 1938 y 1975 como residencia oficial de verano del dictador y como uno de los principales escenarios del poder franquista. En sus dependencias se celebraron consejos de ministros, audiencias oficiales, recepciones diplomáticas y reuniones políticas de relevancia. 

Como residencia oficial, el inmueble fue utilizado por la propaganda del régimen para proyectar la imagen pública del dictador y escenificar la adhesión popular al franquismo. El Pazo se convirtió así en «uno de los espacios más representativos del ejercicio del poder durante la dictadura», concluye el BOE. 

La movilización que abrió el camino a la recuperación

La declaración como Lugar de Memoria Democrática culmina una larga disputa por la propiedad y el significado del Pazo de Meirás. Durante décadas, la familia Franco mantuvo el inmueble como patrimonio privado.

La reclamación para recuperar el pazo cobró especial fuerza en 2017. Ese año, un grupo de activistas, los llamados «19 de Meirás», realizó una ocupación simbólica del inmueble para reivindicar que pasara a manos públicas. La acción provocó una denuncia de la familia Franco y acabó convirtiéndose en uno de los episodios más visibles de la movilización por la recuperación del patrimonio vinculado al dictador. Los activistas continuaron reclamando que el pazo fuese destinado a la recuperación de la memoria histórica y denunciaron que la propiedad de los Franco era consecuencia de un expolio. 

En paralelo, las administraciones fueron impulsando la vía jurídica. La Abogacía del Estado presentó finalmente una demanda contra los herederos de Franco, respaldada por la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña. En septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña falló a favor del Estado y ordenó a la familia devolver el inmueble sin ser indemnizada por los gastos de mantenimiento. 

El 10 de diciembre de 2020, tras 82 años en manos de la familia Franco, el Pazo de Meirás pasó a formar parte del patrimonio público mediante la ejecución provisional de aquella sentencia. 

La declaración publicada ahora en el BOE añade una nueva dimensión a aquel proceso: ya no se trata solo de reconocer la titularidad pública del inmueble, sino de reconocer oficialmente su valor como espacio fundamental para comprender la dictadura franquista y preservar la memoria democrática.