Arranca el juicio a dos mossos por el caso que acabó con las balas de goma en Catalunya

Esta mañana ha empezado en Barcelona el juicio contra dos agentes de los Mossos d'Esquadra imputados por el caso Quintana, a los que la fiscalía y la acusación señalan como responsables de lanzar el proyectil que dejó sin un ojo a Ester Quintana durante la huelga del 14 de noviembre 2012. La escandalosa gestión posterior provocó varias dimisiones y relevos tanto políticos como policiales, y abrió un debate que acabó con la prohibición de las balas de goma.

El 14 de noviembre de 2012, Ester Quintana resultó gravemente herida durante una carga policial de los Mossos d'Esquadra contra una manifestación que recorría las calles de Barcelona en el marco de la huelga general convocada aquel día. Tres años y medio más tarde, un subinspector y un escopetero de los Mossos d'Esquadra se han sentado hoy en el banquillo de los acusados, imputados como responsables del lanzamiento del proyectil que impactó contra el ojo de Quintana.

La fiscalía pide para ambos dos años de cárcel por imprudencia grave, pero no voluntaria. Una involuntariedad que las abogadas de la defensa rechazan, argumentando que ambos policías eran conscientes de las graves consecuencias que implicaba disparar en aquel momento. Es por ello que elevan la petición de prisión a los nueve años. Según explica ‘La Directa’, la defensa de los acusados defenderá que los dos imputados no son autores del lanzamiento que hirió a Quintana, hecho que achacan a un tercer agente no imputado.

En cualquier caso, la propia defensa reconoce que Quintana fue lesionada por el lanzamiento de un proyectil por parte de los Mossos d'Esquadra, algo que las autoridades tardaron tres años en reconocer. Eso sí, en contra de lo argumentado por fiscalía y la acusación, la defensa insiste en que el arma con el que fue lesionada Quintana fue una bala de ‘foam’, menos lesiva que la bala de goma. Una versión que contradice, según apuntan en el semanario catalán, la versión que el entonces conseller de Interior, Felip Puig, dio en el Parlament el 13 de diciembre de 2012.

Declaraciones a lado y lado

A las puertas de la Ciutat de la Justícia, Quintana ha considerado hoy que «el juicio público, de cara a la sociedad», ya se ha ganado, tras lo cual ha agradecido «la solidaridad y el apoyo» recibido durante este tiempo. Según ha recogido el diario ‘Ara’, su abogada, Laia Serra, ha descrito estos años de proceso judicial como «un combate desigual» que espera igualar durante el juicio con «argumentos y pruebas».

Al otro lado del caso, el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, se ha referido al juicio en el marco del día de las escuadras, celebrado justamente esta mañana. «No puedo ni quiero dejar de mencionar que mientras hoy celebramos esta jornada, dos profesionales de la brigada móvil comparecen ante un tribunal para defender su inocencia», ha arrancado Trapero, antes de alertar contra la «banalización de la presunción de inocencia de las personas».

«No escondemos nada, simplemente no sabemos más», ha añadido Trapero, que ha querido «mostrar públicamente el apoyo al subinspector y al agente que hoy no pueden estar aquí». El jefe de la policía catalana ha recordado que ya pidió perdón públicamente a Quintana: «Reconocí públicamente que tengo pocas dudas de que la lesión de la señora Quintana la causó el cuerpo de Mossos d'Esquadra, en el marco de un dispositivo de restablecimiento del orden público». Tres años tardó en hacerlo.

Tres semanas para dirimir la responsabilidad penal

De hecho, la Generalitat de Catalunya asumió de facto la responsabilidad de los Mossos d'Esquadra en la vertiente civil del caso, en la que decidió indemnizar a Quintana con 261.000 euros como gesto de buena voluntad.

Las responsabilidades penales se dirimirán ahora en el juicio que ha arrancado hoy con las cuestiones previas y que seguirá mañana con la declaración de la propia Quintana. El juicio oral durará hasta tres semanas, durante las cuales pasarán ante el juez, como testimonios, todos los cargos políticos y policiales con responsabilidades en el momento de los hechos, muchos de los cuales ya no están en sus puestos.

Destituciones, dimisiones, debate parlamentario y prohibición

La desastrosa gestión político-policial del caso Quintana, en el que las versiones oficiales fueron cayendo una tras otra, implicaron la destitución de cargos policiales como el comisario general de Recursos Operativos, Sergi Pla. También fue reemplazado el inspector de la brigada móvil, Manel Hermida. El caso también dejó tocado al entonces director general de la policía, Manel Prat, que aseguró que dimitiría si se demostraba que Quintana fue herida por una bala de goma de los Mossos. Finalmente, Prat presentó su dimisión el 27 de mayo de 2014, en pleno conflicto por el desalojo del Centro Social Autogestionado Can Vies.

La principal cara pública del caso, sin embargo, fue el entonces conseller de Interior, Felip Puig, encargado de defender en sede parlamentaria versiones de los hechos posteriormente desmentidas. Poco después de los hechos, con el nuevo Govern fruto del acuerdo entre CDC y ERC (la huelga general se produjo en plena campaña electoral catalana), Puig fue relevado al frente de la conselleria de Interior. Pasó a ocupar la cartera de Industria hasta este enero, en el cual quedó fuera del nuevo ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont.

Las versiones oficiales fueron cayendo gracias a los testimonios aportados por infinidad de personas presentes en el lugar de los hechos y gracias a la presión social generada, que llegó al Parlament, donde tras el trabajo de varios meses en comisión parlamentaria, el pleno decidió finalmente vetar las balas de goma del arsenal de los Mossos d'Esquadra. Desde entonces, la policía catalana utiliza solo proyectiles de foam disparados con lanzadoras GL-06. Un armamento utilizado también por la Ertzaintza, que sin embargo no ha retirado de sus arsenales las pelotas de goma.