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Bruselas reclama cinco millones a Athletic y Osasuna pese a no haber incumplido la ley

La Comisión Europea ha anunciado hoy el resultado del expediente abierto por una denuncia anónima sobre cuestiones fiscales. Castiga a Athletic y Osasuna a pagar cinco millones de euros al considerar que han disfrutado de una tributación favorable por no haberse convertido en sociedad anónima deportiva. Lo curioso es que fue la ley estatal la que les permitió hacerlo.

Último derbi disputado en Iruñea entre Osasuna y Athletic, en junio de 2014. (Jagoba MANTEROLA / ARGAZKI PRESS)

En 1990, una ley estatal destinada a poner orden en el descontrol económico de la Liga impuso a los clubes la obligación de convertirse en sociedades anónimas deportivas (SAD). Hizo solo cuatro excepciones: Real Madrid, Barcelona, Athletic y Osasuna, dado que eran los únicos clubes grandes que no habían tenido pérdidas en los cuatro ejercicios anteriores y tenían por tanto un patrimonio saneado. Ahora, más de un cuarto de siglo después, la Comisión Europea condena a los cuatro a pagar cinco millones de euros en cada caso argumentando que ello conlleva un régimen fiscal favorable, al no haber quedado sometidas a la tributación por sociedades.

La decisión probablemente será recurrida, por lo que el asunto puede alargarse. El expediente fue abierto por una denuncia anónima, hace un par de años, y hoy se ha comunicado su resultado. La CE califica el caso como «ayudas públicas ilegales millonarias concedidas por España», lo que crea un plus de confusión puesto que Athletic y Osasuna tributan en las haciendas forales y precisamente es una ley de alcance estatal la que les posibilitó esta excepción.

Sí que encajan mejor en la definición de la Comisión Europea el resto de aspectos incluidos en esta decisión. En el mismo expediente se ha resuelto reclamar al Real Madrid la devolución de 18,4 millones de euros por la cesión de terrenos hecha en su día por el Ayuntamiento de la capital española, mientras que Valencia, Hércules y Elche deberán reintegrar 20,4 millones, 6,1 y 3,7 respectivamente por avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas con dinero público.