Navarra Suma y PSN unen sus votos para recortar los derechos de los euskaldunes en Iruñea
Entre críticas de «euskarafobia» por parte de EH Bildu y Geroa Bai, Navarra Suma y PSN han unido sus votos para sacar adelante la nueva ordenanza del euskara del Ayuntamiento de Iruñea, que en la práctica supone volver a una normativa incluso más regresiva para los euskaldunes que la ordenanza de 1997.
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El pleno, que se ha prolongado por una hora y cuarto, ha comenzado con la intervención de Agurne Gaubeka, directora de Behatokia, quien ha solicitado, entre otras cuestiones en favor del euskara y de los euskaldunes, que no se dé una discriminación hacia los ciudadanos en virtud de la lengua y ha puesto de relieve el retroceso que supone la ordenanza de Navarra Suma. Por estos motivos, ha pedido que se retire la propuesta.
La concejala de Cultura, María García Barberena, ha sido la encargada de defender el texto presentado por Navarra Suma asegurando que con la nueva ordenanza «se busca adaptar la lengua a la realidad y se protege derechos», frente a la aprobada en mayo, que «se sitúa fuera del marco legal por la valoración del euskara para el acceso a la función pública y hace un uso indiscriminado del bilingüismo».
Ha insistido en que la ordenanza de Navarra Suma «recupera casi en su integridad la ordenanza de 1997, que se fue adaptando siendo modificada hasta en cuatro ocasiones» y que «responde a la legislación vigente», además de «garantizar los derechos de los ciudadanos como deben ser en la Zona Mixta».
García Barberena ha reconocido que se han introducido dos cambios en la ordenanza del 97 y que consisten en que «se contestará en bilingüe cuando alguien plantee alguna cuestión al Ayuntamiento en euskara» y que la valoración de esta lengua como mérito en las oposiciones «dependerá de las características del puesto de trabajo». Dos diferencias respecto al texto de 1997.
El portavoz del grupo municipal de EH Bildu, Joseba Asiron, ha insistido en que «no es la normativa de 1997» la presentada por Navarra Suma y ha recordado las modificaciones introducidas en ese texto. Además, ha destacado que «UPN nunca ha cumplido la norma de ese año».
Asiron ha sido contundente al señalar que la política lingüística de Navarra Suma «se define con una palabra: euskarafobia« y, por ese motivo, ha concluido que «no se puede dejar la política lingüística de Pamplona en manos de quien persigue y odia el euskara, en quien practica la euskarafobia».
Ha puesto el acento en que «debería preocuparnos proteger su recuperación, como fija la Ley del Euskara» y en ese sentido, ha recordado que sólo el 3,89% de los trabajadores del Ayuntamiento «tienen perfil de euskara, ¡qué terrible imposición!», ha ironizado. Acto seguido ha indicado que «tenemos que actuar» para que suba ese porcentaje, porque «hay una discriminación» respecto al número de euskaldunes de la ciudad. Y ha puesto de relieve que «miles de pamploneses quieren que se impulse el euskara, como sucede con mi madre, que no sabe euskara, y le pediría a la concejala García Barberena que no hable en su nombre».
La portavoz del grupo municipal del PSN, Maite Esporrín, ha asegurado que su grupo «no está en contra del euskara, porque es una lengua nuestra y debemos protegerla y fomentarla desde la Administración pública». Sin embargo, acto seguido, ha secundado los argumentos ofrecidos por Navarra Suma para defender la nueva ordenanza.
En este sentido, ha criticado la ordenanza aprobada en mayo, ya que «no se debe imponer el euskara y utilizarlo para discriminar a la mayoría de la población en el acceso a los puestos de trabajo públicos del Ayuntamiento». En su opinión, con la norma de Navarra Suma «evitamos imposiciones y discriminaciones».
Por su parte, Patxi Leuza, portavoz del grupo de Geroa Bai, ha señalado que le produce «tristeza que el euskara sea un punto de confrontación». Ha puesto de relieve que «no puede utilizarse el argumento de cuántas personas lo hablan» y ha recalcado que «no es cierto que se vuelva a la ordenanza del 97. Es peor, cuando esto ha cambiado mucho en 22 años».
Leuza ha asegurado que «puedo entender que se cuestionen los méritos para acceder a la administración, pero en el resto de cuestiones, no». Ha afirmado con rotundidad que«nunca permitiría que se marginase el castellano, pero ustedes lo hacen con el euskara, una lengua de esta tierra» y ha puesto de relieve que la ordenanza de mayo «no recorta los derechos de igualdad a nadie, al contario de esta norma, que recorta los derechos de los euskaldunes».
Geroa Bai ha presentado siete enmiendas a la norma de Navarra Suma, de la que solo ha prosperado la realizada al artículo 15 con el apoyo de todos los grupos. Tiene un carácter técnico y establece que «los niveles de conocimiento de euskera que se deberán acreditar en los puestos bilingües serán, dependiendo de las características del puesto, B1, B2 o C1 de los establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas».
Además, fija que «el nivel de conocimiento B1 podrá ser exigido únicamente en aquellos puestos bilingües de nivel D o E que no tengan entre sus funciones principales las administrativas». Y finalmente, «la exigencia del grado equivalente a C2 estará reservada a puestos de nivel A cuyas funciones tengan relación directa con contenidos de carácter lingüístico».