Aierdi anuncia un acuerdo con Testa que permitirá a los inquilinos permanecer en sus casas
El vicelehendakari José María Aierdi ha anunciado que el Gobierno navarro ha alcanzado un acuerdo con el fondo buitre Testa, que dispone de 390 viviendas en Nafarroa, por el que los inquilinos que se enfrentaban a un incremento notable de sus alquileres podrán permanecer en sus viviendas.
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El Gobierno navarro ha alcanzado un acuerdo con el fondo buitre Testa por el que las personas que se encontraban en riesgo de perder sus viviendas ante el aumento del alquiler anunciado podrán seguir en sus casas.
Aierdi, que ha comparecido junto al director de Vivienda, Eneko Larrarte, ha explicado que hoy han mantenido una reunión con el director general de Testa y otros responsables del fondo y que la empresa ha asumido el planteamiento del Gobierno de que el alquiler máximo sea de 650 euros al mes por las viviendas de tres dormitorios. Las viviendas de dos y un dormitorio tendrán un precio máximo inferior que se fijará este viernes.
Junto a ello, el Gobierno navarro se ha comprometido a mantener el porcentaje de subvención que cuentan actualmente los inquilinos en la misma cantidad que suban los alquileres. Se estima una aportación suplementaria de 100.000 euros al año para las arcas forales.
Siete años de vigencia
Asimismo, Aierdi ha explicado que esta situación se alcanzará a través de un nuevo contrato con una vigencia de siete años, lo que, a su juicio, dotará de estabilidad a los inquilinos. En este sentido, ha destacado que la solución es con carácter retroactivo al 1 de enero de este año, por lo que los contratos con alquileres de hasta 800 euros que han recibido algunos inquilinos quedarán sin efecto.
Aierdi también ha hecho referencia a que esta situación se debe al modelo de vivienda protegido que la Administración navarra articuló hace 20 años y a que las casas han perdido la protección transcurrido este periodo de tiempo. Se estima que son una 900 las viviendas que podrían encontrarse en esta situación.
Frente a ello, ha abogado por un nuevo modelo de vivienda pública, en el que la Administración mantenga la propiedad transcurrido el periodo de protección. De este modo, ha señalado que el objetivo de esta legislatura es duplicar el parque de vivienda pública, que actualmente ronda el millar de casas.
PAH: «No soluciona el problema»
Aierdi y Larrarte también se han reunido hoy con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), a quien han informado de los planteamientos realizados a Testa. En una nota hecha pública tras la reunión, esta plataforma ha alertado de que «todavía no hay acuerdo cerrado con el fondo buitre que dé una solución definitiva a las familias».
En este sentido, la PAH subraya que un alquiler de 650 euros no soluciona el problema, ya que muchas familias verían incrementado el alquiler hasta 200 euros al mes, «lo que conllevará que muchas se queden en la calle por no poder asumir el alquiler». Testa tiene que responder al Gobierno sobre la solicitud de que esos 650 euros se apliquen únicamente a las viviendas de tres dormitorios, mientras que las de dos y uno tengan un alquiler inferior.
«Temos que esperar a la semana próxima a ver la posición del fondo buitre, ya que el hecho de que las rentas mensuales puedan mantenerse pasa necesariamente porque acepten un alquiler mensual inferior a los 650 euros establecidos como precio máximo», ha añadido la PAH.
Testa: «No somos un fondo buitre»
En una nota enviada la agencia Efe, Testa Residencial ha negado ser «un fondo buitre» y ha reivindicado su carácter de «empresa española que desarrolla un alquiler profesional y responsable, que ofrece seguridad y transparencia en la relación con sus inquilinos».
Junto a ello, ha destacado que ha sido «sensible» a los requerimientos de los inquilinos y del Gobierno navarro para «garantizar la asequibilidad» del arrendamiento a sus actuales ocupantes.
«Somos una de las empresas más importantes de Europa en gestión de arrendamientos residenciales y socialmente responsable, ya que contamos con un protocolo especial para casos de vulnerabilidad con el fin de detectar situaciones especiales y actuar en consecuencia», ha añadido.
Asimismo, asegura que «agotamos todas las vías y procedimientos legales antes de llevar a cabo un lanzamiento forzoso de los inquilinos morosos, una medida excepcional y de último recurso».