Más de 300 ciudadanos vascos, a la espera de no hacer la peligrosa vuelta diaria a prisión

De las casi 50.000 personas presas en el conjunto del Estado español, algo más de 8.000 están en situación de tercer grado o régimen abierto, de modo que entre semana tienen que pernoctar habitualmente cuatro días en prisión. En un estado de alarma que impone el confinamiento y limita al máximo los movimientos de personas para evitar contagios, el sinsentido era tal que Instituciones Penitenciarias anunció el miércoles noche que todos ellos iban a ser excarcelados.

De momento, el criterio fijado a nivel estatal solo ha sido llevado a la práctica por una administración que tiene autonomía competencia en este ámbito. El Departamento de Justicia de Catalunya ha dado a conocer que 251 presos en tercer grado no deben volver a la cárcel. Explica que se basa para ello en el artículo 86.4 del reglamento penitenciario, que permite a las juntas de tratamiento acordar que los presos en tercer grado duerman en su domicilio los siete días de la semana.

A la espera de que el Gobierno español materialice su compromiso (la directriz filtrada el miércoles no ha sido oficializada) continúan por contra esos 8.000 prisioneros del resto del Estado. Por extrapolaciones sobre el contingente total de prisioneros, el número de ciudadanos vascos entre ellos puede superar los 300.

Se trata de personas que, normalmente de lunes a jueves, acuden a pernoctar a los Centros de Inserción Social dependientes de las cárceles. En realidad, solo en Iruñea hay CIS como instalación al margen del penal, mientras que en Basauri, Zaballa y Martutene estas dotaciones se encuentran insertas en la prisión.

Si no acudieran a prisión el riesgo de contagios descendería notablemente. Serían controlados bien de todo telemático o simplemente telefónico.

Los de segundo grado con 100.2, peor

Tras la filtración del miércoles, Instituciones Penitenciarias ha precisado que esta medida no será extensiva a los presos que estén en segundo grado pero acogidos al régimen de flexibilidad que otorga el artículo 100.2. En esa situación se encuentran por ejemplo los líderes independentistas catalanes y también algunas decenas de presos políticos vascos, de los que algunos pocos están logrando permisos de salida ordinarios (de cuatro o seis días) dentro de la batalla legal de EPPK. En tercer grado en CIS solo hay uno, el durangarra Gorka Fraile, en Iruñea.

Se da la paradoja de que, al contrario de lo que ocurre con los de tercer grado, las decisiones derivadas de la crisis del coronavirus han colocado a estos presos en segundo grado del 100.2 en una situación peor, dado que se han suspendido esos permisos de salida o salidas culturales para evitar riesgos sanitarios.

«Los internos clasificados en 100.2 no tienen posibilidad de pernoctar en sus domicilios ni de acceder al control telemático –aclara Prisiones–, salvo que lo haya autorizado previamente el juez en su plan de tratamiento individualizado».