Arriola se salta dos semanas los plazos para responder con evasivas sobre el vertedero de Zaldibar

El parlamentario del PP Carmelo Barrio requirió el 12 de febrero al Departamento de Medio Ambiente información sobre el vertedero de Zaldibar y la relación con la empresa Verter Recycling. La pregunta pasó por la Mesa el 18 de febrero y se remitió al Gobierno al día siguiente.

El plazo para remitir la información a la Cámara vencía el 18 de marzo, pero no ha llegado hasta este viernes 3 de abril. El Ejecutivo cuenta con la aquiescencia de la Mesa del Parlamento, dominada por PNV y PSE, para saltarse los plazos en esta situación de emergencia sanitaria, aunque les recomendó responder lo antes posible.

Lo destacable, en este caso, es que pese a haberse saltado en más de dos semanas el plazo límite de respuesta, la información ofrecida es muy escasa, con evasivas e invitaciones al parlamentario a que la busque por sí mismo en los archivos web a los que se le remite.

La primera solicitud de Carmelo Barrio era de la de los «informes técnicos de carácter medioambiental y jurídico relativos al otorgamiento de las licencias administrativas para el desarrollo de la citada actividad, con indicación de si dichas licencias amparan el almacenamiento de residuos de carácter industrial como placas de fibrocemento que puedan contener amianto u otras sustancias de carácter peligroso».

El Departamento le responde que la concesión de la licencia de actividad correspondió al Ayuntamiento de Zaldibar y le «redirige» a pedir allí la documentación. Se añade enlacen link de la autorización medioambiental del Gobierno concedida en 2007 y se asegura que «se adjuntan modificaciones posteriores de la autorización ambiental integrada». Se añade que «atendiendo a su consulta, se le informa de que en los citados documentos se amparan los residuos que contienen amianto que se corresponden con el código 17 06 05».

El parlamentario del PP solicita también los «informes técnicos de carácter medioambiental y jurídico relativos a las inspecciones efectuadas a la empresa desde el inicio de su actividad, y en concreto los que se hubieran podido derivar de las visitas realizadas en el ejercicio 2019, así como cualesquiera requerimientos para la adopción de medidas correctoras que se hubieran efectuado a la empresa desde el inicio de su actividad».

La respuesta es remitirle a la web en la que el Gobierno tiene archivados todos los Informes de Inspección Ambiental.

La tercera petición era la de los «requerimientos efectuados a la empresa respecto al cumplimiento de las condiciones de la licencia o autorización con respecto al tratamiento de los residuos, condiciones específicas del vertedero y protección del agua, así como si existen o se ha incoado por los servicios del Departamento algún tipo de expediente sancionador frente a la empresa explotadora del vertedero y resoluciones por las que se han concluido los mismos».

Dos expendientes aún no resueltos

Desde el departamento de Iñaki Arriola se le contesta que como desde 2007 las comunicaciones entre la empresa y el Gobierno han sido muchas, «consideramos necesario que se concrete y especifique el año objeto de consulta». Sí se le responde que «se han incoado dos expedientes sancionadores y que ambos aún no han finalizado», por lo que se observa que son recientes.

La cuarta y última solicitud es la del «expediente completo que pudiera obrar en el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente y demás actuaciones e informes posteriores al acaecimiento del mismo efectuados por el Departamento».

La respuesta gubernamentel al Parlamento es que «la consulta formulada no especifica qué tipo de informes son de su interés. Dada la ingente cantidad de documentación que se está generando desde el fatídico 6 de febrero, fecha en la que tuvo lugar el deslizamiento del vertedero, se le emplaza a la concreción de la misma a fin de poder contestarle correctamente».