Quedan muchos nudos por desatar para humanizar la política penitenciaria

Seis voces han expuesto este jueves a la tarde en Bizkaia Aretoa de Bilbo diversas perspectivas de la política penitenciaria en una iniciativa de Sare y Etxerat en colaboración con la UPV-EHU. Ha sido imposible extraer una única conclusión a la vista de las distintas aristas de una realidad que desborda múltiples vulneraciones de derechos fundamentales, asentadas durante décadas, que cuesta superar por el interés ideológico de algunos por mantener un sistema de castigo hacia las personas presas y sus entornos.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo español José Antonio Martín Pallín y el catedrático de Derecho Administrativo Iñaki Lasagabaster han conversado sobre la diferencia entre alejamiento y dispersión, dos medidas que han sufrido las y los presos vascos durante 34 años, como se ha encargado de recordar más tarde la portavoz de la asociación de familiares y allegados Etxerat Patrizia Velez.

Velez ha subrayado la labor de socialización que se ha hecho a la hora de reivindicar el fin del alejamiento, aunque ha pedido no relajarse. Carlos Hernández, de Salhaketa, ha apuntado a lo extendido que está el alejamiento en todo el sistema penitenciario español.

La «lotería» de los traslados

Interpelada por la moderadora, la periodista de la Cadena Ser Eva Domaika, respecto al goteo de traslados que anuncia cada viernes el Ejecutivo español, Velez ha reconocido «cambios» pero se ha quejado de las restricciones impuestas por la covid-19. Respecto a los traslados, en concreto, ha hablado de «lotería», aclarando que el 14% de los presos están en cárceles vascas y que el 48% a 300-400 kilómetros de sus hogares. «Es innegable que hay cambios aunque esto va muy lento», ha lamentado.

El portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, mantiene un «grado de esperanza» sin negar que la excepcionalidad sigue rigiendo en las cárceles, especialmente por lo que respecta a la progresión de grados. Ha denunciado las diferentes decisiones adoptadas por las juntas de tratamientos en la progresión de grados en una misma prisión.

Martín Pallín ha incidido en las dificultades a las que se enfrenta la individualización de la ejecución de las penas y el interés político que impide cumplir con una legislación penitenciaria que la permite al igual que la progresión de grado. Ha considerado que se podría ser más «flexibles» en su aplicación y ha destacado el papel a jugar por las juntas de tratamiento de las prisiones y los jueces de Vigilancia Penitenciaria.

Más tarde, Azkarraga y Velez han recordado que a las y los presos vascos se les impuso un único juez en la Audiencia Nacional. El magistrado emérito ha defendido que la legislación española se puede acomodar a la situación, partiendo siempre del respeto a los derechos.

Martín Pallín ha destacado el papel que el artículo 100.2 otorga a las juntas de tratamiento, formadas por profesionales, de modo que las medidas a adoptar de progresión de grados u otras no dependan «del capricho de un juez». «Dejemos a los expertos que administren la flexibilidad», ha dicho en otro momento de su conversación con Lasagabaster.

Azkarraga ha coincidido en la lectura que el magistrado emérito hace del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y también del castigo que supone el cumplimiento íntegro de las penas en primer grado, citando varios casos.

Juntas de tratamiento

El catedrático de la UPV-EHU ha lamentado que esas juntas, que hacen seguimiento de los internos, en muchas ocasiones son reacias a actuar por influencia política, sobre todo en el caso de las personas presas por motivación política. «Lo ideal es que se siguieran criterios científicos de un psicólogo, de un médico, en vez de un juez que actúa con temor ante las corrientes de opinión», ha añadido, aunque ha confesado que lo tienen difícil aún.

En la mesa redonda, Nahia Aia, de la asociación vasca de profesionales de la medicina y juristas en la defensa del derecho a la salud de las personas privadas de libertad Osabideak, ha criticado el «intrusismo» de jueces y otro personal de la Administración al adoptar decisiones en que debe ser su opinión la que prevalezca.

Azkarraga ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga los mismos criterios que los de Mariano Rajoy a la hora de liberar a los presos gravemente enfermos. «Los presos deben salir a curarse y vivir, y no a morir», han zanjado desde Etxerat. «Prima el castigo», ha remarcado el representante de Salhaketa.

Martín Pallín no ha pasado por alto las condiciones que soporta una persona presa en primer grado, que ha calificado de «trato inhumano y degradante». Aia ha señalado que los profesionales son incapaces de documentar aún el daño causado a estas personas, como ya se hace con el Protocolo de Estambul en el caso de las torturas.

Estrasburgo y transferencia

Respecto al papel a jugar por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Martín Pallín ha señalado que sus decisiones van en sintonía con la salvaguarda de los derechos humanos a escala internacional, con resoluciones cada vez más cercanas a los argumentos de los estados infractores. No ha tenido problema al afirmar que detecta una «bajada de la calidad» en las resoluciones de Estrasburgo, como lo constata también en el Constitucional español, por causas políticas.

En cuanto a la próxima transferencia de la gestión de los medios materiales y humanos de prisiones, Joseba Azkarraga cree que «hay un margen de maniobra por parte del Gobierno Vasco» y ha saludado la elección del juez Jaime Tapia para abordar esta tarea. Ha considerado que es otra oportunidad para acabar con la excepcionalidad.

«Con el actual modelo penitenciario –ha comentado por contra Carlos Hernández– veo muy complicado aplicar justicia restaurativa y resocialización». «Hay que pasar del modelo de macrocárceles a una escala humanizada», ha defendido el integrante de Salhaketa.