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Un manifiesto de un centenar de juristas denuncia las irregularidades del proceso 13/13

Más de un centenar de profesionales del Derecho, entre los que se encuentran cinco catedráticos, han suscrito un manifiesto en el que subrayan las irregularidades del juicio por el sumario 13/13, concluyendo que se trata de «un sumario más propio de épocas pasadas que presentes»

Enjuiciados en el sumario 13/13 ante la sede de la Audiencia Nacional española en San Fernando de Henares. (J. DANAE/FOKU)

Un grupo de juristas ha mostrado su sorpresa ante la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional español por su posición en el juicio por el sumario 13/13, manteniendo penas de prisión de hasta 19 años con la justificación de que «ETA no ha desaparecido». 109 profesionales del Derecho han suscrito un manifiesto con sus reflexiones sobre el proceso. Entre ellos se encuentran cinco catedráticos y abogados de renombre como Gonzalo Boyé.

«Tal consideración es difícilmente sostenible atendiendo a la realidad de los hechos. ETA anunció el cese de su actividad hace ahora diez años, entregó las armas en 2017 y posteriormente se disolvió. No tener en cuenta esta realidad fáctica supone contravenir la norma que exige que estas sean interpretadas, entre otros criterios, atendiendo a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (art 3 CC)», subrayan.

«Entendemos que, diez años después, es el momento de deconstruir la normativa de excepción y la jurisdicción especial, como la de la propia Audiencia Nacional, creada sobre la base de una realidad que ya ha desaparecido. El Derecho penal se ha de interpretar de forma objetiva, general e igual y no atendiendo a los sujetos ni a la calificación política de sus hechos», añaden.

Junto a ello, destacan que el principio «Non bis in idem» no permite juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho y recuerdan que varios de los encausados ya han sido condenados por «pertenencia a banda armada». «Puedes pertenecer o no, pero no dos veces. La construcción de una ‘ruptura’ entre periodos de pertenencia es, a nuestro entender, un artificio contra reo, forzado y sin base jurídica. Existen decenas de sentencias que entiende que se produce ‘cosa juzgada’ a sujetos condenados en Francia por integración en ETA y luego son juzgados en España por hechos anteriores, muy separados en el tiempo. Siendo así, habría de acreditarse la ruptura y no al revés como parece razonar el ministerio fiscal», señalan los letrados que han suscrito el manifiesto.

Derecho a la defensa y CNI

También alertan de que hay varias cuestiones que evidencian dudas razonables con relación a la garantía del derecho a la defensa. En este ámbito, califican de «llamativa» que los agentes del CNI que participaron en la investigación no acudieran a la vista oral a ratificar lo expuesto en sus informes.

«Las investigaciones se declaran secretas y cuando se pide la desclasificación, solo se proporciona un auto del Tribunal Supremo lleno de tachones sin que del mismo se desprendan razones jurídicas, sujetos actuantes ni justificación. La indefensión es absoluta. El sumario evidencia una gran actividad del CNI, incorporando incluso planos detallados del despacho de los abogados y abogadas, realizados previamente a la autorización de entrada. Se trata de una anomalía procesal difícilmente explicable desde parámetros jurídicos», exponen.

Torturas

En el documento también hacen referencia a las denuncias de malos tratos y torturas de los encausados, que quedaron en evidencia en su comparecencia ante el tribunal. «Poco hay que añadir con relación a la grave vulneración de los derechos humanos que suponen declaraciones bajo tortura en sede policial, cuya falta de investigación ha sido puesta de manifiesto en más de diez ocasiones por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», señalan.

Junto a ello, subrayan que en este procedimiento se han incurrido en dilaciones indebidas, ya que se han juzgado hechos registrados más de diez años antes.

«En definitiva, el 13/13 es un sumario más propio de épocas pasadas que presentes. Abogamos por el cumplimiento escrupuloso de las garantías procesales y los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva», resumen.