Aprobada la Ley de Memoria Democrática por encima del desprecio de las derechas

El Congreso de los Diputados aprobó ayer finalmente la Ley de Memoria Democrática, con el voto favorable de los grupos vascos de PNV y EH Bildu y la abstención de ERC. Las derechas españolas, PP, Vox y Cs, no dudaron en despreciar la ley y también a las propias víctimas del franquismo.

Estamos en un tiempo en el que políticos o historiadores obsesionados con el «relato» de banderas victoriosas lo mismo justifican una ejecución judicial, como la de Salvador Puig Antich, o las extrajudiciales, como la de Txabi Etxebarrieta. Por ejemplo, el diputado de Vox Francisco José Contreras inició su discurso justificando la ejecución franquista de Salvador Puig Antich, al que había mencionado ERC, «no por ser anarquista, sino por haber matado a un policía». Esto hizo que la representación de Unidas Podemos, EH Bildu y Esquerra abandonaran el Hemiciclo.

El PP hizo otro gesto, menos explícito pero quizá más elocuente. En el día en el que las protagonistas debían ser las víctimas del franquismo, el presidente de los «populares», Alberto Núñez Feijóo, decidió reunirse en el Congreso con 19 asociaciones de víctimas de ETA, porque la que le faltó para la veintena, Covite, no acudió ya que, según Consuelo Ordóñez, se olían la utilización partidista del acto.

Y puestos a poner en su sitio a algunos de los opositores de esta ley, el diputado del PSOE Patxi López le recomendó a Felipe González, quien dijo que no le «sonaba bien», que se la leyera.

El 83, la Cumbre y Ezkaba Durante el debate, los grupos de la derecha criticaron duramente el pacto alcanzado entre el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para sacar adelante esta ley con la aprobación de varias enmiendas. Hubo quien, con interés descalificatorio, la denominó como «Ley Bildu».

Una de las enmiendas acordadas con la coalición soberanista, y a la que se hizo alusión de forma recurrente en las intervenciones, contempla la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que lucharon «por la consolidación de la democracia» y que señale «posibles vías de reconocimiento y reparación».

Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982. Con la ampliación temporal de los trabajos de la comisión se incluye el año de inicio de la guerra sucia de los GAL y el primer año de gobierno de Felipe González.

El acuerdo también contempla convertir el Fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, cerca de Iruñea, en un espacio para la memoria que recuerde a las 207 personas fusiladas en la fuga masiva de 1938. Se hará a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de Nafarroa, que podrá hacer uso del edificio y su entorno. A día de hoy, 150 de aquellos presos siguen en paradero desconocido.

Además, el Palacio de la Cumbre, en Donostia, donde entre otros fueron torturados en 1983 Joxean Lasa y Joxi Zabala antes de ser ejecutados y enterrados en cal viva por miembros de la Guardia Civil, pasará a ser de propiedad municipal en el plazo máximo de un año, una vez que la ley entre en vigor.

En su intervención, la parlamentaria de EH Bildu Bel Pozueta respondió a tantas alusiones de las derechas que lo que les molesta es que la ley reconozca a las víctimas del franquismo. Reconoció los avances de la norma, pero señaló que «sigue adoleciendo de una visión crítica del periodo de la transición y años posteriores». Dejó claro que «aquella transición ni fue modélica ni trajo la democracia para todos. No acabó con la herencia franquista».