INFO

Ya es firme la condena a un año de arresto domiciliario por corrupción contra Sarkozy

El Tribunal Supremo francés ha confirmado la condena de un año de arresto domiciliario por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy, lo que convierte esa sentencia en definitiva. Llevará brazalete electrónico y recurrirá a Estrasburgo.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy, en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo francés ha confirmado este miércoles la condena por corrupción y tráfico de influencias contra el expresidente Nicolas Sarkozy, lo que convierte esa sentencia en definitiva. De esta manera, el que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, lo que le convierte en el primer jefe de Estado francés en ser condenado en firme a una pena de arresto, aunque sea domiciliario.

Sarkozy, de 69 años, deberá comparecer antes de un mes ante un juez de libertades y detención, que establecerá las modalidades en las que llevará el brazalete electrónico y otras condiciones de su detención domiciliaria. Fue castigado por haber tratado de promocionar al juez Gilbert Azibert a un puesto honorífico en Mónaco, a cambio de obtener de este informaciones que estaban bajo secreto de sumario en otra instrucción.

El abogado de Sarkozy, Patrice Spinosi, ha anunciado que apelarán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, pero eso no suspende la aplicación de la pena. Ha considerado que la condena es «injusta» y «contraria a la jurisprudencia» del TEDH.

El letrado ha explicado que llevará ante ese tribunal los mismos argumentos que han fracasado en todas las instancias francesas y ha recalcado que la jurisprudencia de esa corte está a su favor.

En concreto, Spinosi ha dicho que el TEDH siempre ha considerado sagrado el secreto profesional de los contactos entre un abogado y un cliente y ha defendido que la condena a Sarkozy se sustenta «solo en las conversaciones interceptadas» entre el expresidente y el que entonces era su letrado.

Por su parte, Sarkozy ha señalado en un mensaje en la red X que «como he hecho siempre a lo largo de estos doce años de acoso judicial, asumiré mis responsabilidades y afrontaré sus consecuencias».

Al mismo tiempo, se ha hecho la siguiente pregunta: «¿Tengo que entender que mi papel político pretérito y las oposiciones que ha podido levantar han creado un clima corporativo y político que han llevado a esta condena?».

Ha asegurado que no acepta «esta injusticia», ha considerado «pisoteados» sus derechos y ha confirmado su intención de recurrir al Tribunal de Estrasburgo.

«Quiero reiterar mi total inocencia y mi convencimiento de que actué bien. Mi determinación es total en este caso y en los demás. La verdad acabará triunfando. Cuando lo haga, cada uno tendrá que rendir cuentas ante los franceses», ha añadido.

El expresidente Jacques Chirac también fue condenado por los tribunales, pero a una pena exenta de cumplimiento.

Más juicios pendientes

Nicolas Sarkozy tiene por delante un largo rosario de cuentas pendientes con la justicia. La más inmediata llegará el próximo 6 de enero, cuando arranque el juicio por la presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi, un proceso al que podría acudir ya con el brazalete electrónico.

En ese juicio, previsto hasta el 10 de abril, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus exministros de Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux.

Sarkozy, que ganó aquellas presidenciales frente a la socialista Ségolène Royal, afronta una pena de hasta diez años de cárcel.

También tiene pendiente el caso de la financiación ilegal de la campaña de 2012. En febrero pasado fue condenado en apelación a un año de cárcel, de los cuales solo la mitad con cumplimiento y también con brazalete electrónico, que el presidente no lo lleva aún porque recurrió también ante el Supremo, que no se pronunciará hasta el segundo semestre de 2025.

En esta causa fue condenado por haber superado con creces, de 22,5 millones a casi 44 millones, los límites de gasto en su campaña, a través de un sistema de falsas facturas que le permitieron disimular la inversión en sus costosos mítines.