Toda la operación de Maristas, en el aire en Iruñea
El futuro de las 156 viviendas del antiguo colegio Maristas (108 de ellas de VPO y VPT) está en el aire, debido a los sobrecostes que la gestora pretende imputar a la cooperativa de adjudicatarios de protección oficial y que hacen que sus viviendas obtengan la calificación.
Los Maristas vendieron su antiguo colegio en el segundo ensanche de Iruñea, uno de los barrios más caros de la capital, para marcharse a un nuevo centro en Sarriguren, a las afueras del núcleo urbano. Tras barajarse varios proyectos, salió adelante uno que incluía 156 viviendas: 108 protegidas y 48 libres.
Los dos edificios residenciales iban a alojar, por tanto, pisos modestos de 135.000 euros y menos de 60 metros y, también, grandes áticos de casi 150 metros con terrazas de 40. Algunos de estos áticos siguen ofertándose por más de 850.000 euros en el portal del Grupo Arrasate, que fue quien adquirió el edificio. Pero toda la operación ha quedado esta semana bloqueada.
Según indican desde el despacho de abogados Arankoa, que asiste a adjudicatarios de VPO afectados, el Grupo Arrasate creó dos cooperativas diferenciadas: una para los pisos libres y otra para las viviendas protegidas. Después decidió empezar por la parte más lucrativa del negocio, las viviendas de lujo, y retrasó el comienzo de los pisos más humildes que dejan menos margen.
El problema ha llegado cuando la empresa ha solicitado a los cooperativistas de vivienda protegida que asuman sobrecostes, alegando que ninguna constructora acepta las obras al precio previsto.
Si los cooperativistas admiten el sobrecoste, entre otras cosas, pierden la subvención que recibieron de Vivienda.
En las reuniones se han dado varias cifras para los sobrecostes, primero más altas, luego más bajas, pero que se acercan al 10% del valor de cada piso. La consecuencia más grave de este encarecimiento es que, de asumirlo los cooperativistas, el coste de esas viviendas protegidas supera el máximo del módulo de vivienda protegida.
Esto se traduce en que si los adjudicatarios (que provenían de la lista de demandantes de VPO y que tuvieron que sumarse a la cooperativa obligatoriamente) asumen el sobrecoste, entre otras cosas, pierden la subvención que recibieron por parte de Vivienda.
La ayuda, que se percibe de forma individual, suponía cerca del 16% de la inversión y se entregó en base a una calificación provisional de VPO y VPT en función del proyecto.
Y no solo eso. Según un informe de Arankoa, al superarse el precio máximo, los adjudicatarios, en calidad de cooperativistas y promotores, estarían intentando construir viviendas libres en un espacio destinado a VPO. Con ello se arriesgarían a una sanción administrativa de entre 30.000 y 300.000 euros.
A lo largo de esta semana se han producido reuniones largas y tensas tras las que los cooperativistas se han negado por mayoría a asumir los sobrecostes que la gestora asegura necesarios.
Repercusión en las viviendas libres
La situación crítica por la que atraviesa la cooperativa de adjudicatarios de viviendas protegidas salpica, además, a la cooperativa que se creó para los compradores de las viviendas libres. La licencia de primera ocupación de las viviendas libres está ligada a que las protegidas estén terminadas.
De modo que hay compradores que, según pensaban, entrarían a vivir este mismo mes de junio, dado que su vivienda está prácticamente terminada, pero que no van a recibir las llaves por carecer del permiso.
La consejera navarra de Vivienda, Begoña Alfaro, se ha manifestado con rotundidad: «Ni la ley lo permite ni vamos a admitir sobrecostes en vivienda protegida».
La incertidumbre está generando una fuerte angustia en las familias y la semana pasada hubo al menos tres renuncias entre los adjudicatarios.