Cinco responsables de Valle de Odieta, en el banquillo por presunto delito ambiental

Cinco integrantes del consejo rector de la cooperativa Valle de Odieta, propietaria de la macrogranja de Caparroso, se han sentado este martes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Iruñea por un episodio de contaminación atribuido a su explotación en la primavera de 2021.

La Fiscalía solicita cuatro meses y medio de prisión, mientras que la acusación popular, realizada en nombre de Sustrai y Greenpeace (integrantes de la Plataforma Navarra contra las Macrogranjas), eleva la petición hasta los tres años. Finalmente, el Gobierno navarro no se ha presentado como acusación a pesar de que la entonces consejera de Medio Ambiente, Itziar Gómez, manifestó que sí lo harían. Los acusados son Alberto, Pedro José e Iñaki Guerendiain y María y Pedro María Cilveti.

Agentes de la Policía Foral y del Guarderío de Medio Ambiente han comparecido en la vista para confirmar sus respectivos atestados que constataban que un vertido de digestato afectó gravemente a una zona protegida en las cercanías del río Aragón. De este modo, han relatado que presenciaron cómo el digestato había fluido de las dependencias de Valle de Odieta y había llegado a un balsa naturalizada que servía de hábitat a especies protegidas, a cortados sobre el río y al propio cauce fluvial.

Contaminación por digestato

El digestato es un fluido que se obtiene mediante el proceso de biometanización de los excrementos y purines del ganado y se puede utilizar como fertilizante en los campos. Para ello, es necesario cumplir una serie de condiciones, que, según han señalado los testigos, Valle de Odieta no cumplió.

De este modo, según han explicado, Valle de Odieta tenía una autorización para emplear esta sustancia pero estaba obligada a realizar esta tarea a ras de suelo usando tubos colgantes de cisternas transportadas por tractores. Sin embargo, según constararon los agentes del Guarderío de Medio Ambiente, se empleó el sistema conocido como pívot, un aspersor que distribuye el líquido por el aire a todo el campo y que, incluso, puede alcanzar zonas aledañas. También destacaron que el uso del pívot para el digestato está restringido porque el aire puede esparcir sustancias nocivas más allá del campo que se quiere fertilizar.

Los agentes de la Policía Foral han señalado que las muestras que tomaron de las zonas afectadas por el vertido coincidían con las tomadas en campos de Valle de Odieta y que sobrepasaban los límites de sustancias que deberían haber sido arrojadas a una depuradora. «Para verterlas al medio natural, que es lo que se hizo, el nivel debe ser 0. Si se superan unos niveles, hay que verterlas en una depuradora. En este caso, se superaba el nivel de la depuradora», han explicado.

Un agente de la Policía Foral ha explicado que la zona afectada por el vertido presentaba un aspecto que «no era natural», con los cortados sobre el río «ennegrecidos», costras oscuras y charcos con una sustancia oscura. Un miembro del Guarderío ha relatado que en el río Aragón se notaban dos tonalidades muy definidas, una la del propio río y otra más oscura, proveniente del digestato.

«Olía a purín, a mierda, con perdón»

El vertido afectó también a una balsa naturalizada que servía como hábitat para especies protegidas como el tritón, el visón europeo (que está en peligro de extinción), las nutrias o el galápago. Un agente de la Policía Foral ha descrito esta balsa tras el vertido como «un pozo negro» y ha constatado que quedó en una situación en la que no podía albergar la vida de estas especies protegidas. «Olía a purín, a mierda, con perdón», ha descrito gráficamente.

«El digestato que provocó la contaminación pertenecía a Valle de Odieta y acabó en la balsa», ha subrayado este mismo foral.

Estrategia de la defensa

La estrategia de la defensa ha consistido en destacar que no se ha podido acreditar que ninguna persona física de las que forman la dirección de Valle de Odieta haya participado directamente en estos hechos. Este aspecto es imprescindible para que se dé una condena en el ámbito penal. La responsabilidad de la empresa en la contaminación debería determinarse en otra causa del ámbito administrativo.

Junto a ello, los letrados de la defensa han insistido en intentar desacreditar los atestados elaborados por la Policía Foral y el Guarderío de Medio Ambiente. «¿Tienen fotos de los bichos viviendo en la balsa antes del vertido? ¿Vieron algún cadáver de estos animales? ¿Saben si estos bichos han ido a vivir a otra parte?», han preguntado a los agentes.

También han manifestado que hay parcelas más arriba de la de Valle de Odieta que podrían haber sido el origen del vertido.

Sustrai: «Se juzga un modelo ganadero»

En nombre de las acusaciones populares, Pablo Lorente (Sustrai), ha señalado antes de la vista que «hoy se sienta en el banquillo a Valle de Odieta por un presunto delito ambiental. Tenemos la esperanza de que se dicte una sentencia ejemplar, que no solo sirva para que la empresa pague por su actividad delictiva, sino que siente también un precedente en la lucha contra el destructivo modelo de ganadería industrial y sus macrogranjas».

Lorea Flores, de Greenpeace, ha alertado que la contaminación por nitratos que genera esta actividad se ha extendido por toda Nafarroa, hasta el punto de que el Gobierno ha tenido que aumentar la lista de zonas contaminadas de cuatro a doce desde julio pasado.

«Creemos que las actuaciones realizadas por el Gobierno de Navarra en la vigilancia y control de las macrogranjas no han sido suficientes, porque no han servido para prevenir este tipo de situaciones de riesgo para el medio ambiente», ha añadido Lorente.

«Este caso es el resultado de un modelo ganadero con fuertes impactos medioambientales, sociales y de salud», han destacado, antes de reclamar al Gobierno navarro «una implicación efectiva en la defensa e integridad de los espacios protegidos».

«El papel de la Administración no puede limitarse a constatar la contaminación creciente por nitratos del territorio navarro», han insistido.

El Gobierno otorga la DIA para ampliar la macrogranja

Este llamamiento parece que no cuaja mucho en el Gobierno navarro, ya que el lunes el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente dio el visto bueno a la declaración de impacto ambiental para que la macrogranja de Caparroso alcance las 7.900 vacas de leche.

De este modo, podrá ampliar su cabaña en 700 vacas adultas, pasando de las 7.200 a las 7.900, además de 700 novillas mayores de un año y 1.472 terneras menores de un año.

La resolución de Desarrollo Rural y Medio Ambiente establece como condición que la ampliación del número de cabezas deberá hacerse sin ampliar las instalaciones actuales.

De todos modos, el expediente prevé un aumento del 22% de la producción de residuos y un incremento del tráfico.

Junto a ello, la resolución señala que la actividad de la macrogranja de Caparroso no afectará a la Red Natura 2000 de protección del medio ambiente, lo que no deja de ser una paradoja teniendo en cuenta que hoy se ha celebrado un juicio por un vertido contaminante.

En este sentido, Desarrollo Rural y Medio Ambiente introduce medidas sobre la aplicación de los purines y la protección de los hábitats protegidos.

La macrogranja de Caparroso logró las licencias necesarias gracias a una sentencia del TSJN de 2021 que le permitió un límite de 7.200 cabezas, duplicando su anterior capacidad, eludiendo de este modo lo que establece la Ley de Sanidad Animal, que fija un número máximo de 850. Ahora, se le permite una nueva ampliación.