EH Bildu presenta enmiendas para crear un gran parque público de vivienda de alquiler

EH Bildu critica la proposición de ley de PNV y PSE de medidas urgentes y presenta enmiendas que permitirían, a su entender, crear un gran parque público de vivienda de alquiler. Por su parte, ELA pide dedicar el 2% del PIB a gasto público en vivienda y que toda la CAV sea «zona tensionada».

EH Bildu considera que la proposición de Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo promovida por PNV y PSE se ha redactado «pensando en los intereses privados, en aumentar su rentabilidad, y nos preocupa que el incremento presupuestario del Gobierno acabe en los bolsillos de los especuladores».

Para revertir esta deriva, EH Bildu ha presentado 47 enmiendas a esta proposición de ley que, según ha explicado el parlamentario Xabier Astigarraga, «permitirían crear un gran parque público de vivienda en alquiler porque, por un lado, impedimos reducir los porcentajes mínimos que deben destinarse a vivienda protegida y, por otro, establecemos la obligación de destinar la mitad de ese porcentaje al alquiler social. Crear un gran parque de vivienda protegida en alquiler debe ser la prioridad», ya que «en los últimos cuatro o cinco años se han construido 2.500 viviendas protegidas en alquiler, mientras que en Etxebide hay unas 80.000 personas solicitando una. El desequilibrio es evidente».

Por ello, «los esfuerzos deben dirigirse a crear vivienda más barata, ajustada al poder adquisitivo real de la población, y esta ley no lo hace. Por eso insistimos en que la prioridad debe ser la creación de un gran parque público de vivienda en alquiler, porque la realidad muestra claramente que ocho de cada diez personas que necesitan acceder a una primera vivienda no pueden hacerlo en el mercado libre, ni en propiedad ni en alquiler».

«Agilizar tramites sí, pero no eliminando garantías»

Más allá de la apuesta por la vivienda de alquiler, Xabier Astigarraga está de acuerdo con «agilizar los trámites urbanísticos, pero de manera tasada, no generalizada, como plantean PNV y PSE, ya que eso supondría debilitar todo tipo de garantías, lo cual resulta peligroso, por ejemplo, en el ámbito medioambiental, como ya han alertado los grupos ecologistas. Si existe un problema con la excesiva duración de los trámites, la solución no puede ser eliminar garantías, sino reforzar los órganos medioambientales y dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios para poder reducir los plazos».

En este sentido, el parlamentario ha concretado la propuesta de EH Bildu, afirmando que «proponemos establecer dos excepciones para poder declarar una actuación como prioritaria y reducir plazos en el trámite: la primera, cuando la promoción sea impulsada por una administración pública y, la segunda, cuando, siendo la promoción privada, se adquiera el compromiso de superar el mínimo legal (75%) de vivienda protegida”.

Por último, Astigarraga ha reivindicado el respeto a la autonomía municipal. «La imposición no es la manera adecuada de que los ayuntamientos cedan suelo al Gobierno vasco y, en este sentido, la propuesta de PNV y PSE no es aceptable porque vulnera la autonomía municipal. La colaboración entre los ayuntamientos y el Gobierno es fundamental, y la cesión de suelo puede ser útil, pero siempre de manera acordada y consensuada, no impuesta unilateralmente».

ELA: «Toda la CAV zona tensionada»

También ELA ha criticado la proposición de ley presentada por PNV y PSE porque no sirve para revertir la situación actual al mantener «la lógica del mercado que convierte el problema en un tema especulativo en lugar de un derecho».

Janire Landaluce y Aitor Murgia, integrantes del Gabinete de Estudios del sindicato, han asegurado que es «imprescindible», entre otras medidas, «garantizar el derecho subjetivo a la vivienda y poner fin a la alternativa de las prestaciones, construir viviendas protegidas estrictamente de alquiler, avanzar hacia un modelo público de construcción de vivienda y limitar y controlar las Viviendas de Uso Turístico y los alquileres temporales».

El eje de las demandas, a juicio de ELA, es «incrementar el gasto público de vivienda destinando al menos el 2% del PIB de forma permanente, declarar zona tensionada toda la comunidad autónoma sin excepción, crear un índice de alquiler máximo de vivienda, movilizar las 45.000 viviendas vacías para alquiler y eliminar el criterio para grandes tenedores».