Instan al Gobierno navarro a establecer un órgano de control de la actividad policial

El informe de la asociación Irídia sobre mecanismos independientes de control policial recomienda el establecimiento de órganos independientes tanto en el Estado español como en Nafarroa.

Así lo han expuesto en el Parlamento navarro Irene Urango y Laura Pego, que han presentado la tercera edición de este informe en la Cámara. El documento hace un análisis comparativo de organismos similares vigentes en Bélgica, Gran Bretaña y Canadá, así como en la CAV, donde funciona la Comisión de Control y Transparencia de la Policía. Sobre esta última han señalado su «limitada capacidad de intervenir de oficio», que sea el consejero de Interior quien la active y su falta de independencia por su vinculación a la estructura policial.

Previsto en la Ley de Policías de 2018

Las representantes de Irídia han destacado que en Nafarroa, el artículo 7 de la Ley de Policías de 2018 prevé la puesta en marcha de un comité de buenas prácticas, pero no se ha implementado. «La sola decisión de crear un organismo de este tipo ya es un avance, pero hay que hacerlo efectivo», han destacado, tras poner en valor el reconocimiento de víctimas de tortura y violencia policial que se ha llevado a cabo en Nafarroa en los últimos años.

Junto a ello, han destacado que el «actual sistema de rendición de cuentas falla» y que existen «carencias irreparables y vulneración de derechos humanos». Así, han señalado que ante una denuncia de mala práctica policial, el juez instructor pide información a la misma unidad policial denunciada. El resultado es que en la mayoría de ocasiones no se identifica al autor de los hechos, ni siquiera a su superior jerárquico. «La Policía se investiga a sí misma», han concluido.

«Falta algo», han subrayado para definir el actual sistema de control, basado en la Administración de Justica, los departamentos de asuntos internos de las policías o los defensores del Pueblo. Asimismo, han recordado que tanto la ONU como otros organismos internacionales han recomendado al Estado español la puesta en marcha de este tipo de órganos.

Apoyo de la mayoría del Parlamento navarro

El informe se ha presentado en el Parlamento a instancias de Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin. Estos tres grupos han hecho suya la demanda de crear el órgano independiente de control policial recogido por la ley.

De este modo, Javier Ollo (Geroa Bai) ha destacado que «de aquí tiene que salir un recado al Gobierno navarro» y ha lamentado que la puesta en marcha del órgano «tiene un retraso importante», ya que la ley establece que debía ponerse en marcha en el plazo máximo de un año.

Mikel Zabaleta (EH Bildu) ha subrayado que esta es una demanda que existe desde hace décadas por parte de la sociedad civil y que órganos similares ya se han aplicado en otros estados. Ha destacado que se trata de un elemento «complementario, factible y necesario». Ha lamentado que no se haya cumplido un mandato legal establecido en 2018, lo que debe cumplir el Gobierno navarro mediante un decreto foral. Ha recordado que su grupo lo ha pedido en numerosas ocasiones, incluso en acuerdo presupuestarios que se han incumplido. «Es necesaria voluntad política por parte del Gobierno, ya que el Parlamento ya ha hecho lo que le corresponde», ha añadido.

Daniel López (Contigo-Zurekin) ha subrayado que la implementación de este mecanismo en Nafarroa es un requisito establecido por la ley y ha destacado que el órgano debería garantizar la participación de las víctimas.

Rechazo de UPN y PP

Ángel Ansa (UPN) se ha mostrado en contra de la puesta en marcha del órgano independiente. «No vemos la necesidad de crear un organismo nuevo, con el consiguiente coste público», ha señalado. Ha criticado que se ofrezca «una imagen distorsionada y falsa» de los cuerpos policiales y ha mostrado su «apoyo a todos los cuerpos policiales», para los que ha reclamado más recursos «ante el incremento de la tasa de criminalidad y de la inseguridad».

Ramón Alzórriz (PSN) ha señalado que «un organismo independiente no debería ser un problema» y que «sería un instrumento de respeto al buen trabajo policial, que es el que hace la mayoría».

Maribel García Malo (PP) ha rechazado también «la creación de una estructura paralela, que generaría duplicidades e inseguridad jurídica, además de un debilitamiento de las fuerzas de seguridad».