Detectan carencias de la Comisión de Control Policial de la CAV y proponen ámbitos de mejora

Anaïs Franquesa Griso, directora de Irídia-Centro de Defensa de Derechos Humanos, y Agus Hernán, coordinador de GEBehatokia, han comparecido ante la Comisión de Seguridad del Parlamento de Gasteiz para presentar el informe ‘Mecanismos independientes de control policial: un análisis comparativo y varias propuestas para su implementación efectiva en el Estado español’, en el que se recogen las experiencias de la Oficina Independiente de Inglaterra y Gales, el SACMILL de Reino Unido, la Unidad de Investigaciones Especiales, de Ontario, Canadá y el Comité Permanente de Bélgica.

24 horas después de comparecer en la Cámara navarra, en el Parlamento de Gasteiz se han centrado sobre todo en la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco. Anaïs Franquesa Griso, que ha intervenido por videoconferencia, ha destacado que es una experiencia pionera, puesto que no existe en ningún otro lugar del Estado español, pero también ha apuntado que «su mera existencia, siendo imprescindible, no es garantía de éxito». También ha valorado positivamente que la CAV haya reconocido la existencia de miles de personas torturadas.

Agus Hernán, coordinador de GEBehatokia, se ha centrado después en el análisis y balance del trabajo de la Comisión de Control de la CAV, y los trece casos en los que ha intervenido, de los que solo admitió cinco. Y una de las observaciones iniciales es que la Comisión tiene muy limitada la capacidad de actuar de oficio, que se restringe a los casos en que «se hubiera producido el fallecimiento o lesiones graves de una persona», teniendo también pocas posibilidades de atender quejas de particulares.

«Falta de la independencia necesaria»

La Comisión está muy supeditada –según el informe– a intervenir a petición del Consejero de Seguridad, lo que a pesar de su teórica «autonomía funcional», en la práctica lo hace «totalmente dependiente de la estructura policial y del Gobierno». En su composición hay, además, dos miembros de la Ertzaintza. En opinión de los redactores del informe, «mientras no se adopten mecanismos que aseguren su independencia en la constitución y capacidad de obrar, no se puede invocar su autonomía».

También se critica lo que se dilata el tiempo de respuesta de la Comisión, «en algunos casos, por la propia dinámica de trabajo, en otras porque el caso se encuentra sub judice». Pero estos retrasos también obedecen «a la falta de respuesta del Departamento a los requerimientos de la Comisión, lo que resulta más intolerable». El análisis denuncia además que en casos que impactan en la ciudadanía, el consejero pasa la pelota a la comisión, lo que le libera de presión mediática, «posterga una dación de cuentas inmediata y frustra la obligación de asunción de responsabilidades políticas».

Preocupa que la Comisión solo pueda trabajar con los datos que les da el Departamento de Seguridad y que «no tiene realmente capacidad de independiente (qué si tienen otros de los ejemplos analizados) ni, por lo tanto, de realizar un relato independiente de hechos pormenorizados».

Por otro lado, se observa que «la reiteración de recomendaciones» que hace la Comisión de Control, como más formación, revisión de protocolos, si después no se hace una «evaluación de su implementación, acaba resultando hueca e ineficaz».

Los firmantes del informe recomiendan crear la figura de la víctima de infracción administrativa y dar contenido a dicho estatus, según figura ya en la ley de Potestad Sancionadora de las Administraciones Públicas Vascas. Y, en conexión con ello, «delimitar el principio de veracidad del agente de autoridad».

También se propone reformar la Ley del Ararteko para que pueda hacer efectivas sus iniciativas de monitoreo y dotar de obligatoriedad a que sus solicitudes de información sean atendidas. En resumen, Irídia y GEBehatokia ven necesaria una «revisión en conjunto de los mecanismos de control y transparencia, evitando su solapamiento y duplicidad. Reforzar su independencia y neutralidad, también económica».

Turno de los grupos

En el turno de los grupos parlamentarios se ha podido observar que la mayoría de ellos entienden el hablar de controlar a la policía supone algún tipo de agresión a la misma, por lo que tanto Vox como PP han incidido en la cantidad de intervenciones que realiza la Ertzaintza o incluso las agresiones a sus agentes, muy superior a que solo 13 casos hayan llegado a la Comisión de Transparencia y Control. Por eso han subrayado a los agentes como escrupulosamente respetuosos con los derechos humanos y la democracia.

El PSE ha considerado «inadmisible» que en la introducción del documento relativa a la CAV la acción policial y su percepción por la ciudadanía «han sido atravesadas por un conflicto de naturaleza política» y no hablar de una «organización terrorista que mataba y atentaba para imponer su proyecto político».

Y al PNV no le ha gustado que del conjunto del informe la presentación se haya centrado en el caso de la CAV –como ayer se hizo en Nafarroa– y se hable de que hay una exigencia de cambios del modelo policial y que el control y la transparencia de las actuaciones policiales sea «una tarea pendiente», cuando en ninguna otra comunidad hay ninguna oficina de control.

Los socios de gobierno se han sumado también a la reivindicación del trabajo democrático y respetuoso con los derechos humanos de la Ertzaintza.

EH Bildu ha agradecido el trabajo realizado y ha mostrado «envidia» por algunas de las experiencias extranjeras que se recogen en el informe. Su portavoz también ha detectado cierta «fobia o nerviosismo» cuando se habla de control de la policía.

En su turno de respuesta, Agus Hernán ha asegurado que lo que pretenden es «hacer desde la sociedad civil una aportación constructiva desde una postura crítica» y ha recordado que algunas de las carencias que han destacado han sido expuestas por la propia Comisión de Transparencia y Control de la Policía del País Vasco.