Trump añade tensión a la «guerra del agua» en México
El Gobierno mexicano ha iniciado una reforma legal para impedir el acaparamiento de agua que se ha encontrado con el rechazo de muchos agricultores. La Casa Blanca amenaza con aranceles si México no entrega una parte del agua comprometida por un acuerdo de hace casi un siglo.
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Agricultores mexicanos llevan más de dos semanas cortando las principales arterias del país. Protestan por la aprobación de una nueva ley de aguas, que sustituye a la aprobada en 1992 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, en pleno auge del régimen neoliberal.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum defiende que la normativa va a permitir que el agua no sea considerada ‘una mercancía’ y que unas pocas manos no acumulen grandes cantidades. Sin embargo, los campesinos reclaman poder heredar los títulos de concesión, algo que, según las autoridades, está garantizado.
En medio de este conflicto, ha irrumpido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con un arancel del 5% a la importación de productos mexicanos si el país no le entrega una cuarta parte del agua que adeuda según el tratado de 1944.
Acaparamiento de recursos
Las tensiones comenzaron a principios de mes, con la iniciativa oficialista de aprobar la reforma de la ley del agua. El objetivo es dotar al Gobierno de mayor capacidad de maniobra ante el acaparamiento de recursos hídricos a manos de las grandes empresas.
«Se ha generado un mercado negro, se ha generado especulación que está generando grandes afectaciones al país», señala Efraín Morales, director de Conagua, la agencia federal que regula los recursos hídricos.
La retórica del Ejecutivo de Sheinbaum es clara: las últimas décadas, con los gobiernos del PRI y el PAN, las grandes empresas y terratenientes se hicieron con grandes cantidades de agua en un contexto de incremento de la sequía debido al cambio climático.
Hay casos como la cervecera Modelo o Coca Cola, que han sido señaladas por utilizar grandes cantidades de agua en zonas afectadas por la escasez, como el norte del país.
Además, también hay familias de terratenientes como los LeBaron, un grupo menonita procedente de Estados Unidos, acusado por el Gobierno de acaparar miles de litros de agua y aprovechar que uno de sus integrantes fue miembro de Conagua para entregarse licencias.
Grave sequía
México ha sufrido una de las peores sequías de su historia. Actualmente, el 10% del país sufre problemas de falta de agua y eso que la temporada de lluvias de 2025 ha sido la que ha registrado un mayor número de precipitaciones desde 1941, lo que ha servido para llenar algunos de los pantanos que garantizan el servicio a capitales como Ciudad de México o Guadalajara.
Este es otro efecto del cambio climático. Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones como las de octubre en Veracruz, en las que murieron más de 80 personas, pero hay zonas del país que siguen sufriendo la escasez.
En este contexto, la ley de 1992 juega un papel clave, porque la liberalización permitió el tráfico de licencias. Como ejemplo, Morales explica que cuando se aprobó aquella norma, apenas había 2.000 concesiones, mientras que actualmente hay más de 600.000. Hay grandes familias que han acumulado inmensas cantidades de agua y son las que más lideran las protestas.
La corrupción es uno de los grandes problemas en México. El Ejecutivo también está persiguiendo las tomas ilegales de agua, que operan de forma clandestina y que ya están en manos de grupos del crimen organizado.
Campesinos en pie de guerra
A pesar de estos argumentos, los campesinos llevan semanas en pie de guerra, bloqueando las principales vías del país e incluso los puertos de acceso a Estados Unidos.
«La ley es regresiva. En vez de incrementar derechos de parte de los usuarios del agua, retrocede y sanciona sobre el pretexto de que hay demasiada corrupción en el manejo de agua», dice Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa.
El Gobierno acusa a las organizaciones agrarias de estar siguiendo alineamientos de la oposición. Y, en realidad, las protestas se están desarrollando en estados como Chihuahua, Aguascalientes o Guanajuato, zonas de latifundios agrarios y también de las pocas que no controla Morena, el partido oficialista.
Para añadir tensión al debate, Donald Trump ha amenazado con aranceles en el caso de que México no entregue el agua que regula el tratado de 1944. El problema es que el país azteca ha sufrido una sequía histórica y, según ha indicado Claudia Sheinbaum, no dispone del volumen suficiente para someterse al dictado de la Casa Blanca.
En realidad, el tratado es un pacto desigual que beneficia a Estados Unidos y Washington no quiere renegociar lo que logró hace décadas. La falta de recursos hídricos y el intento de mantener los privilegios son algunos de los elementos de la nueva ‘batalla por el agua’ que solo acaba de empezar.